¿Qué pasará con el Síndic de Greuges?

Desde el pasado 17 de julio, el cargo de Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana está vacante: José Cholbi, ha agotado su mandato y ha dejado el puesto con 81 años. De esta manera, se pone fin a la trayectoria de un político, desde que tomó posesión sin carné, clave para el centro-derecha de la Comunitat Valenciana, pero que a lo largo de su mandato ha intentado (y ha logrado) exhibir bastante independencia. 

En tiempos pasados, con el bipartidismo, la renovación de esta institución sería más fácil: con un acuerdo entre PP y PSPV, que, hasta antes de 2015, siempre han sumado tres quintas partes de las Cortes Valencianas, pues la ley establece que el Síndic debe ser elegido con el aval de 66 diputados.

A partir de 2015 siempre ha sido más difícil por la fragmentación de las Cortes Valencianas. No hizo falta el pasado mandato, el del primer Botànic, pero sí que es necesario reactivarlo ahora. ¿Qué sucede? Pues que ni los partidos del II Botànic -PSPV, Compromís y Podem- suman los 66 escaños necesarios, ni siquiera PSPV, PP y Ciudadanos. Es necesario, cuando menos, la participación de cuatro grupos parlamentarios, y las combinaciones, mientras no haya generosidad por las partes e idoneidad en el planteamiento de la persona que debe ocupar el cargo, se avecina un amplio período de interinidad.

Así, que mientras no haya una propuesta, el actual adjunto, Ángel Luna -propuesto por el PSPV-, continuará hasta octubre de este año, y si sigue sin haber acuerdo, Luna seguiría otro año, y le relevaría el segundo adjunto, Carlos Morenilla -propuesto por el PP- otro año más, siempre que no se produzca el quorum necesario.

Además, existe un anteproyecto de ley para modernizar la institución que todavía no ha sido validado; que rebaja a 60 el número de diputados necesarios para renovar el cargo y que, en teoría, moderniza la institución con nuevas atribuciones en defensa de la infancia y la adolescencia.

Estos cambios, insisto, pendientes de que las Cortes Valencianas, los validen, abren la posibilidad de que la estructura del Síndic crezca en un adjunto más. Es decir, que pase de dos a tres. Y con este dilema debería comenzar la negociación para renovar al Defensor del Pueblo valenciano: más fragmentación política y un instrumento legislativo que puede abrir las posibilidades de acuerdo al permitir un nuevo puesto en su organigrama.

La iniciativa la debe tomar el grupo mayoritario en las Cortes Valencianas, los socialistas. Deben valorar si hay consenso suficiente para mantener a Luna y proponer otros dos adjuntos (o tres) sobre los cuales se arme una mayoría cualificada que sumen 66 (ó 60) escaños. De lo contrario, el PSPV debe buscar otro perfil, quizás más independiente, que genere mayor respaldo.

El PP, como segunda fuerza, también deberá mover ficha. Carlos Morenilla -marido de la ex consellera de Turismo Angélica Such-, que lleva 18 años en la institución, no va a seguir otro mandato más. "Los resultados no ha sido los deseados y hay que colocar a más gente", parece ser que fue la respuesta que recibió. Y en este escenario es donde aparece el nombre del ex concejal y ex vicepresidente de la Diputación de Alicante, Carlos Castillo, como posible candidato por parte de una hipotética propuesta del PP. 

El nombre de Manuel Alcaraz también salió en su momento, allá por 2014, como propuesta de Compromís, pero cuando los nacionalistas todavía no habían entrado en el Gobierno autonómico. No creo que su figura genere ahora un consenso en el centro derecha.

Ahora, la cuestión es saber si se opta por el perfil de un alicantino, como se ha hecho históricamente en la primera institución de la Generalitat que tuvo la sede en Alicante.

Y la gran incógnita es saber qué harán Podemos, Compromís y Ciudadanos. No creo que se tenga en cuenta a Vox en esta historia. Lo normal es que el Botànic II arme una propuesta que busque el acuerdo con el PP, o que el PSPV busque a los populares primero y de ahí que plasme la posible candidatura.

Y después estarán los asesores. En la actualidad, en la institución, PP y PSPV cuentan con entre 4 y 5 puestos de asesor que remuneraciones que superan los 40.000 euros brutos anuales, además de otros tantos puestos de administrativo. Posiblemente, como ha pasado en la Diputación de Alicante, Ciudadanos cambie su punto de vista sobre la designación de los eventuales y facilite el acuerdo, pero el acuerdo se antoja complicado, mientras la tensión esté instalada en Madrid con la conformación del Gobierno, y sus alianzas, y los acontecimientos que se produzcan tras la sentencia del procés catalán. 

La Comunitat Valenciana no tendrá Síndic de Greugues hasta que no estemos en un momento de normalidad democrática. Ojalá me equivoque, pero tenemos a Luna y a Morenilla para rato. Los vetos, mientras no cambie el escenario y el fantasma de la repetición de las elecciones esté sobre la atmósfera, seguirán vigentes.