ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que conmina al Ayuntamiento de Alicante a retrotraer el concurso sobre la contrata del mantenimiento de zonas verdes para valorar la propuesta de Geamur no dará por finalizado el litigio sobre la prestación del servicio. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante valoran ya la procedencia de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), así como los efectos que podría tener una hipotética solicitud de ejecución de la sentencia del alto tribunal autonómico. Así, lo ha confirmado este mismo viernes el alcalde, el popular Luis Barcala, en una comparecencia pública, con motivo a la visita de las obras de reurbanización de la calle San Mateo y a la modernización del Mercado de Carolinas.
El primer edil ha señalado que "hay que analizar la trascendencia que tiene la sentencia y la viabilidad de un recurso de casación que tenemos que plantearnos". Así, ha apuntado que "en unos días tomaremos una decisión". En todo caso, ha recalcado que en esa labor de análisis sobre las implicaciones del fallo no solo se debe valorar "el hecho de retrotraer el proceso" al momento de evaluación de las ofertas, si no que también "está la propia prestación del servicio en un contrato que ya lleva un modificado", en alusión a la ampliación contractual por 1,2 millones anuales que se acordó para incorporar el mantenimiento de 18 nuevas zonas verdes generadas en la ciudad desde que se licitó el concurso, en 2018.
En esta línea, ha apuntado que "si retrotraemos el procedimiento, nos quedamos sin el modificado; tiene unas consecuencias que, aún solicitándose la ejecución, el TSJ tiene que modular porque no puede generar un perjuicio mayor que el que supone asegurar el cumplimiento de la sentencia". En todo caso, ha recalcado que "la gran ventaja que hay es que, cuando estamos hablando de una administración, como es el caso, el cumplimiento de la sentencia está garantizado, lo que no ocurre cuando se trata de particulares", ha concluido.
¿Puede llegar a plantearse esa ejecución de sentencia? Está por ver, ya que, a priori, debería promoverla el demandante, que en este caso sería la actual concesionaria del servicio, STV Gestión, que asumió la prestación a partir de enero de 2021. En principio, no parece probable que la empresa que se vería perjudicada por la sentencia vaya a solicitar la ejecución, y existen dudas de interpretación jurídica de que pueda reclamarla Geamur.
Ahora bien, fuentes consultadas inciden en que con la sentencia del TSJ sí que decaería la medida de suspensión cautelar acordada respecto al cumplimiento de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) a su favor, origen del procedimiento. Es decir, que el Ayuntamiento debería promover sin demora el cumplimiento de esa resolución, lo que conlleva volver a valorar todas las ofertas de los licitadores. Además, las mismas fuentes añaden que en el supuesto de que llegue a presentarse un recurso, "probablemente el Tribunal Supremo lo acabaría desestimando en breve por falta de interés casacional".
Las reacciones de la oposición
Entre tanto, la trascendencia de la sentencia del TSJ ha motivado las consiguientes reacciones de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento. En primer término, la concejala del PSOE, Llanos Cano, ha considerado que "lo que ha pasado con el contrato de zonas verdes de Alicante es una muestra más de la ineficacia y de la inseguridad jurídica que genera el gobierno de Barcala. Estamos hablando de la tercera contrata millonaria de la ciudad. Una contrata que estuvo bajo investigación", en alusión a la comisión de fiscalización específica creada al efecto, "y ahora nos vemos con esta situación que a más de uno del equipo de gobierno debe sonrojar".
Cano ha exigido a Barcala "que dé explicaciones públicas porque tras la decisión del TSJ deberá readmitir a Geamur en la contrata de jardines asumida ya por otra empresa. El desgobierno del bipartito acaba de abrir un episodio aún imprevisible cuya única responsabilidad es de este alcalde". Así, ha pedido "que se faciliten las explicaciones oportunas. Nosotros pedimos seguridad jurídica y, sobre todo, información. ¿Qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento? ¿Va a asumir la sentencia del TSJ y va a retrotraer el contrato? ¿Va a interponer un recurso de casación? Queremos saber cuáles son las consecuencias. Si finalmente se va a un recurso de casación y la contrata se adjudica a Geamur preguntamos: ¿qué es lo que va a pasar? Se va a tener que pagar daños y perjuicios por la no adjudicación de la contrata? ¿vamos a tener que pagar el doble de lo estipulado. Queremos claridad y seguridad para la ciudadanía", ha concluido.
