Algo falla en la cadena: los productos se encarecen hasta un 800 % del campo a la mesa

La noticia es reciente, el dato y el fenómeno son algo más antiguos: la inflación produce una pavorosa subida del precio de los alimentos. El incremento en el escenario económico actual es —según un informe de Facua - Consumidores en Acción publicado el 23 de enero— debido a los intermediarios en el proceso de distribución. El estudio señala el encarecimiento en los supermercados de hasta el 875 % en el precio de determinados alimentos esenciales respecto a su precio en origen.

Pongamos el caso de una fruta cuyo cultivo está muy extendido en Alicante, el limón: a principios de enero el kilo de limones en origen se pagaba a los agricultores a 0,20 euros. De media, el precio por kilo en los puntos de venta este crítico es de 1,79 euros (un 695% más caro). Esta diferencia llega hasta el 875% si se miran las etiquetas del precio más caro observado en los supermercados (1,99 euros/kilo en Aldi y Lidl).

Aceite de girasol, patatas, lentejas, garbanzos, manzanas, zanahorias, peras… nada que sea un lujo o un producto como el caviar iraní Almas, comercializado por  House & Prunier en latas de oro de 24 quilates (a razón de unos 1.500 euros la lata de 125 gramos, lo que pesa un paquete de fiambre de pavo). El informe solo analiza algunas etiquetas, pero la práctica es conocida: sucede en la agricultura y en la literatura (las distribuidoras son las que más porcentaje se llevan por libro vendido). Quien escribe con sus manitas como quien labra la tierra con su arado, quien menos tajada saca.

Allá por el año 2020, en una entrevista de Guía Hedonista a Hèctor Molina enmarcada en el horizonte covid — sueños y esperanzas de aprender de lo vivido; giro copernicano; tiempo para reflexionar; nuevos hábitos de conducta—  Molina maldecía que el modelo de consumo tanto en restaurantes como en hogares era «ir al lineal de un supermercado al por mayor y llenar la cesta con judía de Marruecos, chía de Perú para el rollo healthy y el producto asiático que toque». De esas costumbres, una llamada a la acción: «Si como consumidores no exigimos no va a haber ese cambio». Al respecto, añadía que durante el confinamiento se fomentaba el consumo de las grandes superficies y que estas, que eran (y son) las que más daño están haciendo a la salud de este país eran las que más beneficio están sacando. «Hay que comprarle a un agricultor local porque le encomendamos nuestra salud. El agricultor se deja su pasta en la economía circular, arregla la maquinaria aquí, compra los plantones aquí. Vendamos que ese tiene que ser el modelo para quedarse». Esa chía y judías viajadas nos deberían conducir a una reflexión: ¿si el porcentaje de encarecimiento de los productos analizados es respecto al origen en territorio nacional, qué será lo que se pagan a los agricultores de Marruecos, Nicaragua o Perú?

Una de las peticiones habituales de Facua a los distintos gobiernos es el doble etiquetado para que los consumidores puedan conocer cuánto han cobrado los agricultores por los productos que se venden en los supermercados. «El doble etiquetado ofrecería la posibilidad de conocer qué empresas inflan más sus márgenes de beneficio y cuáles castigan más al sector primario obligándoles a ajustar excesivamente sus precios», consideran desde la asociación.

Desde la ASAJA ( Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), COAG ( Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) indican que «La transparencia de los precios a los que vendemos los agricultores es muy elevada, con datos públicos semanales y otra multitud de fuentes de información. Sin embargo, la información del resto de eslabones no existe de manera oficial y pública. Hay una clara descompensación en este sentido».

Tras sucesivas manifestaciones y protestas —en los años 2020 y 2021 el agro manifestó bien alto su malestar— se modificó la legislación previa y se llegó a la Ley de la Cadena Alimentaria: una norma que cambió el proceso de formación de precios de los alimentos. En lugar de que el precio se fijara de arriba hacia abajo, se hizo obligatorio que el precio se formara de abajo hacia arriba. «La única forma lógica y justa. La ley obliga a que en las operaciones de compraventa se tengan en cuenta los costes de cada eslabón. Ese coste se analiza para cada operador, por lo que tanto los agricultores como las cooperativas deberán analizar y ser conocedores de sus costes», explican desde UPA.

A lo largo del 2023 el Gobierno impuso más de un centenar de multas a multinacionales como Nestlé, Dia y Carrefour por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria. Las sanciones pueden consultarse trimestralmente en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la mayoría de ellas son por venta a pérdida, falta de contratos escritos, el incumplimiento en los plazos de pago y los cambios unilaterales en condiciones acordadas.

La Ley, sobre el papel, contempla como práctica abusiva la destrucción de valor en la cadena. «Cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción. Si el operador realiza la venta final del producto al consumidor en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados». Pero el papel no es la tierra y por lo que vemos en el lineal, algún eslabón de la cadena está oxidado, a nada de quebrarse.