Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. (EP). La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges "para que defienda los derechos del colectivo, que ha recibido la negativa del PSOE de aprobar la moratoria" de los plazos de adaptación de la segunda y tercera licencia, como marca la nueva normativa.
Así lo ha anunciado este lunes, día en el que finaliza el plazo marcado por la nueva ley para la adaptación de las licencias. El colectivo ha criticado en un comunicado que tanto el Consell como el grupo parlamentario del PSPV en las Corts "han decidido no aceptar un aplazamiento, en contra incluso de sus socios de gobierno".
Este acuerdo político que pedía el colectivo "únicamente consistía en retrasar los plazos de seis meses marcados por la nueva ley del taxi para adaptar, mientras esperaban la decisión de la Comisión Bilateral sobre la posible inconstitucionalidad de prohibir la acumulación de licencias", ha explicado la plataforma.
En este contexto, "vencido ya el plazo y al no aprobarse una moratoria, ningún taxista con más de una licencia va a poder adaptar su vehículo" a partir de este lunes, ha alertado.
La asociación ha señalado que "algunos taxistas del Área de Prestación Conjunta de Valencia, debido a trámites burocráticos y de autorización de préstamos, no han llegado a tiempo de solicitar y entregar la documentación para la adaptación de la segunda o tercera licencia". La plataforma ha preguntado si "eso quiere decir que van a tener que anular todo lo realizado porque ya no van a poder presentarlo en el PROP".
La presidenta de la organización, Isabel Segura, ha planteado además quién devolverá la "importante inversión" que han realizado "los compañeros que sí que han decidido adaptar" las licencias "si al final la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat determina que es inconstitucionalidad prohibir que un taxista tenga más de un vehículo".
"Sin duda, el Consell se enfrenta al pago de cuantiosas indemnizaciones por los daños y perjuicios generados al colectivo, por su pronta aplicación sin esperar a saber si el punto se retira por inconstitucional", ha advertido Isabel Segura.
A su juicio, la Generalitat ha actuado "precipitadamente y ha querido utilizar a los taxistas con más de una licencia para poder cumplir con el 5% de vehículos adaptados que le exige la Unión Europea, pero no lo ha logrado" porque, aparte de aquellos que no han llegado a tiempo de presentar la documentación, "muchos otros" están a la espera de conocer el resultado de la comisión.
La dirigente de la plataforma ha remarcado que "está en juego el futuro de más de 300 familias que dependen solo del sueldo del taxi". "No tiene sentido comprar furgonetas diésel para adaptarlas ahora cuando en breve Europa las va a prohibir en las grandes ciudades por su alta contaminación", ha manifestado.
"Lo que sí tendría sentido sería que se abriera de nuevo el plazo para poder adaptar las licencias acumuladas mientras la Comisión Bilateral decida", ha defendido.
Por otro lado, ha reclamado que los taxistas puedan ser uno de los colectivos profesionales que optará al programa piloto que Ford y el Ayuntamiento quieren poner en marcha en la ciudad para que circulen las primeras Transit enchufables.
Para la asociación, "es inconcebible que se les obligue a adaptar con tanta premura, obligándoles a deshacerse de sus aún nuevos coches híbridos para comprar furgonetas contaminantes y, al mismo tiempo, la Generalitat decida subvencionar con más de un millón de euros el proyecto de la compañía Ford de furgonetas híbridas enchufables que apuesta por la movilidad sostenible y por el medio ambiente", ha zanjado la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi.
