A qué suena la Dipu

VALÈNCIA. Esta semana se ha destapado un problema que venía macerándose desde hace más de dos años: los impagos a los grupos que participan en el 'programa' Sona la Dipu. Porque Sona la Dipu es un programa, insiste su director, Quique Borrás, elegido por un concurso de méritos cuantitativos tutelado por la propia Diputación de Valencia con tres comisarios independientes (marzo de 2017). Un programa porque, más allá de los consabidos conciertos y la idea de concurso, la ambición es la de acompañar formativamente a las bandas y generar –como poco– una plataforma de comunicación robusta para las mismas. Es decir, que no solo compitan ante un jurado (también independiente, aquí por méritos cualitativos), que no solo actúen más allá de la provincia de València, sino que tengan recursos a lo largo del año para fomentar su profesionalización. Una incubadora, en el sentido más neoliberal del término. Ese es, estatutariamente, el principal objetivo en torno a los generosos 900.000 euros anuales de presupuesto de la única Administración valenciana con superávit.

Huelga decir que en el año y medio de mandato de Borrás entre nada y poco de esto último ha sucedido: ni talleres, ni plataforma comunicativa que les redunde. La web, estanca y estacional, y los vídeos que ahora van llegando, no son ni mucho menos suficientes. No en 2018, teniendo en cuenta la enésima resituación de la industria musical. Pero lo más grave, volviendo al inicio del supuesto, es la ausencia de herramientas económicas para la profesionalización que sí se daba por hecha: que en los dos últimos años la mayoría de los participantes de sus correspondientes ediciones (2016 y 2017) no hayan cobrado por su trabajo. O parcialmente. O lo que es más grave: sí aquellos que, fíjense, mejor han sabido manejar la presión. Porque sí, los hay que, con bastante esfuerzo de despacho, han cobrado. Para los demás, las razones que se dan es que acudieron a las cooperativas de facturación para darse de alta (no todos). El conocido como caso Factoo que, de cara a Intervención de la Diputación de Valencia, paso de ser válido a inválido. Se entiende, pero esta excusa ha empezado a sonar ahora, en septiembre de 2018, cuando los músicos ya se han organizado y han creado una plataforma de afectados: Plataforma de Afectados del Sona la Dipu.

15 grupos firmaron el pasado miércoles un duro manifiesto ante la situación vivida; son todos los que están, pero hay otros que han logrado cobrar y no descartan destapar prácticas fraudulentas en su experiencia dentro de Sona la Dipu. Es decir, que la plataforma por impagados tiene algunos satélites cuya entrada en escena no se descarta. Y el ambiente no se ha relajado desde la reunión de dicha plataforma con sus responsables, la diputada responsable, Isabel García, y el ya mencionado director. Una reunión tras la cual Diputación emitió un comunicado que a algunos de los afectados les supo a prefabricado. Al menos, por la inmediatez con la que fue emitido y por escudarse en promesas que, dada la persecución por todos los medios para intentar cobrar (en algunos casos desde hace 24 meses), todo lo que se tolera a partir de ahora son hechos. Se ha generado una comprensible intolerancia a la disculpa porque los interlocutores válidos, sin nota de prensa de la Diputación ni foto hasta la fecha, llevaban prometiendo una solución desde el origen del conflicto.

No cabe duda de que la excelente economía de la Diputación solventará los 70.000 euros de distancia entre el conflicto y el paso de página (y volvemos a recordar que la diputada celebró un remanente de Sona la Dipu 2017 para aplicárselo al actual 2018; gesto público que supo a recochineo para algunos artistas). Pero la solución –que se ha prometido para antes del final de año– no debe tapar un debate sobre el 'programa' Sona la Dipu. La gran pregunta es a qué suena la Dipu con este programa y la respuesta, de momento, es a alguna cosa no mucho más interesante de lo que fue en anteriores legislaturas. Es posible que el nepotismo haya sido canjeado por otras carencias y que, ¡qué menos!, la transparencia sobrevuele todos sus movimientos. Es una exigencia de perogrullo, pero no distinta al resto de áreas de esta Administración que, por otro lado, ha tenido un verano complejo con respecto a las dudas sobre su gestión. Tantas dudas como para que su expresidente, el todavía alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, dimitiera (Operación Alquería).

En el día a día del sector (locales de ensayo, artistas y bandas independientes, bares culturales, salas, promotores, estudios, productores...), se habla y mucho de que un programa público dotado de 900.000 euros anuales debería dar para más. Se tiende a pensar que los cabezas de cartel de las semifinales y final del concurso, los Malú, Fangoria, Antonio Orozco o Nancys Rubias, consumen buena parte del pastel. Pero por ahí no se escapa el gato, porque este año, por ejemplo, esa cifra gira en torno a los 280.000 euros. Leyendo los nombres seleccionados, conociendo a las agencias habitualmente agraciadas con la selección, cuesta creer que haya mucha negociación, pero insisto en que 280 de 900.000 siguen dejando mucho margen de movimiento al 'programa'. Más de 600.000 euros para la promoción de bandas de la provincia, a la vista de cualquiera de las voces del sector, debería tener un impacto mucho mayor a corto plazo en su profesionalización. Si ni siquiera se les pagan sus actuaciones, justo lo contario. 

El debate gira en torno al pantanoso menudeo de la Diputación con Sona la Dipu. Pongamos como caso un ejemplo para el que solo hay que rebobinar la cinta 12 meses: concierto de Sona la Dipu en Ontinyent con David Bisbal al frente. Una polémica que se barrió bajo la manta, suponemos, y que desconocemos qué tipo de beneficio tuvo para las bandas que actuaron de teloneras (Ontinyent ha vuelto a tener concierto de Sona la Dipu este año). ¿Es ese escenario el idóneo para que una banda se curta y recoja público? Como apuntan los grupos en su comunicado, ¿actuar a las tres de la tarde en festivales por España, a veces antes de que haya entrado el público, a veces enterándose de que forman parte de ese cartel por las redes sociales, a veces sin que el nombre de la banda aparezca por el cartel hasta cierta fecha, es ese un recorrido interesante para los artistas promocionados? Y cabe recordar –que ahí si hay ceros en la factura– que las bandas actúan en esos festivales (Primavera Sound, Interestelar, Mad Cool, Festival de les Arts...) patrocinados por Sona la Dipu. Sin cobro revertido, vaya.

Las del párrafo anterior tan solo son pinceladas sobre la duda razonable que sobrevuela el sentido y circunstancia de Sona la Dipu. Un 'programa' ideado en otro tiempo, insuficientemente actualizado y que parte del rédito político –ya sea por la obtención de un concierto en el pueblo, ya sea por canjear el titular de que que la banda valenciana X actúa en el Mad Cool porque el Mad Cool hace caja con ello– cuyo beneficio real sobre las posibilidades de profesionalización de los artistas valencianos es limitado. Basta pensar en otros territorios, incluso mucho más pequeños (y casi siempre septentrionales) para comprender qué podrían dar de sí los 900.000 euros con un circuito de conciertos por salas de toda la Comunitat Valenciana, suprimiendo el clientelismo de los conciertos coordinados con fiestas patronales y veraniegas de la provincia y, sobre todo, analizando a fondo si el paseo patrocinado por grandes festivales a la hora de abrir las puertas del recinto tiene una contraprestación interesante. Actualmente, a estas cosas es a lo que 'suena la Dipu' con su actual programa.

Lo más interesante del proyecto, su presupuesto, hace creer que Sona la Dipu debería continuar, pero con una reformulación tan completa que nos lleve a pensar en otro estadio: el de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Todavía hoy son muchos los que en la Diputación recuerdan que Sona la Dipu no pertenece al área de Cultura de la institución, sino a la de Juventud y Deporte. ¿Por qué? Trazas del pasado todavía hoy presentes. Nichos de poder e influencia aparentemente irrenunciables. Sin embargo, en el área de Cultura se han sucedido dos movimientos que nos hacen intuir que la idea de programa electoral de Compromís y PSPV de revertir peso de las diputaciones en favor de la Generalitat pueden tener que ver con Sona la Dipu. Y si el conseller del ramo, Vicent Marzà, ha abierto la espita para que se piense si la Institució Alfons El Magnànim de las letras puede traducirse en un brazo autonómico o si el MuVIM puede convertirse en subsede del IVAM, si en ese movimiento tectónico se tuviera en cuenta Sona la Dipu, las posibilidades de refundación pasan a ser todavía más prometedoras.

En efecto, sería el Institut Valencià de Cultura el que, a través de su dirección adjunta de Música, comandada por Marga Landete, podría incluir la herencia de una plataforma con ánimo de ser reformulada por completo. Es decir, que del chanchulleo de los conciertos de verano en las fiestas de pueblo (ahora con más decoro y rotación), de los impactos por titular de bandas actuando en grandes festivales a la solana o de los intrigantes réditos de ser telonero de David Bisbal (ante su público, aunque hagas hip hop metal), de todo ello, se pasaría a un circuito estable de conciertos en el territorio valenciano. Los motivos son muchos, pero por ejemplo: el primero, generar público. que sigue siendo la principal deuda de las actuales políticas culturales valencianas; el segundo, generar economía interna, porque redundará en que haya más interacción con bandas de fuera habilitadas a pasar por aquí (ya sea por intercambio, ya sea por agitación); el tercero, por la economía directa hacia las bandas emergentes; el cuarto, por el bagaje adquirido en un año de actuaciones (impagable); el quinto, por la territorialización social y cultural del propio territorio.

Esa idea no es excluyente de que una de las bandas pueda encontrar sus espacios en grandes festivales de música, algo a lo que, si tiene recursos económicos y ambición (esto último, siempre deseo que los jurados lo tengan terriblemente en cuenta) van a moverse con facilidad. Es más, se puede llegar a acuerdos con aquellos festivales que sí están interesados en las bandas y las van a situar en escenarios y horarios que les interesan. Dicho de otra manera, que si el festival tiene demanda de un grupo, Sona la Dipu puede ejercer de disparador de esa oferta y manejar las condiciones; a menudo, como muchos grupos del concurso han vivido, si no hay el menor interés, casi mejor evitarse el desprecio del festival de turno y seguir creciendo de manera independiente. Y, claro, dado que a nivel autonómico este brazo no existe, dado que Sona la Dipu pide a gritos una reformulación y dada la inquietud de la Generalitat por ir descompensando las diputaciones a su favor, la ocasión la pintan calva. 

La terquedad de los tiempos y de sus responsables primeros tienen la oportunidad de interpretarlo. Off the record, es recurrente que a este supuesto la Administración encuentre una vía muerta en la respuesta: "no podemos ser una agencia de management". Tampoco pueden convertirse en una losa económica ni lapidar 900.000 euros en una estrategia que, en el último año de legislatura, sigue sin dar los frutos esperados de la inversión común. Que se lo hagan mirar en la Dipu, pero, sobre todo, que se lo piensen en la Generalitat.