El juez cree que Fabra pagó una nómina falsa de 134.000 euros a su mujer en una firma sin actividad
El juez cree que Fabra pagó una nómina falsa de 134.000 euros a su mujer en una firma sin actividad
CASTELLÓ. Seis de los 23 investigados citados a declarar en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón, relativa a la presunta ocultación de patrimonio del expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, han prestado este lunes declaración ante el juez por presuntas transferencias de fondos a cuentas bancarias del expolítico, sus familiares o sus sociedades.
Entre los citados a declarar este lunes, según el calendario hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se encuentran cuatro empresarios, así como un trabajador de una de estas empresas.
Carlos Fabra, su mujer, uno de sus hijos y un exasesor ya prestaron declaración por esta causa, en la que también figura como investigado el presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, por un préstamo con garantía hipotecaria por valor de 1,4 millones de euros que aquel habría concedido al exlíder del PP.
El juez cree que Fabra pagó una nómina falsa de 134.000 euros a su mujer en una firma sin actividad
El juzgado trata de averiguar, según ha informado Efe, si el exmandatario popular ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de una sentencia por la que fue condenado a cuatro años de prisión. El domicilio de Fabra en Platgetes fue registrado el pasado 22 de septiembre por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta investigación.
El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación. En ella se investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
El exmandatario popular permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad. La condena fue hecha pública por el tribunal en noviembre de 2013 y Fabra pidió un indulto al Gobierno que finalmente fue denegado en noviembre de 2014 por lo que se hizo efectivo su ingreso en prisión.