MURCIA. El 'pin parental' ya ha llegado a los tribunales. Un mes y dos días después de que la ministra de Educación lanzara su advertencia al Gobierno de Murcia, Isabel Celaá ha consumado su amenaza: el Gobierno de España ha presentado este martes un recurso por la vía contencioso-administrativa ante al Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra las instrucciones que la consejería de Educación murciana envió a los centros educativos para exigir una autorización familiar para que los alumnos puedan participar en actividades complementarias. En su recurso, la Abogacía del Estado reclama la suspensión cautelar de estos permisos. El Ejecutivo regional ya ha respondido que se mantendrá inflexible y no dará un paso atrás, por lo que los jueces tendrán que resolver el choque político entre ambos Ejecutivos.
En concreto, el recurso de la Abogacía pide la impugnación de dos instrucciones enviadas a los centros docentes por la consejería de Educación el pasado 29 de agosto de 2019. Según explican desde el TSJ, "una vez se haya registrado el escrito, corresponde al letrado de la Administración de Justicia comprobar que se cumplen los requisitos formales exigidos y admitir a trámite el recurso o requerir la subsanación de los mismos".
Si se admite a trámite, "el incidente cautelar se sustanciará en una pieza separada, en el que se dará audiencia de la parte contraria, que tiene para contestar, una vez notificada, un plazo que no excederá de diez días. Recibida la contestación, el incidente cautelar será resuelto por auto de la Sala de lo Contencioso dentro de los cinco días siguientes", añaden fuentes judiciales.
El conflicto entre ambos gobiernos surgió en enero, poco después de que el Gobierno nacional de coalición tomara posesión. El ministerio de Educación advertía a la Región de que las autorizaciones familiares que puso en marcha en verano "eran ilegales" y enviaba un requerimiento a Murcia, concediéndole un plazo de un mes para que retirara las instrucciones. El propio presidente de España, Pedro Sánchez, se puso a la cabeza de la negativa al 'pin parental'.
Murciase convirtió en la primera comunidad autónoma en poner en marcha 'el pin parental' tras las exigencia de Vox en el pacto de investidura que sucribió con PP y Ciudadanos. Cuatro meses después, Vox volvió a exigir en la negociación de los Presupuestos la consolidación del 'pin'. El pacto al que llegaron a tres bandas PP, Cs y Vox recoge esta medida a pesar de las dudas manifestadas por el partido naranja. Ciudadanos se ha mostrado ambiguo durante este proceso, con declaraciones contradictorias: un día mostraban su rechazo al pin, otro eludían pronunciarse-. Recientemente, los dirigentes liberales han reclamado en el Consejo de Gobierno un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad para aclarar su legalidad.
Desde el PP, en cambio, sostienen que cuentan con los informes jurídicos favorables. El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, defiende que "el Gobierno murciano tiene la tranquilidad de que las cosas se han hecho bien y con ese respaldo".
Tras el acuerdo de Presupuestos, la consejería Educación se propuso blindar el 'pin' en forma de decreto, aunque lo suavizó con vistas al choque con Madrid en los tribunales. La nueva norma propone cambios en dos puntos: el decreto, que busca reducir la burocracia a los centros, recoge que las actividades complementarias están exentas de autorizaciones cuando son impartidas por profesionales funcionarios. El objetivo es que no se vean afectados "programas de la propia consejería de Educación, de Salud u otras áreas, así como las que ofrezcan policías, bomberos, guardias civiles, médicos y similares".
La segunda novedad del decreto es el denominado 'silencio positivo'. Esto es, aquellos padres que no quieran que sus hijos asistan a una determinada actividad tendrán que expresarlo por escrito; de lo contrario, si no hay una negativa expresa, deberán acudir a la actividad propuesta por el centro. Por otro lado, sí será será obligatorio la autorización cuando las actividades se realicen lejos de los centros escolares y cuando impliquen un coste económico.
