Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. Un total de 92 alcaldes, concejales, diputados y miembros de la sociedad civil han remitido este domingo al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, una misiva en la que le piden que exija al Gobierno central el permiso para que los ayuntamientos de los municipios más turísticos "ejerzan el derecho de confinarse territorialmente para proteger a sus ciudadanos".
"El gobierno español ha concebido la contención de la pandemia únicamente con un confinamiento domiciliario controlado con multas y presencia constante policial y militar, pero ha permitido el desplazamiento de personas de zonas de alta densidad de contagios como Madrid hacia la costa valenciana, donde la pandemia está más controlada por los servicios sanitarios y por la actitud responsable y cívica que la población ha mostrado en el confinamiento", explican en el escrito.
En este sentido, defienden las medidas que han adoptado algunos ayuntamientos valencianos de "cortar las vías de acceso a sus municipios". "Han actuado de manera lógica y con criterios epidemiológicos para proteger la vida de sus ciudadanos e impedir la expansión incontrolada de la pandemia", justifican. "La decisión del gobierno de España de impedir este confinamiento territorial es un error que costará vidas; su derecho debe ser respetado", añaden en la carta.
Entre los firmantes, se encuentran varios cargos de Compromís, como el senador territorial Carles Mulet o el diputado provincial, Xavi Rius; el exsecretario general y exdiputado de Podemos, Antonio Estañ; el portavoz de Compromís en Benidorm, Pere Beneyto; la concejal de Alaquàs, Consol Barberà; o el concejal de Peñíscola, Vicent Castell, entre otros. También lo rubrican miembros de la sociedad civil como el coordinador de la unidad de neuroinmunología del Hospital La Fe, Buenaventura Casanova; el presidente de Societat Coral El Micalet, Antonio Pardiñas; el músico y sociólogo, Rafa Xambó; o el delegado de Plataforma per la Llengua al País Valencià, Manel Carceller.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal