José María Toro (Fotos: Kike Taberner) VALÈNCIA. Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) han mantenido esta mañana una reunión con la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, para tratar varios temas de actualidad del sector de los servicios sociales.
En la reunión Aerte ha vuelto a transmitir su rechazo a las modificaciones legislativas que se están poniendo en marcha y que permiten la reversión a la gestión directa de centros que están siendo gestionados actualmente por empresas, a través de distintos concursos y licitaciones.
La publicación del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para el ejercicio 2019, más conocida como Ley de Acompañamiento al presupuesto, volvió a generar recientemente malestar en el sector de las entidades privadas que trabajan atendiendo a personas en situación de dependencia. La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas vuelve, tras hacerlo el año pasado, a insistir en la cuestión de la reversión de centros de titularidad pública que se encuentran gestionados por entidades privadas.
“El año pasado se nos dijo que no se tenía intención de revertir ningún centro pero al final se produjo la reversión de un centro de atención a la discapacidad en Albocàsser, a pesar de que se ha reconocido que el trabajo que se estaba desarrollando por la empresa estaba siendo positivo y que el equipo humano que trabaja allí tenía un alto nivel de competencia. Nos consta, además, que se han planteado nuevo procesos de reversión por lo que creemos que ésta no ha sido una cuestión aislada sino que forma parte de un proceso amplio de vuelta a la gestión directa por parte de la administración” indicó Toro.
El informe de la Abogacía de la Generalitat conocido la semana pasada planteaba que las personas en situación de personal a extinguir podrían mantener su plaza y que no se verían obligadas a presentarse a las pruebas se selección ya que sólo podrían salir para plazas nuevas. Esto podría suponer un incremento de los costes muy elevado ya que todo ese aumento sería sobre lo que ya gasta el departamento en este momento.
El anteproyecto de Ley recoge un artículo que dice que no resulta conveniente para el interés público la gestión indirecta de este tipo de servicios por la vulnerabilidad de las personas atendidas. En el mes de Julio la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas celebró una jornada sobre el nuevo acuerdo marco en la atención residencial a personas mayores en las que se ponía en valor el papel de las entidades mercantiles en el cuidado de estas personas por lo que parece no quedar definido claramente el rol que el Consell le da a la iniciativa privada en el sector.
“La visión de que la gestión pública garantiza siempre un mejor resultado que la privada nos parece alejada de la realidad. Hay centros públicos que funcionan muy bien y centros privados que también lo hacen. Creemos que esa es la única distinción que le interesa a los ciudadanos, si el servicio que reciben es de calidad o no, y no quien gestiona el centro. Estamos cansados de que se ponga en duda nuestra función social” ha afirmado el presidente de Aerte.
Además, hace dos semanas se hacía público un informe de la Inspección General de Servicios de la Conselleria de Transparencia en la que se valoraba negativamente la situación de algunos centros de servicios sociales públicos y se criticaba expresamente la rigidez de la administración autonómica, «que supone un claro obstáculo para garantizar la adaptabilidad de los recursos a las necesidades reales de atención".
La patronal más representativa de la atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana pide al Consell que retire esa propuesta y que valore la idoneidad de la gestión en criterios objetivos de calidad del servicio y no en planteamientos ideológicos que no estén basados en datos concretos.
