VALÈNCIA. Vicente Torres, hasta ahora fiscal Anticorrupción, fue nombrado este jueves magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Torres era el favorito tanto por trayectoria profesional como por currículum de publicaciones y en la votación del Consejo General del Poder Judicial salió victorioso por 13 votos frente a ocho que obtuvo su compañero fiscal José Antonio Nuño de Rosa.
El nombramiento supone un problema logístico para la Fiscalía Anticorrupción, que deberá nombrar a otro fiscal para los juicios que Torres tenía señalados este 2019, así como para las causas que están en instrucción. Dos de esos juicios son de suma importancia. Se estima que el nombramiento de Torres se hará efectivo en el plazo de un mes, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y será a partir de entonces cuando el Ministerio Fiscal convoque la plaza para cubrirlo. En Valencia hay otros dos fiscales Anticorrupción, Jesús Carrasco y Pablo Ponce.
El primer juicio al que no podrá asistir Torres es el que sentará en el banquillo al exvicealcalde de València Alfonso Grau por blanqueo de capitales y cohecho. Según la calificación de Torres, Grau aceptó relojes de alta gama como regalos de un empresario para después cambiarlos por otros más caros, con lo que habría blanqueado dinero B. Torres pidió seis años de cárcel para Grau y un año para el empresario. El juicio está previsto para abril. Según las fuentes consultadas por Valencia Plaza, este juicio no supondrá mucho esfuerzo para el fiscal que se haga cargo de la acusación porque es "fácil" dentro de los temas que habitualmente lleva Anticorrupción.
Otro cantar es el juicio contra el exconseller Rafael Blasco por las piezas II y III del caso Cooperación. Esta instrucción lleva años en los juzgados y en el primero de los juicios (pieza I) Torres consiguió meter en prisión a Blasco. El fiscal ha tratado de llegar a un acuerdo de conformidad para evitar un largo juicio con las otras dos piezas, con un pacto que implicaría solicitar una pena de 2,5 años de prisión en lugar de los 16 que pedía inicialmente. Sin embargo, el acuerdo no se ha consumado debido a que Blasco y el resto de los acusados no han cumplido la exigencia de la Fiscalía de que devuelvan el dinero.
Las fuentes consultadas por este periódico afirmaron que Jesús Carrasco, el decano de Anticorrupción, podría perfectamente hacerse cargo del juicio ya que llevó alalimón la instrucción junto a Torres cuando empezó la causa. Además, Carrasco está considerado como uno de los mejores fiscales, técnicamente hablando, lo que supondría que Blasco se enfrentaría a uno de los totems de esta sección.
En el caso de que Carrasco no pudiera hacerse cargo de una causa tan compleja, la Fiscalía tendría la posibilidad de pedir un retraso en el inicio del juicio, al igual que cualquier imputado cuando cambia de letrado.
El juicio sobre presuntas irregularidades en el Palau de les Arts de València fue suspendido el pasado 8 de enero, cuando estaba previsto su inicio, porque el letrado de la exintendente del Palau de les Arts Helga Schmidt, Carlos Saiz, solicitó a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que lo suspendiera. Argumentó que se había hecho cargo de la defensa de Schmidt hacía solo unos días, pues su anterior abogado se retiró por motivos de salud, y no había podido estudiarse el sumario.
El presidente de la sala, José Manuel Ortega, decretó la suspensión y fijó la fecha de inicio el próximo 4 de noviembre, dada la dificultad para cuadrar fechas entre el tribunal, el fiscal y los letrados de las defensas.
El resto de causas mediáticas que Torres lleva entre manos están todas en fase de instrucción, lo que conlleva que su futuro sustituto o sustituta podrá incorporarse y proseguir la tramitación con más o menos trabajo según el volumen de lo ya instruido.
Las más problemáticas son las tres piezas relativas a la Fórmula 1, tras dictarse el archivo provisional de una de las piezas en la que estaba imputado el expresidente Francisco Camps; el caso IVAM, en el que está investigada su exdirectora Consuelo Císcar, y el caso Avialsa, en el que está imputado el exconseller Serafín Castellano.