Los escenarios tras el procesamiento de Echávarri: un año en el disparadero o la llave de Ciudadanos

ALICANTE. La Audiencia Provincial dio prácticamente por cerrada este viernes la última posibilidad de que el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, evitase ser juzgado por el supuesto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio. El auto de la sección segunda por el que se desestima su recurso y el de sus dos cargos de confianza también procesados (el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea) le expone a tener que sentarse en el banquillo de los acusados en un horizonte impreciso que puede oscilar entre sólo unos meses o incluso más de un año, en función de la carga de trabajo que soporte el juzgado de lo Penal sobre el que recaiga la celebración de juicio por turno de reparto, ya que, según las fuentes jurídicas consultadas, los hechos que se investigan no reúnen los requisitos para que el asunto sea enjuiciado por la Audiencia.  

Así, todo parece indicar que los tiempos comenzarán a correr a partir de mediados de la próxima semana, cuando se espera que las actuaciones (el expediente judicial) vuelvan a quedar en manos del Juzgado de Instrucción número 9 en el que se siguieron las diligencias. En ese momento, su titular dará plazo a las acusaciones para que formulen escrito de calificación y petición formal de apertura de juicio. Las acusaciones en este caso son las ejercidas por el Partido Popular y la Fiscalía. Ciudadanos (Cs), que en un principio, también elevó una denuncia propia al juzgado, renunció finalmente a ejercitar acciones cuando se abrió la causa. 

En principio, PP y Fiscalía dispondrán de un plazo de 20 días para formular sus escritos, aunque ya se consumieron entre tres y cuatro días antes de que se presentasen los recursos de los tres procesados. La instructora también deberá dar plazo a las defensas para que presenten sus escritos de oposición. Consecuencia: con todos esos trámites, el auto de apertura de juicio podría dictarse a mediados de mayo o a mediados de junio. El señalamiento de la vista, como se ha dicho, dependerá del juzgado al que se turne. La cuestión es que la fecha de juicio podría llegar en la antesala de las próximas elecciones municipales (fijadas para el 9 de junio) o una vez ya celebradas. Y los dos escenarios son políticamente perjudiciales tanto para los intereses de Echávarri como para los del PSPV. Sobre todo, porque todavía pueden empeorar con la emisión de un segundo auto de procesamiento por el llamado caso despido o, quién sabe si no una nueva imputación del alcalde o de alguno de sus colaboradores por la manipulación del dispositivo de grabación hallado en las dependencias de la Concejalía de Urbanismo. 

Vistos los posibles plazos, ¿qué decisión puede adoptar el propio alcalde o su partido? La opción a la que Echávarri sigue aferrándose es la de continuar en el cargo y resistir. Ha sido su determinación desde el principio al sostener que los hechos por los que ha acabado siendo procesado son fruto de una infracción administrativa, pero no un delito. Y que, además, de no haber tenido participación en los hechos -él era el concejal de Comercio aunque los contratos bajo sospecha los tramitaron sus asesores-, en realidad todo deriva de una denuncia política del principal partido de la oposición, el PP, con la intención de desgastarle y "conseguir en los juzgados lo que no consiguió en las urnas", según recalcó la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, en sus declaraciones sobre el auto de la Audiencia Provincial.

Nada parece apuntar que Echávarri vaya a cambiar de parecer con el auto de la Audiencia. Al menos por voluntad propia. En las últimas horas tampoco se han producido movimientos internos en su grupo de concejales (cinco concejales más él) para afrontar un escenario diferente. Los regidores de su círculo de confianza consultados por Alicante Plaza no contemplan un plan b. Como mínimo, no a corto plazo.

Hasta el momento, la dirección autonómica del PSPV ha venido dando oxígeno al primer edil. Se ha compartido su tesis: no hay delito, no hay corrupción, nadie ha metido la mano en la caja. Ahora bien, también es cierto que se había marcado el auto de procesamiento firme como línea roja marcada en los estatutos del PSOE que no se podría sobrepasar. Y el auto de la Audiencia Provincial de este viernes, aunque no es de apertura de juicio oral, conduce irremediablemente a él. Si se tiene en cuenta la literalidad de los estatutos, Echávarri debería dimitir. Otra cosa es que se pretenda interpretar el contexto en el que se formularon esos estatutos, como hizo Montesinos en sus declaraciones de este viernes, al referirse a un determinado momento de acumulación de casos de corrupción.

Poco se conoce todavía sobre la postura que pretende adoptar la cúpula del PSPV. Su secretario general, Ximo Puig, sólo dijo este viernes que se actuaría "en consecuencia conforme avance el proceso". ¿Significa eso que se va a exigir a Echávarri que deje el cargo y el acta? Por el momento no hay respuesta. Lo cierto es que, en las dos últimas semanas, Puig ha girado al menos dos visitas a Alicante con agenda oficial (el anuncio de la entrada de la Generalitat en el Teatro Principal y unas jornadas de movilidad de Vectalia) y ha mantenido contactos con Echávarri en público y en privado (este mismo sábado regresa al vecino municipio de El Campello). En esas visitas, ha eludido referirse al futuro del alcalde incluso después de que éste se postulase para repetir candidatura en 2019. 

¿Podría interpretarse que eso supone que le hará caer? Nadie puede asegurarlo. Por lo pronto, el círculo de confianza de Echávarri no lo cree probable, pero resulta evidente que sostenerlo puede generar un duro desgaste en términos de imagen que puede durar hasta elecciones. Quizá demasiado tiempo en el disparadero, siendo el blanco de las críticas de todos los partidos de la oposición en un momento en el que el listón de la exigencia ética está muy alto. Y en parte gracias al discurso mantenido por el PSPV cuando ejercía funciones de oposición tanto en las Cortes como en el Ayuntamiento de Alicante. 

En principio, la única directriz que el entorno de Puig sí tiene clara es que no se va a permitir que la Alcaldía de Alicante caiga en manos del PP. Y eso es lo que pasaría si Echávarri dimite y no se cuenta con los 15 votos (mayoría absoluta) que resultan necesarios para elegir a un nuevo alcalde socialista. Es decir, la línea argumental que viene defendiendo el propio primer edil.

¿Se tienen los 15 votos?

Los contactos que sí se registraron en noviembre, antes y después de la ruptura del tripartito que conformaban los 14 concejales de PSOE, Guanyar y Compromís, no se han reanudado desde entonces. Eso sí, la opción natural de la reconfiguración de esa alianza progresista -al margen de las dificultades que supone sumar un voto extra entre alguno de los dos ediles no adscritos, Nerea Belmonte (exedil de Guanyar) y Fernando Sepulcre (exconcejal de Cs)- parece ahora menos viable que nunca. Compromís, socio del PSPV en el Consell del Botànic, sí podría dar su voto al posible sustituto de Echávarri. De hecho, la coalición viene reclamando su relevo desde hace meses ante el hartazgo que las controvertidas decisiones del primer edil han generado entre sus cuadros.

Ahora bien, la intervención de Guanyar no está tan clara. Entre las filas de la plataforma electoral que encabeza Esquerra Unida (EU), se apunta que la decisión debería tomarse en asamblea. Pero no es ningún secreto que las relaciones de confianza con el PSOE no pasan por su mejor momento. Menos, si cabe, tras el episodio del hallazgo de un supuesto dispositivo de grabación -el llamado caso micro- en el despacho de la edil de Urbanismo, Eva Montesinos, que hasta noviembre ocupó el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón.

En Guanyar prácticamente sólo se coincide con el PSOE en que no se puede permitir que la Alcaldía vuelva a manos del PP. Ahora bien, eso no implica que se vaya a votar a cualquier posible sustituto de Echávarri. ¿Quién sería para Guanyar el posible alcaldable menos malo? En principio, ni Eva Montesinos (número 2 de la lista del PSOE), ni Carlos Giménez (número 3). De un modo u otro, la primera se ha visto implicada en el episodio del aparato que Guanyar ha interpretado como un intento de sembrar dudas sobre Pavón. Y al segundo, además de estar imputado en el llamado caso despido junto a Echávarri (por el cese supuestamente irregular de una trabajadora interina cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala), tampoco se le considera precisamente un aliado después de no haber atendido las peticiones de refuerzo de personal en las áreas que gestionaba Guanyar en sus responsabilidades como concejal de Recursos Humanos. Así, en todo caso, habría que llegar hasta la edil de Hacienda, Sofía Morales (número 4) para encontrar alguien que pudiera ser asumible por la plataforma electoral.

GUANYAR ESTÁ MÁS DISTANCIADA QUE NUNCA DEL PSOE Y NO APOYARÍA A CUALQUIER ALCALDABLE; LOS SOCIALISTAS SENCILLAMENTE DESCARTAN REEDITAR ESA ALIANZA

La cuestión es que en el PSOE -al menos, en Alicante y en su grupo municipal- se niega la mayor y no se contempla una vuelta atrás en la que pueda entrar en juego una hipotética recomposición de relaciones con Guanyar. Además, ninguno de los seis ediles socialistas ha dado un paso adelante para postularse como posible relevo de Echávarri. De momento, nadie está en eso. Y menos, la mejor posicionada para ello, la vicealcaldesa y número 2, Eva Montesinos, que viene negando por activa y por pasiva cada vez que se le pregunta en público que tenga interés en convertirse en alcaldesa.

¿Qué opciones quedan entonces? Sólo la de Ciudadanos (Cs) y sus cinco concejales: la misma cifra que Guanyar. Como viene informando Alicante Plaza desde noviembre, el partido de Albert Rivera es el que tiene la sartén por el mango. Podría negociar un acuerdo para investir a un nuevo alcalde, fijando las condiciones que estimase oportuno,  y quedarse en la oposición. O podría incluso sellar un pacto para gobernar junto al PSOE, lo que supondría tomar prestados los votos de Guanyar y Compromís para la elección de alcalde sin que estas dos fuerzas recuperasen competencias.

¿Tiene interés Cs en dar algún paso en esas dos posibles direcciones? Hasta ahora la posición que viene sosteniendo es que el problema lo han generado otros. Y son sus responsables los que deben darle solución sin intentar que Cs les enmiende la plana. Así que no sería descabellado que sus cinco concejales no moviesen un dedo y se quedasen donde están. Máxime en un momento en el que todas las encuestas les son favorables y marcan un camino ascendente. Puede que si diesen un balón de oxígeno al PSOE les perjudicase. Eso sí, tampoco les vendría bien que el PP tomase la Alcaldía a menos de un año de elecciones: con una gestión mínima, podrían darle la vuelta a las encuestas.