El fiscal opina que no hay delito pues se trata de un tema de irregularidades administrativas pero no penales y, por otro lado, aplica la doctrina que marcó el Supremo en ‘ritaleaks’ para archivar la parte de las facturas de bebidas
VALENCIA. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado este martes las Diligencias de Investigación Penal que había abierto, a raíz de una denuncia presentada por el PP, sobre unas presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, que fueron detectadas a raíz del informe de un auditor interno que encontró incidencias en la gestión del ente.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, el escrito de archivo se basa en dos puntos diferentes. Desde que saltara el escándalo Divalterra tres personas relacionadas con la empresa han perdido sus puestos. Víctor Sahuquillo, que era uno de los gerentes; José Luis Vera, director de los servicios jurídicos que permanece por el momento apartado de su cargo y Emma Ramón, letrada que estaba como representante de Divalterra dentro de las piezas del sumario que afectan al ente en la Operación Taula.
En cuanto a los motivos del archivo, el primero es el que hace referencia a los contratos firmados entre Emma Ramón y Divalterra sobre los que el fiscal opina que podría haber irregularidades administrativas, pero no penales. La segunda parte es la que afecta a las facturas de bebidas alcohólicas por valor de 252 euros pasados como gastos de representación.
En este caso, el representante del Ministerio Público ha aplicado lo que ya se conoce como doctrina Ritaleaks, en clara referencia al archivo de la denuncia que Comprimís interpuso contra la que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En aquel caso el la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia por considerar que los gastos que hizo Barberá eran con razón de su cargo. Pero además, en el caso de Divalterra el dinero de esas facturas ya se había devuelto a la empresa pública.
Este supone el segundo archivo de una denuncia del Partido Popular en 24 horas, ya que el lunes se cerraba la investigación que afectaba a las presuntas falsedades cometidas por Comprimís durante las elecciones autonómicas de 2015. En ambos casos la Fiscalía detecta irregularidades administrativas pero en ningún caso penales.
La portavoz del PP en la corporación provincial, Mari Carmen Contelles, explicó a mediados del pasado mes de noviembre que el informe del auditor interno cuestionaba, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas como dietas, y señaló en ese momento que las incidencias apuntarían directamente al entonces uno de los gerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo, nombrado por el PSPV y que presentó el pasado 14 de diciembre su cese irrevocable del cargo tras pagar las dietas cuestionadas, por un total de 252 euros. El Consejo de Administración de Divalterra aprobó su cese el 27 de diciembre.
El auditor advertía en su informe de la contratación de servicios sin un contrato/presupuesto firmado entre las partes; compromiso de créditos sin haberse iniciado el expediente de contratación con los documentos mínimos necesarios; o negociación de presupuestos con el objetivo de que ninguno de ellos superara los 18.000 euros, lo que evitaría la firma mancomunada de los dos gerentes, el del PSPV y Compromís, según denunció públicamente Contelles.
Así mismo, se advertía de que Divalterra había pagado más de 90.000 euros por tres contratos suscritos a la letrada Emma Ramón que representó al exalcalde de Gandia, ex jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y ex número tres del PSPV con Ximo Puig, José Manuel Orengo, en otros procedimientos.
Según la denuncia de Contelles, la letrada tiene domiciliado el despacho en el bufete "con un conocido penalista que ha representado al PSPV en muchos procedimientos y sobre el que por todos es conocido la cantidad que se le adeuda". Los contratos contaron con el visto bueno de José Luis Vera, entonces director de los servicios jurídicos de Divalterra.
El pasado 18 de noviembre, el presidente de la Diputación de Valencia anunció que iba a pedir al consejo de administración de Divalterra apartar a Vera, al que pidió "explicaciones convincentes y documentadas" de los trabajos realizados a la entidad pública por Ramón dentro del caso Taula.
Una semana más tarde, el 24 de noviembre, la Diputación anunció que Divalterra iba a sustituir a Ramón, que hasta ese momento defendía a la empresa pública en tres asuntos judiciales vinculados al caso 'Taula', tras haber anunciado la letrada su "renuncia irrevocable".
