VALENCIA. En estas últimas semanas, la pregunta al Senado por parte del juzgado de Instrucción 18 de Valencia con la petición de confirmación de la condición de aforada de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá ha sido foco de atención por lo que supone como paso previo a la imputación en la Operación Taula. Sin embargo, hace cuatro meses que el juzgado número 16 de Valencia hizo la misma pregunta y no recibió respuesta.
¿La razón? Desde el Senado aseguran a Valencia Plaza no tener constancia de ella. La jueza de este juzgado pidió la acreditación de la condición de Senadora de Barberá en una investigación por un supuesto delito de desobediencia por el incumplimiento de la ley de Memoria Histórica. Después de más de 120 días de espera, el juzgado reiteró la solicitud en febrero con la esperanza de que no se volviera a 'extraviar'.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) aseguran a Valencia Plaza que se envió de oficio, en papel y con valija. Sin embargo, no se acostumbra a tener retorno de la recepción de este tipo de peticiones, sino que simplemente se espera la respuesta, como ocurrió con el juzgado número 18, cuando desde el Senado anunciaron que remitirían por escrito la pregunta al Tribunal Supremo.
El juzgado 16 investiga a la ex alcaldesa por un supuesto delito de desobediencia tras una denuncia por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica mientras estuvo al frente del consistorio, por mantener símbolos franquistas en la ciudad como el Monumento a los Caídos en la Plaza de la Porta de la Mar, escudos anticonstitucionales en centros o en la fachada de edificios de la Guardia Civil, entre otros. Ahora es el Tribunal Supremo quien debe contestar al juzgado valenciano sobre la condición de aforada de la ex edil ya que es el único que puede juzgar a diputados y senadores tras el anuncio del vicepresidente primero del Senado, Vicente Sanz, de que habían recibido la segunda petición.
En el juzgado de Instrucción número 16 de Valencia recayó en su día una denuncia del diputado socialista en el Congreso José Luis Ábalos; el portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, y un abogado contra Barberá por un delito de desobediencia y denegación de auxilio, y subsidiariamente una falta contra el orden público, por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por mantener símbolos franquistas en la ciudad durante su mandato.
Inicialmente, la denuncia se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en abril del pasado año, que se inhibió con la pérdida de aforamiento de la entonces alcaldesa al dejar de ser diputada cuando se disolvieron las Corts en mayo. De ahí, se volvió a formular en el juzgado número 16, que a finales de ese mes, inició diligencias y pidió certificación de si en ese momento Barberá volvía a ser diputada en la cámara autonómica.
A la vista de la acreditación afirmativa, dado que se habían constituido las Corts, el juzgado se inhibió a favor del TSJCV en junio. En septiembre, la sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano se declaró no competente para instruir la causa porque Barberá había sido designada senadora territorial por el parlamento valenciano el 22 de julio, por lo que debía corresponderle el asunto a la sala segunda del Supremo. En este punto, el TSJCV devolvió al juzgado de las actuaciones y la denuncia para que se procediera "conforme a derecho".
