ALICANTE. Más cambios en el futuro de la prestación del servicio público de transporte en autobús. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), prevé aprobar el próximo martes en Junta Local la modificación del documento que servirá de base para licitar su gestión (el denominado Proyecto de Servicio Público) con el objetivo de introducir tres ajustes esenciales. El más novedoso afecta a la venta de los títulos (bonos) que quedará desgajado del contrato de concesión y se licitará por separado, a través de un nuevo concurso para el que se estima un importe de 2,3 millones. El cambio supone aligerar los costes que deberá asumir el futuro concesionario. O si se prefiere, incrementar el presupuesto destinado a la prestación del servicio respecto a los importes dados a conocer hasta ahora, ya que el precio estimado para la gestión de la operativa (el transporte de los pasajeros) se seguirá manteniendo en los 186 millones previstos por los diez años de vigencia del contrato. Es decir, que el coste que el Ayuntamiento tendrá que abonar por la prestación en cuanto se convoquen los dos concursos ascenderá finalmente a 188,3 millones.

La medida obedecería a dos necesidades básicas, según se concretó este miércoles, en el transcurso de una reunión informativa convocada por la Concejalía de Transportes con los representantes de los grupos de la oposición. Por un lado, con el lanzamiento de ese contrato al margen, se trataría de buscar una mayor especialización, de modo que fuese una empresa que dispusiese de recursos tecnológicos específicos para facilitar la distribución de esos títulos la que se encargase de esa labor. Y por otro, se trataría de avanzar en la integración de los títulos utilizados para el pago de otros sistemas de transporte público, como el tren de cercanías o, incluso, el asociado a un futuro sistema público de alquiler de bicicletas, en el que el propio Ayuntamiento continúa trabajando, a través de la Concejalía de Movilidad, tras la realización de una consulta previa de mercado sobre la predisposición de posibles operadores a implantar el servicio. 

Según se concretó durante la reunión informativa, la posibilidad de abordar la unificación de esos títulos bajo un mismo sistema (un sistema que ya funciona en València y su área metropolitana) es más compleja si la gestión de la distribución de esos bonos permanece en manos de un operador del sector, como sucede ahora, cuando la prestación queda asumida por el Grupo Vectalia. El propio concejal de Transportes, Manuel Villar (PP), explicó, a través de un comunicado posterior, que "esta modificación irá aparejada a la firma del nuevo convenio del sistema de bonos de TAM con la Generalitat, que permitirá introducir nuevos títulos y mejoras en el sistema de transporte público en el que participan distintos operadores".

Por lo demás, respecto a ese servicio de venta, en el encuentro también se concretó que será la futura empresa concesionaria la que deba proporcionar al personal encargado de gestionarlo y de disponer de un emplazamiento físico en el que poder expedir los títulos al público interesado (como el que existe en la actualidad). Eso sí, en la reunión también se detalló que esa labor de venta de los bonos podía desempeñarla la propia administración, en el supuesto de que se dispusiese de personal para ello. Con todo, la alternativa por la que se decantaría el equipo de gobierno es la de su externalización para que fuese una empresa con experiencia en el sector la que aportase los recursos tecnológicos indicados.

La segunda de las modificaciones del PSP, ya adelantada por Alicante Plaza, consiste en la revisión de los costes de personal asociados al contrato, tras incorporar las nuevas previsiones salariales de los conductores acordadas en el convenio laboral de la actual concesionaria (Masatusa), el pasado diciembre. Con esas nuevas tablas de emolumentos, los costes laborales aumentan un 4,2% tanto en el servicio regular como en el turibús, lo que supone un aumento de 770.437 y 3.137 euros anuales. O lo que es lo mismo: 6,9 millones en el periodo de 10 años estimado para la nueva concesión.