MADRID (EP). UGT considera que la actual regulación sobre contratación temporal es "un terreno abonado para el abuso" y con la que sale "barato defraudar", por lo que exige sanciones más altas para evitar el fraude de ley. Así lo ha señalado en un comunicado, donde también pide una regulación para esta modalidad contractual "más clara y estricta" que se aplique una indemnización al trabajador por el perjuicio sufrido.
Bajo su punto de vista, "la normativa debería ir más allá, tasando con absoluta claridad las causas de forma que no haya lugar a confusión ni ambigüedad". De hecho, ha explicado que los casos más extendidos de mala utilización y fraude en la contratación temporal se dan cuando se utilizan contratos eventuales para trabajos de carácter estacional.
También cuando se utilizan contratos de obra o cuando a los trabajadores de contratas y subcontratas se les realizan sucesivos y continuados contratos por obra vinculados a cada contrato mercantil entre dos empresas. La organización sindical ha señalado que también son susceptibles de fraude los primeros contratos laborales o cuando no se precisan y especifican las causas en los contratos temporales de trabajos concretos.
En esta línea, el sindicato que lidera Pepe Álvarez ha dejado claro que las consecuencias cuando la actuación judicial declara un contrato en fraude de ley son "escasas", ya que la empresa bien puede o volver a reincorporar al trabajador o despedirlo de forma improcedente e indemnizarle, "algo que al empresario le resulta barato dada la escasa antigüedad de los trabajadores temporales".
Además, UGT ha alertado de que el fraude empresarial carece de consecuencias económicas, ya que "no hay ninguna sanción" para el empresario. Para UGT, es "imprescindible" acabar con los alicientes al fraude en la utilización de los contratos temporales estableciendo que el coste económico de extinguir un contrato temporal en fraude "sea más caro que el coste de extinción del contrato indefinido".
"Para eliminar el fraude en la contratación temporal se necesita la protección judicial de los trabajadores que denuncien y unas consecuencias económicas más disuasorias para el empresario que hace el fraude", ha dejado claro. No obstante, el sindicato ha hecho hincapié en que mientras la ley no sea estricta y tenga previsiones y consecuencias que sean garantía para su cumplimiento, "el fraude continuará siendo masivo". El sindicato también ha denunciado que se destinan insuficientes medios y recursos para perseguir el fraude por la vía de la Inspección de Trabajo. Además, cree que hay una "limitada eficacia de los mecanismos sancionadores".
