Chirivella: "No recuerdo a ningún valenciano en Madrid que pinte en favor de nuestra tierra"

VALÈNCIA. José Ramón Chirivella preside la Associació de Juristes Valencians, una entidad de la sociedad civil valenciana que se formó hace casi diez años para defender el derecho civil valenciano, batalla en la que continúa, y que en los últimos años se ha sumado con entusiasmo a otras reivindicaciones históricas de la Comunitat Valenciana: Dama de Elche, Llibre dels Repartiments de Orihuela, financiación autonómica, Valencia CF...

Celebrado el Día de la Comunitat Valenciana, en el que todas las reivindicaciones autonómicas se ponen sobre la mesa, Chirivella hace en esta entrevista respondida por escrito un repaso de todas ellas, optimista como siempre ha sido, aunque realista a la hora de analizar de manera crítica el proceder de los políticos valencianos ante los poderes estatales, eso que para abreviar llamamos 'Madrid'. "¿Alguien sabe el nombre del alto cargo del gobierno Mazón que defiende los intereses valencianos de forma permanente en la capital del Estado? ¿Trabaja ese personaje anónimo toda la semana en Madrid o se desplaza de vez en cuando en el AVE de la mañana y vuelve por la tarde?", se pregunta antes de repasar la lista de políticos con mando en la capital que en su opinión "no pintan" en Madrid, en la que está la actual ministra Diana Morant.

A pesar de los reveses, la AJV no tira la toalla. ¿Cómo de optimista o de pesimista es respecto a la recuperación del derecho civil valenciano?-

Tras escuchar al presidente Mazón en su discurso institucional del 9 d'Octubre, en el que indicó que recuperaríamos el Derecho Civil Valenciano "le pese a quien le pese" y mantener varias reuniones con la nueva consellera competente, Salomé Pradas, que por cierto hizo la tesina sobre la primera ley valenciana de familia, la de régimen económico matrimonial, soy optimista. Con una actuación coordinada de políticos y sociedad civil, podemos vencer las dificultades que siempre esgrimen las direcciones centrales de los partidos ante cualquier asunto valenciano. Confío en que reformaremos la Constitución esta legislatura, y que además se aprobarán varias leyes en materia sucesoria y de familia.

¿Para qué necesitamos el derecho civil propio?

Por primera vez en trescientos años, muchos valencianos, probablemente unos 250.000 en estos momentos, tienen respuesta para esa pregunta, ya que les resultan aplicables las leyes civiles valencianas de familia de régimen económico matrimonial valenciano, con novedades trascendentes como la valoración del trabajo en la casa o el establecimiento del régimen de separaciones de bienes en defecto de capitulaciones matrimoniales, o incluso una gran libertad para pactar los cónyuges un régimen específico. La de uniones de hecho, que por fin dotaba de efectos civiles a esta figura de convivencia familiar alternativa al matrimonio, o la de custodia compartida de hijos cuyos padres no conviven, situación que requieren una norma que dote de seguridad jurídica por la trascendencia social que acarrea.

Tras esas experiencias legislativas propias, actualmente anuladas tras las sentencias del Tribunal Constitucional de 2016, pero que siguen desplegando sus efectos para esos 250.000 valencianos que constituyeron relaciones jurídicas al amparo de esas tres leyes, muchos valencianos saben de las ventajas de una normativa civil autonómica aprobada por un legislador cercano, y previsiblemente más ágil que el legislador estatal, para una sociedad tan dinámica y emprendedora como la valenciana, que además de derecho de familia, debería de disponer de derechos civiles del siglo XXI en materia sucesoria, como reclaman las personas mayores, pensionistas, o las organizaciones empresariales. Son herramientas legislativas que nos dotan de una mayor libertad al testar, conseguir la reducción de las legítimas, introducir causas de desheredación..., cuestiones todas ellas con precedentes en la época foral, y que el Anteproyecto de Ley Valenciana de Sucesiones de 2009 incorporaba, al igual que normas en materia de pactos sucesorios, como tienen las otras seis comunidades con derecho civil propio, útiles para la sucesión en el ámbito de la empresa familiar o de las explotaciones agrarias, con el efecto social benéfico, respectivamente, de poder ayudar el empleo en este tipo de empresas que ocupan al 90% de los asalariados valencianos, y evitar el abandono de los campos, cuando son herederos personas sin interés por la actividad agraria.

En definitiva, nos valemos de una reivindicación prevista en el Estatuto para disponer de un derecho civil más moderno que el del Código Civil, que además sirve para corregir una discriminación histórica contra la que los valencianos luchamos desde el año 1707, ya que sin disponer de derecho civil foral no somos en realidad una nacionalidad histórica.

¿Le han decepcionado los políticos valencianos?

Me han defraudado casi todos los diputados socialistas y populares, por su silencio ante el acuerdo de Cuca Gamarra y Félix Bolaños de restringir la reforma constitucional al artículo 49, pese a que la propuesta de les Corts se presentó en el 2020, contaba con la aquiescencia del presidente de CERMI, y era meramente restitutiva de una competencia prevista en el Estatut. Estoy profundamente desencantado con Fernando de Rosa, Eva Ortiz, Ximo Puig o Arcadi España. Solo los parlamentarios de Compromís-Sumar estuvieron esta vez a la altura al plantear la enmienda a favor del Derecho Civil y supieron vencer algunas resistencias, como la del ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, que quería anotarse el tanto de la única reforma de la Constitución en 45 años no impuesta por Bruselas, y además de carácter social, y cedieron el protagonismo a la sociedad civil.

Algunos diputados del PP y PSOE llegaron al esperpento, cuando incluso indicaban del riesgo de introducir enmiendas soberanistas por el PNV, ocultando que no cabe modificación constitucional sin el voto conjunto del PP y PSOE. Creo que casi todos los diputados, como ha verbalizado Mazón, son conscientes del papelón del PPCV y del PSPV en el ninguneo que padecimos hace nueve meses cuando las mesas de Congreso y las del Senado (con Eva Ortiz de secretaria) alegaron falsos argumentos para evitar que se aprobara la recuperación del derecho civil valenciano en el curso de la reforma constitucional del artículo 49, aprobación conjunta aceptada por CERMI, los representantes de las personas con discapacidades. La ministra Morant, como líder del PSPV, debe constreñir a Sánchez y Bolaños a cumplir con los valencianos en materia de autogobierno y financiación autonómica. Compromís no puede fallarnos otra vez, en este contexto político, en que sus votos son más decisivos que nunca. En una reciente reunión con Àgueda Micó encomendamos a Compromís, la bonita tarea para un valencianista de conseguir la derogación formal por el Congreso del Decreto de Abolición de los Furs de 29 de junio de 1707, y de forzar al PSOE a iniciar la tramitación de la reforma constitucional pendiente desde 2020, junto a otras cuestiones vinculadas al letal sistema de financiación autonómica que padecemos los valencianos.

En su reciente visita a La Moncloa, Mazón incluyó la recuperación del derecho civil valenciano como una de las 56 reivindicaciones valencianas. Pero el PP rechazó la oportunidad de recuperarla en la última modificación constitucional en el Congreso. ¿Cómo lo interpreta?

Mazón, tras el abandono del Consell por Vox, ha dicho en un año, mucho más que Puig en los ochos años del Botànic. Reconoció su error al desaprovechar la reforma del artículo 49 de la Constitución y parece que quiere enmendarlo con nombramientos como el de Salomé Pradas. Con su discurso del 9 d'Octubre y su petición formal a Sánchez, algo que nunca hizo Puig, estamos ante un momento político importante, que está obligado a traducir en hechos de forma inmediata. Mientras tanto, todavía estamos esperando disculpas de Diana Morant por su inacción ante las trampas que nos tendió el tándem Bolaños-Cuca Gamarra contra el autogobierno. Agradecemos la reciente reunión que mantuvimos directivos de Juristes con Vicent Mascarell, José Muñoz y Vicent Sarrià trasladándoles nuestras peticiones urgentes, pero es momento de que Diana Morant, asuma su responsabilidad como líder del PSPV ante el PSOE, que para delegada del Gobierno ya tenemos a Pilar Bernabé.

¿Es la reforma de la Constitución la única vía para recuperar el derecho civil propio?

Trabajamos con dos opciones de forma simultánea, diferenciando ámbitos de actuación política: legislar y reformar la Constitución. En el Congreso le corresponde a los cuatro diputados valencianos de Compromís-Sumar forzar al PSOE a iniciar la tramitación de la reforma constitucional. Por otra parte, la aprobación de nuevas leyes civiles depende de la mayoría en les Corts, y estamos a la espera de actuaciones del Consejo Asesor del Derecho Civil Valenciano, para confirmar el compromiso del Consell en el impulso de leyes sucesorias y de familia. Mazón, tras su discurso del 9 d'Octubre, debe pasar de las declaraciones a los hechos para que resulte creíble su giro autonomista.
Con independencia de disponer de nuevas leyes civiles, que difícilmente serían recurribles por el Estado, la reforma constitucional es la única fórmula coherente a la vista de que es una competencia propia prevista en el Estatuto y fundamento del autogobierno. Otros planteamientos como la pretensión doctrinal de aceptar una transferencia competencial, choca con dificultades de toda índole. La mayor parte de la doctrina niega esa posibilidad, recuérdese que ya se transfirió con la Lotrava. Además, estaría sujeta a un potencial control por el Estado al no ser una competencia propia. Pero la opción de la transferencia es reconocer que no teníamos la capacidad legislativa civil, es renunciar al autogobierno previsto en el Estatuto desde el año 2006. Y la dejación de autogobierno requiere una reforma del Estatuto, que como indica el artículo 81, requiere el voto favorable de dos tercios de los 99 diputados de les Corts y con posterioridad, necesitaría un referéndum de todos los electores valencianos. No veo a Les Corts ni a la población valenciana atacando su identidad. Supondría aceptar que no merecemos ser nacionalidad histórica.

¿Cabría plantear una iniciativa legislativa popular para restaurar el derecho civil valenciano?

En el año 2016, tras las Sentencias del Tribunal Constitucional, estudiamos esa vía y optamos por proponer directamente la reforma constitucional a les Corts a través de una previa campaña municipal y de la sociedad civil, que se encuentra a la espera de que el PSOE quiera incorporarla al orden del día del pleno del Congreso. Por tanto, la restauración de la competencia ya está planteada formalmente ante las Cortes Generales.

Las ILP son lentas, costosas, versan sobre materias de competencia autonómica y requieren el apoyo de colectivos muy numerosos y organizados para recoger 10.000 firmas en un máximo de ocho meses. Como digo, la opción de la ILP para la reclamación competencial en este momento es innecesaria al estar viva la petición en Madrid, pero quizás pueden ser la vía adecuada para legislar sobre alguna materia civil muy concreta, como, por ejemplo, incorporar causas de desheredación o restaurar la LREMV con algunas mejoras, o incluso la de Uniones de Hecho. Caso de que no se consolide el giro autonomista de Mazón, es una opción que podríamos plantearnos en el futuro cercano.

La Associació de Juristes Valencians se ha enrolado en otras reivindicaciones históricas como la devolución desde Cataluña del Llibre dels Repartiments de Orihuela, la del Libro Almunia desde Murcia también a Orihuela o la de la Dama de Elche. ¿Cómo de factibles son estas tres peticiones?

Creemos en la cultura del autogobierno, en recordar actuaciones de personajes históricos como Jaume II, Vinatea, o el propio Jaume I, del que en breve se cumplirá el 750 aniversario de su fallecimiento en Alzira. Creo que la Generalitat Valenciana y les Corts Valencianes tienen una deuda con el sur valenciano, las tierras que componían la Gobernación de Orihuela, que incorporó Jaume II al Reino entre 1296 y 1305, que no han recibido la suficiente atención institucional, y especialmente de sus manifestaciones culturales más señeras. Si aplicamos la filosofía del Ministro de Cultura, Urtasun, de devolución del patrimonio museístico a sus originarios territorios, procede la devolución de la Dama a Elche. No parece que el argumento de la perfecta conservación en el Museo Nacional de Arqueología de Madrid sea defendible por un tipo serio como Urtasun, con un carácter diametralmente diferente al de Miquel Iceta, que se asustó a la primera presión de los técnicos madrileños. 

Lo del Llibre dels Repartiments es incluso más sangrante. Se roba del Archivo Municipal de Orihuela en 1907, y en 1921 el librero Salvador Babra, que debería ser conocido entre los valencianos como un expoliador cultural, lo vende a la Diputación de Barcelona, en ese momento presidida por el 'Sabino Arana' del soberanismo catalán, Enric Prat de la Riba, que lo deposita en la Biblioteca de Cataluña, institución que ha negado hasta en cinco ocasiones la devolución a su legítimo propietario, el Ayuntamiento de Orihuela. El PSPV y el PPCV deberían requerir la colaboración de sus partidos hermanos, PSC y PPC, con carácter inmediato. El alcalde de Orihuela debe ser mucho más beligerante en esta cuestión y en el tema de la devolución del Almunia, que es un índice sistemático de los diferentes privilegios de la ciudad en época foral, recopilado por el notario Antoni Almunia en el siglo XVII, y que se encuentra en el archivo municipal de Murcia. En este momento, sólo sabemos que se compró por el Ayuntamiento de Murcia una biblioteca familiar en 1948 y junto con muchos libros vinculados a la historia de Murcia, incluía esta joya del pasado foral oriolano.

Lo más fácil debería ser la restitución del Almunia. Mazón debe conseguir del presidente López Miras su donación o adquisición. Ese primer paso podría ser un buen precedente para convencer al Gobierno catalán de que deben devolver el Llibre dels Repartiments, sino quieren mostrarse como enemigos del autogobierno valenciano. Finalmente, estamos ante el momento propicio para conseguir el retorno de la Dama. El diputado de Sumar por Alicante Txema Guijarro debe liderar esta cuestión ante su correligionario Urtasun. Con un gobierno estatal del PP, me temo que será mucho más difícil.

En su campaña del 9 d’Octubre la Associació de Juristes Valencians cogió la bandera de otras batallas como la financiación autonómica, la quita de deuda, el Trasvase Tajo-Segura o la mejora de las Cercanías? ¿Han pensado montar un partido político?

En realidad, venimos apoyando todas las causas valencianas desde hace más de dos años. Incluso en las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023, hicimos una campaña con el lema "La Agenda Valenciana se juega en Madrid", con una urna en la que se introducía una papeleta con los colores de la senyera, y las cuestiones de la Agenda Valenciana. Trabajamos desde la sociedad civil como los sindicatos, y asociaciones empresariales. Los socios de Juristes tienen ideologías muy, muy diversas, unidos por la consecución de la agenda de urgencias valencianas. Nuestra pretensión es recordar a los representantes políticos que deben defender a sus votantes valencianos, y no plegarse a intereses ajenos. Creo que si estos políticos fallan hay que buscar otros nuevos, pero no es el cometido de la AJV hacer política partidista.

Hemos impulsado el concepto de Agenda Valenciana, para crear sinergias en la defensa de intereses generales para el 90% de los valencianos. La ineficacia, debilidad o el pesebrismo de algunos representantes políticos en las Cortes Generales o en los Ministerios podría justificar opciones diferentes para defender los intereses generales de los valencianos, pero Juristes Valencians nunca promoverá ni dará cheques en blanco a ningún partido político.

También se han sumado al 'Lim go home'...

Hemos respaldado todas las actuaciones de Libertad VCF, compartimos su estrategia de exigir responsabilidades a los representantes públicos municipales y autonómicos, y desde luego es necesario implantar normativa adicional en materia de transparencia y gobernanza en las sociedades anónimas deportivas, lo que requiere desarrollos y modificaciones legislativas que deben aprobarse en las Cortes Generales. Libertad VCF es un movimiento modélico irrepetible en el ámbito deportivo español que nos merece el máximo respeto por su independencia y vigor, por eso les apoyamos siempre. Muchos socios de Juristes lo son también de Libertad VCF.

¿Cuánto pintamos los valencianos en 'Madrid'? 

Políticamente muy poco. Creo que lideres mediáticos como Nuria Roca, Pablo Motos, Arturo Valls, Manuel Vicent..., y empresariales como Juan Roig pueden hacer mucho más por la Agenda Valenciana. Espero que todos se impliquen ante la batalla por una financiación autonómica justa que se puede dilucidar en los próximos meses. Claro que para que pintemos, la Generalitat debe romper la dinámica del Consell de Fabra y Puig y crear un equipo de trabajo que actúe como un verdadero lobby en Madrid ante los ministerios y los diferentes grupos parlamentarios, y también ante las corporaciones con sede operativa en Madrid. Lo hacen sistemáticamente canarios, vascos, catalanes, gallegos, madrileños, andaluces...

Los nulos resultados son lógicos a la vista de la escasa estructura publica para hacer lobby. ¿Alguien sabe el nombre del alto cargo del gobierno Mazón que defiende los intereses valencianos de forma permanente en la capital del Estado? ¿Trabaja ese personaje anónimo toda la semana en Madrid o se desplaza de vez en cuando en el AVE de la mañana y vuelve por la tarde? No recuerdo a ningún valenciano en Madrid que pinte en favor de nuestra tierra, y oportunidades las tuvieron Abril Martorell, Zaplana, Lerma o, en la actualidad, Diana Morant.