VALÈNCIA. Y por fin llegó el esperado pronunciamiento de la conselleria de Agricultura con respecto a la variante sur de Pedralba. Un documento que la Diputació de València había pedido en diversas ocasiones y que finalmente tuvo que esperar a un fallo del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para materializarse. Pocas sorpresas en la resolución: el área de Mireia Mollà emplaza al ente provincial a "analizar la posibilidad de desistir" en la actuación. Todo ello basándose, principalmente, en dos motivos: la necesidad de buscar alternativas y la posible prescripción de la Declaración de Impacto Ambiental.
En cuanto a lo primero, el ente autonómico redobla la presión sobre la posibilidad de suprimir el trazado actual, e insta a buscar otras vías que no discurran tan cerca del río Túria. Una línea de pensamiento que siempre han defendido y que ahora queda finalmente plasmada por escrito. De este modo, amparan su argumento en una de las cláusulas recogidas dentro del PORN: "En la localización y diseño de las infraestructuras viales se priorizarán aquellas alternativas que se localicen fuera de las áreas objetivo de conservación y cuyo trazado no discurra longitudinalmente con el cauce fluvial".
Además, la normativa también añade: "El órgano promotor adoptará las alternativas que representen menor impacto en aquellos elementos naturales y paisajísticos del parque natural". Es decir, no prohíbe de manera abrupta y directa la construcción de determinadas infraestructuras, pero sí que reconoce la necesidad de elegir las opciones menos lesivas siempre que sea posible.
Y precisamente en base a esto extrae la conselleria de Agricultura su primera conclusión. "El PORN establece la necesidad de priorizar aquellas alternativas que se localicen fuera de las áreas de conservación. La propuesta de construcción de la variante sur colisiona con lo expuesto en caso de que existan alternativas efectivas". Alternativas que, en efecto, sí que existen en el contexto de la obra en cuestión. Y es que, la Diputació de València estudió en su momento otros trazados por los cuales podría discurrir la carretera, cuatro por el norte y otros tantos por el sur.
Sin embargo, finalmente, se optó por el trazado actual por diversos motivos: las opciones norte no eran técnicamente viables ante las "dificultades" para encontrar un corredor en el que encajar la construcción de la carretera. Por su parte, las otras tres que se estudiaron por el sur quedaron descartadas por motivos económicos. De este modo, la balanza se inclinó finalmente hacia el único proyecto que parecía plausible desde todos los puntos de vista: el que ahora mismo se encuentra en disputa.
Un trazado que parecía idóneo hasta que empezó la redacción del PORN y se descubrió su posible afección ambiental. Así, el escollo levantó años de enfrentamiento entre todas las partes implicadas. Aunque, con este avance, el problema podría estar un poco más cerca de ver su final: Agricultura recoge explícitamente en su manifiesto que sí existieron otras opciones, por lo que apremia a rescatarlas del olvido y proceder a su estudio. Una obligación que, según han considerado, queda apoyada en las indicaciones del PORN.
Ahora es tarea de la Diputació determinar si, en efecto, esos recorridos alternativos a los que hace referencia la conselleria son plausibles o si, otra vez, queda la situación bloquada: ¿son las opciones que se estudiaron en algún momento viables? ¿Cumplen con la definición de "alternativa" que se recoge en el PORN y por lo tanto obligan a una revisión del proyecto?
Además de esto, la conselleria de Agricultura también apuntilla en su última conclusión la necesidad de revisar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ahora mismo sigue vigente. Un trabajo que pronto podría tener su pistoletazo de salida: "El procedimiento de modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor", recoge en su escrito. Lo cual indica que este proceso se abordará con total seguridad, ya sea el órgano autonómico quien tenga que ponerlo en marcha o, en su defecto, a petición de la Diputació de València.
Todo ello en virtud del último fallo del Consell Jurídic Consultiu, en el que recomendaba hacer una valoración del informe para ver si seguía cumpliendo con su función. Y es que, según la resolución, la DIA fue aprobada antes de que entrase en vigor la nueva normativa ambiental, lo cual podría desafiar los motivos por los cuales se pide este permiso: garantizar que la obra es compatible con la protección del entorno en el que se va a desarrollar.
Así, consideraba el órgano consultivo que no basta con aportar un documento vigente, sino que dadas las circunstancias de modificación de la ley es necesaria una nueva evaluación sobre su compatibilidad con el PORN. Todo ello teniendo en cuenta que esta norma se ha elaborado con el convencimiento de que el entorno necesita más protección de la que tenía. De este modo, la DIA que se expidió en el contexto de la vieja regulación podría haber quedado obsoleta y no ajustarse a las necesidades del terreno.
Con todo esto, Agricultura resuelve en su pronunciamiento: "Atendiendo a lo expuesto en el presente informe, es necesario iniciar un tramite de audiencia que permita a la Diputació de València analizar la posibilidad de desistir en la actuación propuesta de construcción de la variante sur de Pedralba". Y en ello se han puesto a trabajar los servicios jurídicos del ente provincial, con el objetivo de averiguar si este informe les obliga o no a renunciar.
Poco convence el documento al Ayuntamiento de Pedralba, liderado por la popular Sandra Turégano. "No es un informe, es un pronunciamiento político. No lo firman técnicos de la conselleria ni abogados de la Generalitat, que es lo que correspondería en este caso. Lo firman dos políticos, y a mí personalmente no me causa ningún respeto", aludía la primera edil. En este sentido, Turégano consideraba que el informe que la conselleria ha enviado a la Diputació "no tiene ninguna validez jurídica". "Si de verdad el PORN para la carretera de Pedralba, que no es cierto, lo que se tendría que haber hecho es inmediatamente al día siguiente ejecutar un acto administrativo a través del cual se paralizara".
Pero lo cierto es que esto no ha sucedido nunca. Y, de hecho, Agricultura llegó a reconocer que la nueva normativa ambiental no tiene poder directo para frenar la carretera. Aunque, en este caso, la clave para paralizar la obra podría estar en la Declaración de Impacto Ambiental, un documento que es indispensable para poder proceder a la construcción de la variante y que, en caso de quedar anulada después de su estudio, podría complicar mucho el proceso.