VALÈNCIA. Un total de 14 entidades y asociaciones pertenecientes al Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude han aprobado un decálogo de principios que deben regir la protección de las personas denunciantes y alertadoras de corrupción.
Estos diez principios han sido elaborados por el grupo de trabajo sobre protección de las personas denunciantes y fueron elevados al Pleno del Consejo para su aprobación.
Estos principios inciden en algunos de los aspectos que más afectan a la protección de las personas denunciantes como son la necesidad de asesoramiento, la instalación de buzones de denuncias seguros y accesibles, garantizar la confidencialidad o la prohibición de represalias.
Otros de los principios recogidos hacen referencia a la figura de la persona arrepentida; la admisión del anonimato en las denuncias o alertas, o el establecimiento de sanciones para los represaliadores.
Este decálogo también hace referencia a aspectos que deberían ser recogidos en los trabajos de transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea 2019/1037 de protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión Europea conocida como “Directiva Whistleblowers” .
Así se proponen cuestiones como la delimitación de los doce ámbitos de la protección o la necesidad de que la estrategia de protección se extienda tanto al sector público como privado. El Consejo remitirá el decálogo al grupo de trabajo del Ministerio de Justicia que ha iniciado los trabajos de transposición de dicha directiva.
Las entidades que han suscrito este decálogo son las siguientes:
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
