Más de 30 residencias públicas con gestión privada de la Generalitat tienen el contrato vencido  

VALÈNCIA. Más de 30 residencias públicas con gestión privada de la Generalitat Valenciana tienen el contrato vencido. Así lo reconocía este lunes la Conselleria de Servicios Sociales tras la celebración de una concentración por parte de los sindicatos UGT y CCOO para reclamar una homologación de los salarios de trabajadores de las contratas con los empleados de la administración pública. Una situación que se alarga, en algunos casos, desde 2017 y en el que tanto el Govern del Botànic como el actual han dejado correr el tiempo respecto a licitaciones que afectan a alrededor de 4.000 trabajadores entre residencias de mayores, atención a personas dependientes y centros de día.

Mientras que los sindicatos cifran en 33 los centros residenciales con el contrato vencido, desde la conselleria de Susana Camarero señalan al menos 45, a 31 de diciembre de 2023 entre los diferentes modelos de atención asistencial. De éstos, aseguran que en 2022 ya habían 35; en 2021, 31; en 2020, 23 centros y en 2019, 11 centros. "Se trata de una situación que el gobierno anterior no solucionó a medida que los contratos empezaron a finalizar", apuntan fuentes de ésta, en un contexto cuyo retraso se achaca a diversas causas.

Por un lado, el retraso inicial por parte del Gobierno entonces liderado por Ximo Puig se debía a la espera de la firma de un convenio colectivo que termino por publicarse en enero de 2023 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Una resolución en la que se modificó el convenio colectivo laboral aplicable a empresas adjudicatarias de servicios asistenciales, como residencias de mayores, atención a personas dependientes, centros de día y ayuda a domicilio en la región. Esta resolución incluía cambios al artículo 10, que regula las tablas salariales, y especificaba incrementos progresivos entre 2022 y 2025. Éstos buscaban acercarse a a la administración pública y oscilaban con incrementos de hasta el 32% en algunas categorías.

Sin embargo, el mencionado aumento estaba previsto para los nuevos contratos, no para las empresas adjudicatarias de los centros que ya lo tenían este en vigor cuando la modificación del convenio fue aprobada, lo que ha provocado el retraso durante los últimos años de estos aumentos con la pérdida salarial que comporta para los trabajadores de las mismas, según apuntan representantes de los sindicatos organizadores. Unas licitaciones que fueron aplazadas por el Botànic, según señalan, para que los empleados pudieran disponer de los nuevos salarios pero que cuyos tiempos "se les fue de las manos". 

Las licitaciones, previstas en enero

Ahora, las nuevas licitaciones tendrán que incorporar en su presupuesto base el mencionado incremento recogido en el convenio colectivo. En este sentido, la conselleria señalaba este martes que está trabajando en los nuevos concursos, que se publicarán durante el primer trimestre de este año. Mientras, el pasado 23 de diciembre se aprobaba sacar a licitación la gestión de los Centros Mujer en Dénia, Torrevieja, Elda y Elche.

A la espera de la actualización a las condiciones pactadas, desde Servicios Sociales señalan que se ha incrementado un 8,8% la cuantía de los módulos económicos de los acuerdos de la acción concertada en 2024, "lo que impacta directamente en salario de los trabajadores". En este sentido, apuntan a ajustes con un incremento que corresponde al IPC acumulado de 2022 y de 2023. Por otro lado, señalan el pago de 215 millones de enriquecimientos injustos, saldando todas las deudas con los centros. 

También han instado a los sindicatos a firmar un convenio único para todos los profesionales de servicios sociales. "Ahora hay convenios por sectores (inclusión, discapacidad, mayores e infancia) pero lo ideal para lograr una homogeneización real para los profesionales es tener un convenio igual para todos los sectores, que es lo que deben negociar sindicatos y empresas", señalan, sin aludir a lo ya aprobado en el marco del Botànic. 

A la espera del decreto de tipologías

Según señalan los sindicatos, otra de las cuestiones que mantiene paralizadas las licitaciones por el momento es la aprobación del nuevo decreto de tipologías. Éste regula el funcionamiento de las residencias, marca normativa de espacios y ratios de personal para todos los centros. Unas pautas cuya tendencia será a rebajar las exigencias marcadas por el Botànic, en una puesta en funcionamiento que lleva retrasándose desde hace años por las quejas del sector. 

De hecho, PP y Vox aprovecharon las enmiendas al proyecto de Ley de Simplificación Administrativa para modificar las mencionadas ratios. Si la ley del Botànic establecía que las residencias de mayores "no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicadas en zonas rurales o zonas con riesgo de despoblamiento" y "vetaba superar las 90 plazas si los centros se ubicaban en "localidades o zonas de densidad mediana", ni las 120, en caso de que se situaran en ciudades o zonas poblada, la nueva redacción apuntaba a un tope de 150 plazas independientemente de donde estén situadas.

En este sentido, la Ley de Simplifica modificaba también las ratios de personal. Mientras la normativa anterior fijaba como objetivo que en enero de 2025 las ratios fueran de 35 auxiliares por cada 100 residentes, ahora la exigencia será de 29 por cada centenar de usuarios. Y, un año después, en enero de 2026, se aspira a que sean 32 por cada 100, mientras el objetivo que fijaron Compromís y PSPV en la antigua ley eran 37. El Consejo de la Dependencia, a nivel estatal, recomienda que la ratio de auxiliares en residencias sea de 43 por cada 100 residentes, lo que según los sindicatos empeorará la calidad del servicio.

El proyecto de Ley de Simplificación Administrativa también eliminó aspectos como que la gestión directa sea la forma de provisión preferente de los servicios sociales. Ello incluye los servicios de acogida y atención ante situaciones de necesidad social -atención y diagnóstico-; el servicio de promoción de la autonomía personal, el servicio de inclusión social, los servicios de infancia y adolescencia, los servicios de diversidad funcional o los de violencia de género. Actualmente, tan solo hay tres residencias públicas con gestión directa.