MADRID (EP). El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, cree que aumentar del 3% al 10% el límite de participación accionarial a partir del cual los consejeros dominicales pierden la condición de independientes, como sucede en otros países, es "excesivo". Así lo ha puesto de manifiesto durante el VI Foro Anual del Consejero organizado por KPMG, IESE y 'El País', durante el que también ha querido lanzar un mensaje de "amparo" de los consejeros independientes por parte del supervisor.
Albella ha indicado que la CNMV está analizando la equiparación de la condición de los consejeros microdominicales a la de los independientes. En España, los consejeros dominicales pierden la consideración de independientes al poseer más del 3% del capital de la compañía, frente al 10% que establece la mayoría de inversores institucionales en otros países. Sin embargo, el presidente de la CNMV cree que establecer este límite en el 10% es "excesivo" y que deberían manejarse porcentajes inferiores y diferentes en función del tamaño de las compañías.
En concreto, Albella cree que la figura del consejero microdominical no debería "equipararse sin más a la del consejero independiente", sino que podría "abrirse la puerta" a que pudiesen actuar como consejeros coordinadores o permitirles optar a la presidencia del comité de nombramientos y de retribuciones.
Por otra parte, el presidente del supervisor ha señalado que "no es el momento de grandes reformas adicionales" en el ámbito de gobierno corporativo, ya que considera que la Ley de Sociedades de Capital, que se introdujo en 2014 y que está centrada en temas de gobierno corporativo, es "demasiado reciente". "Creo que la estabilidad normativa es un valor relevante y que es preciso dejar que las normas estén vigentes un mínimo de tiempo para extraer enseñanzas y que se produzca el efecto que se quiere con ellas", ha argumentado Albella.
Por otro lado, el presidente del organismo ha animado a los consejeros independientes que se sientan "inquietados o perturbados" a acudir al supervisor en busca de amparo. Según ha explicado Albella, la CNMV tiene potestad para aclarar situaciones y puede ejercer una función de 'naming and shaming' que considera que puede ser "muy útil" como mecanismo de amparo de la independencia de estos consejeros. "Animamos a los consejeros independientes que se sientan inquietados o perturbados en su función a acudir a la CNMV", ha señalado.
En otro orden de cosas Albella considera que las critpomonedas que no pretenden actuar como "meros depósitos" deben estar sometidas a los mismos derechos que los valores negociables, por lo que ha reclamado competencias en este sentido para el organismo que dirige. En dicho foro ha explicado que hay dos tipos de criptomonedas, las puras como el bitcoin, y las que pretenden actuar como valores neociables.
"Lo que defendemos es que el régimen debe ser homogéneo con el de los valores y que, por tanto, la CNMV como supervisor de valores debe tener competencias al respecto", ha indicado. La regulación de criptoactivos debe responder, por definición, a un régimen internacional, por lo que la CNMV está siendo "muy activa" en los foros internacionales como ESMA, la autoridad europea de valores.
"Nosotros, hasta ahora, hemos estado proyectando nuestra actividad solo respecto a los valores representados por medio de títulos y anotaciones en títulos y hay que hacer un poco de esfuerzo interpretativo", ha asegurado el presidente del organismo. Albella considera que las criptomonedas que no son puros depósitos de valor -como el bitcoin- "deben ser consideradas como valores negociables y cumplir con las mismas reglas". En este sentido, ha reconocido que existen "ciertos desajustes" en la normativa debido a que se trata de un fenómeno nuevo, por lo que están trabajando a nivel europeo para abordar esta circunstancia de un modo "coordinado".
La CNMV y el Banco de España trabajan conjuntamente para estudiar el fenómeno de las criptomonedas con el fin de examinar si existen posibilidades para abordar esta realidad o si es necesario proponer propuestas regulatorias ante posibles "agujeros normativos". El supervisor apuesta por equiparar la protección al consumidor en relación con las criptomonedas a las normas de protección dadas al consumidor de valores de inversión.