Salvador pide al Gobierno que respete la ley antidesahucios valenciana

ALICANTE. La consellera de Territorio y Vivienda, María José Salvador, ha pedido este lunes al Gobierno de Mariano Rajoy que respete la ley antidesahucios de la Generalitat, tras publicar Valencia Plaza que el Ejecutivo central estudia si plantea un recurso de inconstitucionalidad por invadir sus competencias. Salvador se ha pronunciado de esta manera en la sede de los servicios territoriales de la Conselleria de Territorio en Alicante, donde ha visitado la nueva oficina informativa de la plataforma InfoHabitatge.

Preguntada por las intenciones del Ejecutivo central, que podría plantear la constitución de una comisión bilateral para rebajar el texto en los artículos que considera que invaden sus competencias, o en caso contrario plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional (como sucedió en el caso de una ley similar en Andalucía), la consellera ha señalado que hasta el momento nadie del Ministerio de Fomento, que sería el departamento competente, se ha puesto en contacto con el Consell para estudiar dicha comisión. 

"No hemos recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno de España", ha explicado Salvador, "nosotros lo que hemos pedido desde el minuto cero es respeto a un texto aprobado por el Parlamento valenciano, que tiene como único objetivo garantizar una vivienda a las personas que no la tienen o están en riesgo de perderla". En este sentido, Salvador ha pedido una vez más al Ejecutivo que no presente el recurso al Constitucional, y permita que la Ley de Función Social de la Vivienda entre en vigor. "Este Gobierno que dice que quiere dialogar, tiene ahora una ocasión perfecta", ha considerado. "Y aprovecho para pedirle que apruebe una auténtica Ley de Segunda Oportunidad, ya que tienen las competencias clave en la materia para regular las daciones en pago, los procedimientos de ejecución hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Como ha venido contando este diario, el texto se aprobó en Les Corts con el respaldo de todos los grupos salvo el PP, a pesar de que el Consell Jurídic Consultiu expresó en su informe las dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos. Concretamente, que no se puede obligar a los propietarios a tener ocupadas sus viviendas, ni obligar a la banca a alquilar los inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias. Ahora el Ejecutivo central valora si rebaja el texto en una comisión bilateral o lleva la Ley de Función Social de la Vivienda valenciana al Alto Tribunal.

Mientras, ya se han puesto en marcha las primeras medidas contempladas en el texto, como la plataforma informativa que hoy ha presentado en Alicante la consellera. InfoHabitatge aunará un registro de demandantes de vivienda pública, otro de la oferta (una vez que se cree la bolsa con las viviendas vacías de la banca, lo que llevará unos meses, según ha explicado la Salvador), e información sobre la ley, para que los afectados por un proceso de ejecución hipotecaria "o que vean que pueden estarlo porque tienen problemas económicos" puedan orientarse. La consellera ha advertido de que la aplicación de las medidas contempladas en el texto será "gradual", pero de momento la Generalitat ya está en condiciones de ejercer la "intermediación" para tratar de evitar los desahucios.