Oltra cuadriplicará las plantillas de Bienestar Social: quiere un cuidador cada 3.200 habitantes

ALICANTE. Si un médico debe atender unos 1.100 habitantes de media; si un profesor tiene entre 25 y 30 alumnos en clase, un cuidador social debe controlar a una población de 3.200 habitantes. Este es el objetivo que se ha puesto la Conselleria de Bienestar Social de Mónica Oltra a la hora de fijar las bases del nuevo sistema de asistencia social que quiere implantar. La principal medida será incrementar la inversión -hasta alcanzar los 36 millones de euros en el caso de la Comunitat Valencianja, 14 millones en la provincia de Alicante- para que los ayuntamientos, que serán los que presten la atención primaria social, puedan incrementar las plantillas y mejorar el servicio. El objetivo es cuadriplicar las plantillas con las que se encontró el Gobierno del Botànic: los consistorios contratarán; la Conselleria de Bienestar Social transferirá el dinero.

Mónica Oltra ha comparecido este miércoles en Alicante para explicar los pilares del futuro sistema de servicios sociales de la Generalitat. Pero primero ha expuesto cuál es el sistema que heredó al llegar a su actual departamento: "Unos servicios sociales burocratizados; con falta de coordinación y liderazgo y con equipos profesionales totalmente destrozados, con pocas competencias y muchos servicios privatizados", ha expuesto. Según sus datos, en 2015 había 352 profesionales en toda la Comunitat Valenciana -152 en la provincia de Alicante- entre ellos, algún ingeniero agrónomo haciendo valoraciones de Dependencia o una sola persona para atender 13 municipios". También servicios duplicados que prestaban varias ONG o 118 aplicaciones informáticas para implementar datos y obtener las ayudas", ha añadido.

Ahora, el reto, ha expuesto, es unificar en una única aplicación y lo deseable sería que los servicios sociales funcionaran como la Sanidad; es decir, que el usuario tuviera un SIP con todos los datos y su historial y pudiera ser atendido en cualquier parte de la Comunitat, ha explicado Oltra.

Serán los ayuntamientos quién dispondrán del personal, con equipos multidisciplinares, y serán los que crearán las redes de atención. A su juicio, lo deseable sería que cada ayuntamiento contara con un trabajador social, un educador, un psicólogo, un asesor jurídico y un administrativo. Para ello, Bienestar Social quiere cuadriplicar las plantillas. Y lo hará incrementando los presupuestos para dotar de una mayor financiación a los municipios. En el caso de la provincia de Alicante, que es el que ha expuesto la vicepresidenta, la idea es que todas las comarcas de la provincia puedan incrementar las contrataciones, hasta alcanzar más de 100 nuevos trabajadores en l'Alacantí o el Baix Segura. En estos momentos, seis comarcas alicantinas están por debajo de la media de profesionales por habitante.

La titular del área de Bienestar Social ha insistido en que el nuevo modelo de servicios sociales de la Generalitat "quita burocracia" porque lo que se busca es "un servicio de proximidad, donde el trabajador social, el psicólogo y el educador que están en el pueblo y que mejor conocen a las personas hagan las valoraciones y el seguimiento en cada caso", para después pasar ya a servicios centrales donde se encargarán de las tramitaciones oportunas.

Así, ha puesto el ejemplo de como el sistema heredado ha obstaculizado la entrada de nuevos usuarios al sistema de la Dependencia. "Nos topamos como 46.000 personas en lista de espera y 17 valoradores; la lista de espera la hemos bajado hasta los 30.000 y para ello, la Conselleria trabaja en un nuevo decreto que fijará las condiciones y el sistema de valoración de los futuros dependientes", ha afirmado.

Con todas estas mejoras, ha indicado Oltra, se trabaja con el objetivo de rebajar la ratio de profesional por usuario atendido. Así, ha explicado que hasta el momento, con las inversiones realizadas desde su departamento en los municipios de la Comunitat, las ratios de profesionales por habitante pasan de un profesional cada 12.742 habitantes en 2015, a uno por cada 8.770  en 2016, con la previsión de que finales de 2017 la cifra baje hasta uno cada 3.211 habitantes.

Por último, Oltra ha denunciado "la escasa financiación" del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales al Plan Concertado para las Prestaciones Básicas, que sólo alcanza el 17,4% cuando debería ser cofinanciado a partes iguales por el Ministerio, la administración autonómica y los ayuntamientos, y ha urgido al Gobierno de España "a corregir esta situación que obliga al Gobierno valenciano y a las entidades locales a asumir el resto".

Acto con Cocemfe

Con anterioridad al acto de presentación del nuevo modelo social, Oltra ha presidido el acto de conmemoración de los 20 años de historia de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), quien ha reclamado que se cumpla la legislación en materia de dependencia y de inclusión laboral.

El presidente de Cocemfe Alicante, Antonio Ruescas, ha recordado que el objetivo de la fundación es "luchar por hacer una sociedad más justa, donde todo el mundo quepa", y ha demandado que "se cumpla todo lo legislado". "Tenemos normativa suficiente para tener ciudades más habitables", ha asegurado Ruescas.

Así, también ha reivindicado que se aplique la ley que establece que aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores deban incluir en su plantilla a empleados con algún tipo de discapacidad, algo que, aún hoy en día, no se cumple.

A pesar de estas reivindicaciones encaminadas a la accesibilidad y la inserción laboral, Ruescas ha agradecido el cambio hacia políticas "más participativas" que, espera, acaben teniendo en cuenta las opiniones del colectivo, como es el caso del recientemente aprobado plan de inclusión de la ciudad de Alicante.

Igualmente, ha reclamado a las administraciones públicas más celeridad en la resolución de expedientes de financiación, pues el retraso en recibir las subvenciones provoca la incapacidad de poder plantear y llevar a cabo muchos proyectos.

Por su parte, Oltra ha destacado que, "frente a un mundo con fuertes intereses, en el que prima el individualismo y tiende a la disgregación", es necesario el trabajo de organizaciones como Cocemfe, que ejercen una labor de asociacionismo y son "ejemplo de solidaridad".

Mientras, el presidente de la Diputación ha recordado que la institución provincial y el Consell trabajan para poner en marcha una mesa técnica que coordine la intervención en materia social y ha resaltado la importancia de avanzar en una ordenanza provincial de accesibilidad.

Sánchez ha anunciado, asimismo, el desarrollo de planes de accesibilidad universal en la provincia con una inversión de 250.000 euros. "A veces los políticos nos olvidamos que nosotros no somos el motor del cambio, si no que lo es la sociedad misma", ha valorado.

A su vez, el presidente de Cocemfe Comunitat Valenciana, Javier Segura, ha pedido consenso entre administraciones en materia social, así como la aprobación de una ley de responsabilidad social y políticas activas de inclusión y educación social.