Abocado a los tribunales: València rechaza el recurso contra la suspensión de licencias en La Saïdia

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tiene previsto rechazar el recurso presentado por los dueños de las naves de Guatla, en el barrio de la Saïdia, contra la suspensión de licencias acordada por el pleno el pasado mes de julio. Una moratoria que pretende impedir la construcción, en los mencionados inmuebles, de un complejo hotelero y residencia de 575 habitaciones.

La propietaria de las mencionadas naves, la compañía Selacem SL, recurrió el acuerdo municipal del pleno y ahora, la comisión de Urbanismo de este miércoles prevé desestimarlo, tal como figura en el orden del día de la reunión, que tendrá lugar en el edificio de Tabacalera. El acuerdo que se tome, posteriormente, se ratificaría en el pleno.

En el recurso, la firma aducía que la suspensión de licencias "no puede afectar a licencias presentadas antes de su entrada en vigor cuando ha expirado el plazo máximo para resolver", dado que los permisos se pidieron en 2020. Un criterio que el propio Ayuntamiento empleó, recuerda la empresa, con la moratoria a usos hoteleros y apartamentos turísticos en toda la ciudad aprobada en mayo, que precisamente no afectaba a las licencias pedidas con anterioridad, siempre que no hubiera pasado el plazo de respuesta (dos meses).

Los técnicos municipales responden que esto "deberá ser objeto de estudio y decisión en los correspondientes expedientes de licencias de obra y de actividad" relativas al proyecto en cuestión, y recuerdan que la suspensión de licencias se adoptó "con carácter general". Por lo que "la interrupción o no" de expedientes en curso "debe tomarse de forma individual", teniendo en cuenta además que el pleno no tiene competencias para paralizar expedientes concretos, sino que es la Junta de Gobierno Local.

La empresa también alegaba que la motivación de la moratoria es "inexistente" al no haberse justificado "las razones imperiosas de interés general" como la carencia de dotaciones del barrio, los problemas ambientales y de entorno urbano en el ámbito. Sin embargo, el Ayuntamiento acude al Plan de Directrices Urbanas aprobado en 2018 donde se "acreditaba" que el barrio tenía "indicadores deficitarios" en servicios sociales, centros de día, para juventud y equipamientos de proximidad.

Ante la advertencia de la empresa de que el acuerdo vulnera la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la concejalía de Urbanismo asegura que no busca de "modo alguno imponer limitaciones al desarrollo de actividades económicas, porque el acuerdo no está específicamente dirigido a suspender las licencias relativas a un determinado uso urbanístico" sino que la suspensión es "con carácter general" mientras se estudia la nueva ordenación urbanística. Y expone que hay otras parcelas afectadas con uso residencial.

La suspensión de licencias aprobada a propuesta por la concejalía de Urbanismo se justificaba en que el Servicio de Planeamiento "está trabajando en el estudio y valoración de las posibles opciones que se puedan llevar a término en el interior de la manzanade la C/ Guatla nº 3 con el menor impacto para los vecinos y vecinas del barrio de San Antonio".

Abocado a los tribunales

La concejalía está "estudiando la posibilidad de implantar en la misma aquellas dotaciones públicas necesitadas en el barrio, siendo necesario para realizar ese estudio una suspensión cautelar de las licencias en la zona del patio de la manzana citado". Una decisión que, según dijeron públicamente los propietarios, les pilló de improviso pese a la voluntad manifestada públicamente tanto por la alcaldesa, María José Catalá, como por el edil de Urbanismo, Juan Giner, de paralizar el proyecto.

Tras la aprobación de la moratoria, la promotora de la iniciativa, la sociedad Inversiones Gran Valencia 2005 SL, hizo público un comunicado en el que denunciaba que la decisión se había "llevado a cabo sin que contasen ningún momento con la propiedad" y no se había "informado a la propiedad de la pretensión de suspensión de licencias" pese a que, hasta el día anterior, "por parte del Ayuntamiento se estaban tramitando las licencias con total normalidad e instando a la propiedad a efectuar determinados trámites administrativos".

Por ello, ante ducha decisión, ya avisaba de que "la propiedad llevará ante las últimas instancias judiciales nacionales e internacionales, la privación y limitación de derechos que tal decisión afecta a sus legítimos intereses y al desarrollo urbanístico de la ciudad, donde la carencia de plazas de residencia de estudiantes es más que notable". Con el rechazo del recurso esta semana en la comisión de Urbanismo, a los propietarios les quedaría la vía judicial ya anunciada.

Indemnización de 33 millones

Los promotores advirtieron de que la modificación del planeamiento "deberá ir acompañada de una previsión presupuestaria para indemnizar las pérdidas y perjuicios, así como el coste evidente por la expropiación de derechos que ello implica, en detrimento evidente de las arcas públicas por el alto coste que le va a suponer tal decisión".

En ese sentido, aseguró que no quede "ni la más mínima duda" que defenderá "cada euro y cada derecho en todas las instancias judiciales ante el despojo unilateral y arbitrario" al que, a su parecer, está siendo "condenada en contra de la ciudad de València, sus ciudadanos y en favor de unos grupos vecinales de presión que solo cuentan con la razón de tener un puñado de votos, a sabiendas de que el votante español y valenciano, se mueve mas a la hora de votar por ideologías que por la gestión política".

Así, la compañía cargó contra el edil de Urbanismo por "faltar a la verdad" y dejar "de informar a la ciudadanía de Valencia tanto de las virtudes del proyecto como del coste que supondrá para el Ayuntamiento no hacerlo". "Parece ser que tras la ruptura de lazos con Vox, el Partido Popular se arrima al seno de Compromís en ese ideal de convertir Valencia en una ciudad de barrios, aunque sea con el coste económico de más de 33 millones de euros para los ciudadanos de Valencia que supondrá la suspensión del proyecto".