BRUSELAS (EFECOM). Los países de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para instalar puntos de acceso wifi a internet gratuitos en lugares públicos como ayuntamientos, hospitales o parques a partir de finales de este año.

Este acuerdo político, que a continuación debe ser ratificado por el Consejo de Ministros comunitario y por el pleno de la Eurocámara, define el esquema en que se desarrollarán estos puntos de acceso a internet pero no todavía los fondos que se le dedicarán, ya que eso corresponderá tratarlo en la revisión del presupuesto plurianual (2014-2020), indicó el Consejo de la Unión en un comunicado.

El objetivo es que esté operativo a finales de este año.

La iniciativa "WiFi4EU" permitirá a los ciudadanos conectarse a internet de alta velocidad desde sus dispositivos a través de un portal en distintos idiomas, de forma gratuita.

La autoridad municipal u organismo público podrá, a través de ese portal, ofrecer un fácil acceso a sus servicios digitales.

El ministros maltés de Competitividad y Servicios Digitales, Emmanuel Mallia, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, aseguró que esta iniciativa permitirá "animar el uso de estos servicios y reducir la brecha digital, incluyendo en lugares con acceso limitado a internet".

Bajo este esquema, municipios, bibliotecas, hospitales y otros organismos públicos podrán solicitar, mediante sencillos procedimientos, financiación para la instalación de puntos wifi de acceso a internet, señaló el Consejo.

Esos organismos públicos serán los responsables de mantener la conexión durante al menos tres años, mientras que la UE se ofrecerá a cubrir hasta el 100 % de los costes elegibles.

Según el Consejo, la financiación será adjudicada de manera equilibrada en función de la situación geográfica en los países de la UE y, en principio, dando prioridad a las solicitudes que antes lleguen, aunque también se dará ventaja a las que procedan de países con bajas cuotas de participación.

Según el acuerdo al que han llegado el Consejo y el Parlamento, para garantizar que esta asistencia financiera no distorsione la competencia o desaliente la inversión privada, sólo se tendrán en cuenta los proyectos que no "dupliquen" las conexiones privadas o públicas existentes.