Rafael Blasco, exconseller Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La libertad de Rafael Blasco, que este viernes cumple exactamente tres años de prisión por el caso Cooperación, podría estar un poco más próxima. El exconseller y la Fiscalía Anticorrupción han llegado a un acuerdo que le libraría de tener que volver a sentarse en el banquillo para ser juzgado por las piezas 2 y 3 de este caso, en las que se le acusa de fraude en las subvenciones a ONG y desvío de fondos destinados a construir un hospital en Haití. Según ha podido confirmar Valencia Plaza, la Fiscalía ha pactado con él una sentencia de conformidad que implica una rebaja muy sustancial de la pena de cárcel: nada menos que pasar de los dieciséis años que pedía inicialmente a 2 años y medio.
A cambio de su confesión, la Fiscalía habría planteado también facilitar su acceso a permisos penitenciarios, algo que el exconseller, condenado a 6 años y medio de cárcel por la primera pieza de este caso, ha pedido en varias ocasiones.
Cabe recordar que Blasco sí disfrutó de algunos permisos apoyados por la Fiscalía Anticorrupción y en contra del criterio de los fiscales de vigilancia penitenciaria, que una vez recuperaron el control sobre los expedientes de Blasco y el resto de los condenados del caso cooperación se han opuesto reiteradamente a su salida de la cárcel.
La última vez fue esta misma semana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) le denegó el tercer grado penintenciario, al que también se oponía la Fiscalía. La razón fue el "riesgo medio-alto de reincidencia” y el hecho de que el considerado cabecilla de la trama no haya hecho "ni el más mínimo intento" por reparar el quebranto económico causado a las arcas públicas.
la Coordinadora de ONG, que ejerce la acusación particular, considera "inaceptable" el acuerdo entre la Fiscalía y los acusados.
El acuerdo alcanzado ahora con el Ministerio Público incluye también a los otros 23 procesados en estas dos piezas, las únicas que quedan vivas en el caso, con fuertes rebajas en las peticiones de pena que les librarían de entrar en la cárcel. Sirve como ejemplo la revisión de la condena solicitada para el José Luis Mezquita, administrador de una de las empresas supuestamente utilizadas para desviar el dinero de las ONG con facturas falsas, que de los 7 años y cuatro meses de cárcel que la Fiscalía le pedía inicialmente se queda en cuatro meses.
Entre los procesados está la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: la exsecretaria general Tina Sanjuán –en prisión por la primera pieza–y el exdirector general José María Felip; el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo junto a una funcionaria de la Generalitat; o el exjefe de área de Solidaridad Marc Llinares. Para este último, que sería el único que tendría que ingresar en prisión, la Fiscalía pide ahora dos años y tres meses de cárcel a cambio de su declaración de culpabilidad.
Preguntada por este periódico, la Coordinadora Valenciana de ONG, que ejerce la acusación particular junto a la Abogacía de la Generalitat, consideró que este acuerdo entre la Fiscalía y los acusados es "inaceptable".
La entidad explicó que ha solicitado una reunión con la Generalitat para conocer su posicionamiento, pero aclara que el acuerdo de la Fiscalía no les vincula porque ejercen una acusación independiente. Esto es, aunque la Fiscalía haya llegado a un acuerdo con los acusados, si la Coordinadora mantiene su acusación el juicio tendría que celebrarse igualmente, independientemente de la posición que adopte la Abogacía de la Generalitat.
Tras el procesamiento de la antigua cúpula de la Conselleria de Inmigración, la Abogacía de la Generalitat solicitó más de 170 años de cárcel el conjunto de los acusados por actuar como "grupo criminal". Para Blasco pidió una pena de 17 años y 6 meses de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, esta fue fijada en 8 millones de euros, de los que 3 serían por el "daño moral" a la imagen de la Generalitat y el desprestigio del área de la cooperación.
En este punto, el acuerdo no obliga a los acusados a depositar de inmediato cantidad alguna por el dinero presuntamente malversado. La conformidad implica para los principales acusados el compromiso de abonar lo que ingresen por determinados activos que han ofrecido vender.
En el caso de Rafael Blasco, se trata de un chalet en Barraca de Aguas Vivas (Alzira); en el de Tauroni, sus apartamentos de Miami, de los que no podría disponer en este caso al estar pendiente de sufragar la responsabilidad civil de la primera pieza; mientras que Marc Llinares habría ofrecido la venta de un chalet.
Preguntado por el acuerdo entre la Fiscalía y el conjunto de los acusados, el Consell aseguró a este periódico que en el caso de la Generalitat no existe un acuerdo con el exconseller "ni una propuesta en firme, de momento”. No obstante, admitieron tener conocimiento de que "existe la posibilidad" de un acuerdo aún no concretado.
Esa posibilidad pasaría por el ofrecimiento por parte de Rafael Blasco de reintegrar parte del dinero público desviado con la venta de su patrimonio.
