Tres financieros analizan las (pocas) opciones de los ayuntamientos ante el cobro de depósitos

ALICANTE. La decisión de la banca de empezar a cobrar a las corporaciones públicas por sus depósitos deja a los ayuntamientos poco margen de maniobra, dado que al contrario que los inversores privados tienen muy limitado su campo de juego. Valencia Plaza y Alicante Plaza abordan con tres expertos financieros cómo afectará esta decisión a los ayuntamientos y qué pueden hacer para intentar minimizarla.

El director de la oficina de Alicante de la sociedad de valores Diaphanum, Héctor García, llama la atención sobre que "los ayuntamientos no pueden acudir a productos de riesgo", como recomendaría un inversor privado, y que incluso "los bonos están ofreciendo rentabilidades negativas". Para este financiero, la única opción que les queda a los ayuntamientos es negociar unas condiciones particulares con su banco en una suerte de "venta cruzada", para gantizar a la entidad un volumen de negocio a través de, "por ejemplo, las nóminas de su personal", que permita compensar el citado cobro.

René Bauch, cofundador de la EAFI alicantina gCapital Wealth Management, subraya que "precisamente los tipos negativos se están manteniendo para penalizar el ahorro e incentivar el consumo, de forma que se impulse la economía real". Para este financiero afincado en Alicante los ayuntamientos no tienen prácticamente ninguna posibilidad de dejar de pagar la comisión por depósitos si los bancos la implantan a partir de 2020, como tienen previsto. "Por su propia naturaleza, no pueden 'huir' de los depósitos, el Estado español tiene prohibido comprar bonos". Así, "tienen que asumir que los tipos son negativos y pagar".

En cuanto a Sergio Serrano, director general de Gesem Asesoramiento Financiero AV, indica que "el pago por los saldos en cuenta o los depósitos contratados es la consecuencia de la política monetaria ultralaxa que viene practicando el BCE". La contrapartida a disfrutar de una financiación a tipos cercanos a cero, "de la que en gran medida se han beneficiado los organismos públicos, es esta penalización del ahorro". El financiero explica que "no puede ir una sin otra y era sólo cuestión de tiempo que las entidades financieras, tan penalizadas por esta política monetaria, terminaran trasladando este coste a los clientes". Las alternativas, a su juicio, son escasas: "las inversiones en activos sin riesgo también implican rentabilidades negativas, y una institución cómo un Ayuntamiento creemos que ni va a correr riesgos, ni debe hacerlo".