À Punt agridulce

VALÈNCIA. La programación de radio À Punt que empieza sus emisiones este lunes promete. Buenos profesionales, propuestas atractivas, variedad, servicio público y altura de miras en una combinación de entretenimiento, cultura y educación aún por engrandecer. Falta lo más difícil, los informativos y los deportes, de cuya calidad dependerá en buena medida la audiencia de la cadena. Un dato, el de la audiencia, que debe quedar en segundo plano a la hora de juzgar la calidad de una cadena pública que debe priorizar la excelencia. ¡Mucha suerte a todos!

Dicho esto, en la víspera de tan esperado acontecimiento uno no puede evitar, a riesgo de ser tildado de aguafiestas y de perder algunos amigos, expresar su desazón por el empeño de los responsables de À Punt de construir la nueva radio y televisión sobre una base endeble, que ya se sabe que lo que mal empieza mal acaba. Esto puede acabar mal si la justicia actúa y puede empezar mal si no lo hace. Las bolsas de trabajo, sí.

El pasado 18 de noviembre, la asamblea extraordinaria de la Unió de Periodistes Valencians decidió por amplia mayoría –73 votos a favor y 44 en contra– pedir la suspensión cautelar del proceso de formación de bolsas de trabajo de À Punt, por entender que favorece a los extrabajadores de RTVV en perjuicio del resto de periodistas, impresión que ha confirmado la realidad de unas bolsas copadas por estos profesionales. A la decisión de pedir la suspensión cautelar se sumará la Asociación de la Prensa de Alicante.

No se niega el derecho a entrar en À Punt de los ex de RTVV, que fueron despedidos legalmente –Tribunal Supremo– y cobraron las indemnizaciones que pactaron sus representantes, lo que se rechaza es que se niegue de facto ese derecho al resto de periodistas mediante unas bases cocinadas con los sindicatos mayoritarios. 

Una convocatoria no discriminatoria también habría llenado las bolsas de extrabajadores de Canal 9, por su formación y experiencia, pero habrían podido entrar otros con no menos formación y experiencia en otras radios y televisiones que han vivido despidos también muy dolorosos, además de algún periodista joven con buen expediente académico, idiomas y algo de experiencia. 

En respuesta a dicha decisión el desaparecido –hace dos años– Comité de Empresa de RTVV anunciaba desde el más allá que devolvía el Premio Llibertat d’Expresió que la Unió de Periodistes le concedió en 2013. La devolución iba acompañada de un comunicado firmado por el "Comité de Empresa de RTVV". Cabe entender que el firmante es el último Comité, que presidía el hoy empleado de À Punt Albert Vicent. El comunicado es de una indignidad equiparable a la de aquellos informativos de Canal 9 de infeliz memoria. Injusta además con la actual Ejecutiva de la Unió de Periodistes, que se presentó dividida ante esta difícil decisión y la sometió a la votación de la Asamblea.

El autor de esta columna fue miembro de la Ejecutiva de la Unió de Periodistes entre 2009 y el mes de febrero 2017, la Ejecutiva que propuso el premio, y participó en la Asamblea en la que se aprobó conceder el galardón "por la tarea de los profesionales que luchan en defensa de una radio y televisión públicas, en valenciano y de calidad y por la defensa de unos medios públicos sin intromisiones". También participó en la última Asamblea y votó a favor de solicitar al juez la suspensión cautelar de las bolsas de trabajo de À Punt.

Que te devuelvan un premio que has dado de corazón, además del disgusto personal, te hace preguntarte qué mal has hecho para provocar tal desaire. Quizás nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, o puede que sean ellos los que han cambiado. O quizás –y me quedo con esta posibilidad– nosotros seguimos siendo los mismos y ellos también, y lo que ocurre es que han entendido que el premio estaba mal dado.

Les dimos un premio por su lucha "en defensa de una radio y televisión públicas, en valenciano y de calidad y por la defensa de unos medios públicos sin intromisiones" pero resulta que el Comité, que durante años no dijo ni pío de la ínfima calidad de Canal 9 ni de la creciente programación en castellano, solo convocó a los valencianos cuando vio peligrar sus puestos de trabajo. Algo legítimo y de ninguna manera criticable, porque como subraya el exComité en su comunicado, es a la representación sindical a la que corresponde defender a los trabajadores. Los valencianos respondimos a la llamada y fuimos a manifestarnos por la pervivencia de la televisión pública, mientras ellos, legítimamente, luchaban por sus puestos de trabajo como tantos otros periodistas despedidos en otros medios.

Diez años antes, el premio de la Unió de Periodistes fue para el Comité de Redacción de Canal 9, "por su oposición a la manipulación y censura informativa que aplican los directivos". El Notícies 9, realizado por profesionales de los que ahora copan las bolsas de trabajo, quiso confirmar su compromiso con la manipulación y lo contó como un premio a la propia cadena. Ese merecido premio a unos pocos no lo han devuelto y espero que no lo hagan.

Al recibir el premio Llibertat d’Expresió en 2013, el Comité de Empresa pidió perdón a las víctimas del accidente del metro y "a todas las personas y colectivos, sindicatos, partidos políticos, instituciones que no se han sentido representados por la radiotelevisión pública". El Comité nunca se quejó de que los familiares de los 43 muertos del metro no tuvieran voz en Canal 9 porque su tarea no era defender la libertad de expresión, sino a los trabajadores de la casa. La libertad de expresión, una vez más, la defendió la Unió de Periodistes, que en 2010 premió a la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro 3J por su "tenacidad y coherencia" ante "el silencio institucional y de algunos medios de comunicación". Canal 9 no se hizo eco de la noticia.

Conviene subrayar esta separación de papeles, que en la Unió de Periodistes tuvimos muy clara cuando fuimos a visitar a los de CCOO recién iniciada la crisis de RTVV. "Vosotros os ocupáis de defender a los trabajadores y nosotros, de defender la televisión pública y a los periodistas que trabajan en ella; os apoyaremos pero no nos meteremos en vuestro terreno, nuestra batalla no es la sindical sino la defensa de la profesión". Eso les dijimos, y al parecer alguno se lo tomó como un cheque en blanco.

Con razón nos dicen ahora que en el tema de las bolsas de trabajo la Unió no pinta nada, que es un tema sindical. Pero sí pinta, porque aquí no se está hablando de un ERE ni de los derechos o salarios de los trabajadores de À Punt, aquí se está hablando del derecho de todos los periodistas –y del resto de profesionales– a optar a las bolsas a las que de hecho no tienen acceso aunque sobre el papel tengan una remota posibilidad si no se presenta ningún ex de RTVV. Y para defender los derechos de todos y no de unos pocos, acude a la justicia.

En la Asamblea, algunos de los que rechazaron la suspensión cautelar lo hicieron a sabiendas de que las bolsas están mal hechas pero, explicaron, por no paralizar la puesta en marcha de À Punt. Esto es tanto como dejar que se hagan mal las cosas porque el fin justifica los medios. Si el juez concede la suspensión cautelar, los responsables de la paralización serán Empar Marco y el Consell Rector de la Corporació, y en sus manos estará resolverlo rápidamente con una nueva convocatoria. Nadie acusó a los sindicatos o a los trabajadores de cerrar RTVV por presentar un recurso contra el ERE. Bueno, sí, el PP. 

Y por no hacerlo largo, solo añadir que chirría el silencio de Les Corts y del Consell y sorprende aún más el silencio de las universidades y de los responsables de las facultades de periodismo ante el atropello que se está cometiendo contra sus alumnos y egresados. ¿Nada que decir sobre su exclusión de facto en la convocatoria de las bolsas de trabajo?