VALÈNCIA. Finalmente la conselleria de Agricultura sí que se pronunciará sobre la legalidad de la variante sur de Pedralba. Así lo han acordado la institución que dirige Mireia Mollà y la Diputació de València en la reunión que han mantenido este jueves, después de la escalada de tensión que se había vivido a lo largo de los últimos meses, precisamente, a cuenta de la indefinición sobre la vigencia del proyecto después de que entrase en vigor el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria.
No ha sido un proceso sencillo. Y es que, el PORN se aprobó en agosto y se publicó definitivamente en septiembre. Un documento que llevaba más de seis años en redacción y que había obligado a frenar la construcción de la carretera hasta que finalmente se decidiera si la nueva normativa ambiental le afectaba o no. Muchas eran las expectativas pero pocos los resultados: el Plan de Ordenación, después de la larga espera, no ofrecía ni una sola pista sobre el futuro de la variante sur.
Hecho que enfadó al Ayuntamiento del municipio y que dejó en estado de estupor a la Diputació de València, institución encargada de diseñar y ejecutar la obra. Así, el ente provincial dirigido por Toni Gaspar escribió hasta en tres ocasiones a la conselleria para que se pronunciara explícitamente sobre la idoneidad del proyecto, y aclarase de una vez por todas si el PORN prohibía o no su construcción. La respuesta fue el silencio.
Hasta este jueves. Y es que, después de meses eludiendo un pronunciamiento, la conselleria se ha comprometido a emitir un informe sobre la pertinencia o no de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la carretera, tal y como le pedía el Consell Jurídic Consultiu en su última resolución. En este sentido, el órgano consultivo concluía que presentar una DIA totalmente aprobada y vigente no era suficiente como para seguir adelante con la obra, puesto que esto podría desmerecer el objetivo por el cual se pide el documento en primer lugar: garantizar que la carretera es compatible con la protección ambiental del entorno.
A este respecto, conculía el CJC que la conselleria de Agriculura, como responsable no solo de redactar el PORN sino también de expedir la DIA, era en última instancia la responsable de determinar si el permiso entraba o no en conflicto con las nuevas normas ambientales. Y, en caso de que estimase que la DIA ya no encaja con el reglamento de protección, la Diputació se vería abocada a renunciar al proyecto tal y como está planteado en la actualidad.
No es ningún secreto que la conselleria no quiere que el trazado pase por el recorrido que actualmente se ha diseñado, puesto que en algunos de sus puntos discurre longitudinalmente por el cauce del río. Sin embargo, el departamento de Mollà tendrá que apoyar este rechazo en un informe correctamente justificado sobre por qué la DIA ya no se ajusta a las normas ambientales.
En este sentido, no han sido pocas las veces en las que Agricultura ha instado a la Diputació a buscar trazados alternativos, que tengan menos afección con el entorno del río Túria. Sin embargo, el ente provincial se cierra a discutir cualquier otro proyecto hasta que no haya un informe que valide o desestime el que actualmente se encuentra vigente. Aunque ya han recordado en varias ocasiones que sí que se estudiaron en su momento otros trazados, y que estos tienen un coste territorial y económico muy superior al que finalmente se aprobó.
Sea como sea, la Diputació no adelanta acontecimientos, y esperará a tener el prometido informe en sus manos para hacer consideraciones sobre el futuro de la variante sur. Un proyecto que, en los últimos meses, ha recibido importantes impulsos a pesar de la inacción de la conselleria. Y es que, a finales de 2021 el ente provincial procedió a la expropiación de los terrenos para empezar a construir, procedimiento que le costó más de 300.000 euros.
A pesar de la falta de respuesta oficial a la Diputació de València, la conselleria de Agricultura sí que admitió a Valencia Plaza que el PORN no tiene por sí mismo capacidad normativa para frenar la variante sur de Pedralba. A este respecto, reconocía que todo lo que no está oficialmente regulado en el documento es porque queda fuera de la jurisprudencia del plan. Y este es el caso de la variante sur, que después de seis años de espera no quedaba claramente estimada o rechazada dentro de las regulaciones del PORN.
Ahora bien, tal y como señala Mollà, la prioridad siempre ha sido buscar alternativas, aunque sin un marco legal que ampare esta voluntad solo quedan dos opciones: o bien negociar hasta llegar a un acuerdo con la Diputació, o bien abordar un estudio detallado sobre cómo la DIA vigente podría desafiar los principios de protección del territorio para los que fue inicialmente concebida, tal y como sugería el CJC. Lo cual podría abrir su puerta a su revisión según la nueva normativa mucho más estricta del PORN.