Alarma en los partidos valencianos ante el posible fallo del TC contra tres leyes forales

VALENCIA. La mayoría de los partidos valencianos reaccionaron este martes con preocupación tras el artículo publicado por la Associació de Juristes Valencians (AJV) en Valencia Plaza que alertaba de la inminencia de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) previsiblemente contrario a las tres leyes civiles autonómicas recurridas por el Estado desde 2008, relativas al régimen económico matrimonial, las uniones de hecho y la custodia compartida.

El temor a que se anulen las leyes llega cuando la mayoría de partidos con representación en las Corts y más de 40 ayuntamientos están apoyando una campaña de al AJV para exigir al Gobierno que retire los recursos antes de que el TC emita su fallo. El Tribunal tiene pleno la semana que viene, pero el orden del día no es público y fuentes del organismo no confirman si en el orden del día está la deliberación y votación de estos recursos.

Compromís

Enric Bataller, diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados que junto a Joan Baldoví ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno la retirada de los recursos, calificó la situación de "indignante".

Según afirmó, "el derecho civil es la rama del derecho que está más en contacto con la vida cotidiana de la gente y por eso interesa que esté en manos de los parlamentos autonómicos, que son los que mejor conocen las circunstancias de cada territorio".

"Somos el único territorio del Estado que todavía estamos padeciendo la legislación del Franquismo", afirmó, porque, según explicó, la Constitución permitió la pervivencia de derecho civil autonómico en aquellos territorios que tuvieran compilaciones en vigor o previas a la Constitución. "Las compilaciones de derecho civil que tienen otros territorios son leyes que dio Franco a seis territorios porque sí, padecemos 40 años después las consecuencias del franquismo", manifestó. Añadió que "Galicia, que nunca había tenido derecho escrito, se creó una compilación, y en Valencia ni se recuperó ni se quiso poner en marcha ninguna ley".

Sobre la PNL presentada en el Congreso, cree que se debatirá pronto, posiblemente en dos semanas, aunque para entonces será inútil si el TC ya ha emitido su sentencia.

Podemos

En la misma línea, la diputada nacional de Podemos Àngela Ballester cree que la situación debería haberse resuelto mucho antes. "Nosotros llevábamos la defensa del derecho civil valenciano y la retirada de los recursos por parte del Gobierno en el programa conjunto para las elecciones generales con Compromís", recuerda.

"Estamos totalmente de acuerdo con la postura que mantiene la Associació de Juristes Valencians y, si como apuntan en su artículo, la sentencia va en esa línea, perderemos tanto de manera simbólica como efectiva mucha autonomía, algo que nos dejaría en desigualdad respecto a otros territorios".

Ballester cree que "la situación sería más grave al resolverse los recursos de esta manera tantos años después de ser interpuestos" y asegura que desde Podemos estudiarán "cómo puede afectar a los ciudadanos y y trataremos de hallar vías de solución para defender estos derechos".

PSPV-PSOE

La diputada socialista María Such coincidió en la defensa de las leyes, pero discrepó respecto a la manera de hacerlo con Compromís y PP, que han presentado PNL para instar al Gobierno a retirar los recursos.

"Nuestra postura, y la los diputados del PSPV, es que cualquier ley que genere más autogobierno para la Comunitat Valenciana la vamos a apoyar. Creemos que la mejor propuesta no es hacer una resolución o presentar, como Compromís, una PNL que no se sabe si llegará a debatirse", explicó.

En su opinión, la mejor opción es plantear una reforma de la Constitución. "La mejor forma de conseguir que la Generalitat valenciana tenga capacidad en derecho civil es que se reconozca en la Constitución y que garantice estas leyes", concluyó.

Partido Popular

La diputada autonómica del PP María José Ferrer de San Segundo, autora de la PNL presentada en las Corts en defensa de estas leyes, criticó que "ninguno de los grupos que ahora en el último momento se han sumado al carro, ha cuestionado el error del gobierno socialista que inició la vía de las impugnaciones contra las dos primeras normas valencianas, que son además las más importantes: la de régimen económico y la de custodias. Silencio en estos ocho largos años, complacencia con la decisión socialista y solo reacción ahora para presentarla como de culpabilidad individual de Rajoy cuando no es, desde luego, el único responsable".

Reivindicó que la iniciativa en esta cuestión siempre ha sido del PP y afirmó que "Ciudadanos muestra absoluta ignorancia y falta de respeto a algo tan importante para nosotros como es la capacidad normativa".

En su opinión, "el tema es más complejo que la sola política", y explicó así por qué no se entiende en Madrid la reivindicación valenciana: "El origen del encallamiento problema obedece a una disfunción doctrinal: algún ilustre catedrático de civil opinó que no teníamos competencia, con ligereza de análisis, y lo ha ido transmitiendo a profesores, magistrados, abogados del estado... Y cuando los políticos, de Madrid y a veces también de aquí, les han ido preguntando a esos técnicos, estos, mimetizando, les siguen diciendo a los políticos que no la tenemos, y de ahí los recursos (y la previsible sentencia negativa del Tribunal Constitucional". 

Para Ferrer de San Segundo, la solución pasa por una "lectura flexible" de la Constitución que permita legislar en materia civil a las comunidades que la tengan atribuida por sus Estatutos, aprobados por Ley Orgánica del Parlamento nacional, estableciendo en todo caso las materias que son de reserva estatal. "No tiene sentido que se diga que Aragón o Galicia pueden regular custodias o uniones de hecho porque no perdieron fueros en el siglo XVIII, o se los devolvieron, cuando en esa época no existían esas realidades, por lo que nada regularon sus derechos forales sobre ello", concluyó.

Ciudadanos

La única voz discordante fue la de Ciudadanos, único partido con representación en las Corts que no apoya la petición al Gobierno de que retire los recursos. Según explicó el diputado nacional de esta formación Vicente Ten, "la Abogacía del Estado entendió que las leyes civiles aprobadas en la Comunitat Valenciana podrían ser una injerencia en la competencia del Estado sobre legislación civil, ya que las materias de estas tres leyes no estaban contempladas en el derecho foral preexistente", por lo que, en su opinión, hay que esperar a que se pronuncie el TC. "Respetamos la legitimidad del Tribunal Constitucional, con sentido de responsabilidad, coherencia y constitucionalismo".

Ten aclaró que "lo que se debate no es la idoneidad de la custodia compartida, ni de las uniones de hecho, ni el régimen económico del matrimonio ni, por supuesto, de la legitimación del Derecho Civil Valenciano, sino que la esencia de esta discusión es si se retira o no un recurso en el Tribunal Constitucional, interpuesto por la Abogacía del Estado".

El diputado recordó que el Estatuto dice que se "procurará la recuperación de los contenidos correspondientes a los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la Constitución" y afirmó que "eso precisamente es lo que se debe respetar, y no inmiscuirnos en un proceso constitucional esperando dictamen". "Desde Ciudadanos, como ejemplo, estamos a favor de la custodia compartida y en ocasiones se nos ha criticado duramente", concluyó.