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la corporació modifica su reglamento orgánico para incorporar una nueva unidad funcionarial

À Punt refuerza a Enrique Soriano con funcionarios a su cargo

21/08/2018 - 

VALÈNCIA. La puesta en marcha de À Punt no fue nada sencilla. Así lo indicó, de hecho, en varias ocasiones el presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, quien en una entrevista concedida a Valencia Plaza no supo dar una fecha de inicio de emisiones porque "la planificación de todos los pasos a dar como la contratación de personal, la renovación de equipamiento o la constitución de algunos órganos" era "complicada".

Unas declaraciones secundadas en su día por la directora del ente, Empar Marco, que también indicó que hasta la puesta en marcha de À Punt se habían sentido muy solos. Ahora, con la televisión, la plataforma y la radio ya en marcha, la plantilla va aumentando. Y aunque la maquinaria ya está en marcha, y los procesos más complejos ya han sido superados, el Consejo Rector de la CVMC ha buscado refuerzos para la presidencia del órgano.

Así, este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la modificación del reglamento orgánico y funcional del Consejo Rector por la que se crea una unidad funcionarial que dependerá del propio Soriano. Una reforma que sirve para reforzar su equipo. 

Aunque no se especifica el número de personas que compondrán dicha unidad, sí que describe que se tratará de tres servicios: la secretaría del Consejo Rector, que tendrá rango de subdirección general; el servicio de Organización y secretaría del Consejo de la Ciudadanía; y el servicio de Fiscalización. 

En este sentido, al servicio de organización le corresponderá "diseñar modelos de organización corporativa, organizar y gestionar los sistemas de acceso del personal del grupo corporativo, apoyar a la secretaría del Consejo Rector en el ejercicio de sus funciones" y otras que le pueda asignar la presidencia del Consejo.

Al Servicio de Fiscalización, por su parte y "sin perjuicio de las funciones atribuidas al interventor", le corresponderá "controlar internamente la legalidad financiera y económica, así como analizar el coste de funcionamiento y del rendimiento de las actividades e inversiones que se establezcan en el mandato marco y contrato programa". Además, ejercerá "las funciones que corresponden al auditor" y tendrá que "diseñar e implantar el sistema de prevención de delitos de los que puedan ser responsables las personas jurídicas para su aprobación por el Consejo Rector". 

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