VALÈNCIA. La maniobra de Compromís para lograr el veto del Congreso de los Diputados a la ampliación del Puerto de València –colada en el último párrafo de una Proposición no de Ley para cambiar la Ley de Puertos– se queda en mera tentativa. La "paralización urgente" a la que aspiraba el diputado Joan Baldoví se transformó, tras una enmienda del grupo socialista defendida por Vicent Sarrià, en una declaración de intenciones para "garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental" de ese proyecto.
Se trata, a la sazón, del mismo acuerdo al que Compromís y el PSOE ya llegaron respecto a este asunto en el pacto para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. A la coalición valencianista, a la que algunos diputados le reprocharon durante la fijación de posturas que se mezclase la reforma de la mencionada ley con el freno a un proyecto concreto, no le quedó más salida que aceptar la enmienda de su socio en el Botànic para no escenificar una ruptura.
El cambio planteado por los socialistas a la PNL a través de una enmienda conjunta con Unides Podem, de hecho, reproduce exactamente lo recogido en el pacto de investidura para asegurar que "cualquier actuación" del Puerto de Valencia "se produzca con todas las garantías necesarias". La única diferencia es una apostilla que facilita una salida airosa para Compromís al reflejar expresamente que es "cumplimiento de toda la normativa ambiental" pueda incluir "en su caso", la "renovación del estudio de impacto ambiental".
Pese a todo, Compromís consideró un éxito el resultado de su propuesta porque, a su juicio, ha forzado un "cambio de opinión" del Gobierno. Para Baldoví, la votación marca "un antes y un después" porque "por primera vez el PSOE apoya la DIA y llevar a cabo una modificación de la Ley de Puertos para democratizar y hacer más partícipe a la ciudadanía de las decisiones que allí se tomen".
La PNL resultante tras la incorporación de esa enmienda, que prosperó con 191 votos a favor –PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu, Más País-Equo, Junts per Catalunya, BNG, NC y PRC– frente a 148 en contra, tiene poco que ver con la inicialmente planteada por Compromís.
La misma dedicaba en toda su extensión a justificar la necesidad de modificar la Ley de Puertos para dar más competencias a la administración local y autonómica en la toma de decisiones de los puertos de competencia estatal, pero finalizaba con el siguiente párrafo: "Adicionalmente, y de manera urgente el Congreso insta al Gobierno a paralizar la ampliación norte del puerto de Valencia hasta que no se lleve a cabo una nueva Declaración Estratégica de Impacto Ambiental (DIA) que sustituya a la de 2007 que realice un análisis integral del proyecto de ampliación modificado incluyendo aspectos como los accesos o las nuevas concesiones previstas".
Además, obligaba a que la DIA incluyera "todas las actuaciones territoriales derivadas y vinculadas en la viabilidad económica de dicha ampliación, teniendo en cuenta las condiciones actuales de emergencia climática y las exigencias de protección ambiental y territorial derivadas de la normativa autonómica vigente".
En su intervención para fijar la postura de su grupo, Vicent Sarrià opinó que el "objeto principal" de la PNL era lograr la paralización de la ampliación norte y aseguró que el efecto ambiental de la misma –la regresión de las playas del sur como Pinedo o El Saler– ya lo provocaron los diques de abrigo de la ampliación, construidos desde 2012.
Aunque dijo que los trabajos pendientes no generarán probablemente nuevos impactos ambientales, el diputado socialista insistió en que en todo caso "corresponde los técnicos de las administraciones competentes definir el criterio técnico jurídico que garantice la máxima protección ambiental".
Además, dijo que las modificaciones del proyecto en las que Compromís sustenta la necesidad de una nueva DIA, como el dragado del canal de acceso, aún están siendo analizadas para determinar si se incluyen o no finalmente en el proyecto constructivo de la ampliación norte.
"No podemos obviar ni restar importancia a lo que el Puerto de Valencia supone para la economía valenciana y su área de influencia, que tiene un impacto económico de más de 2.500 millones de euros y que en conjunto genera alrededor de 40.000 empleos. Todos hemos de hacer un esfuerzo muy importante para que la sostenibilidad y el desarrollo económico no sean antagónicos, sino que vayan indisolublemente unidos", defendió el diputado socialista.