VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha archivado una denuncia anónima interpuesta contra la contratación de dos jefes de servicio en la Concejalía de Cultura Festiva durante la etapa en la que estuvo al frente el edil Pere Fuset. El denunciante alegaba presunto trato de favor pero el organismo que dirige Joan Llinares no ha encontrado pruebas de irregularidades en este sentido tras la investigación llevada a cabo y resolvió a mediados de este mes archivar la denuncia porque "las conductas denunciadas no presentan indicios razonables de fraude o corrupción".
"El relato incorporado a la denuncia junto con los demás elementos y documentos analizados no permite afirmar que los hechos denunciados sean susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción", reza el escrito adelantado por eldiario.es, que incide en "la ausencia de pruebas de cargo que permitan afirmar con rotundidad la existencia de desviación de poder por parte de personas físicas concretas". El archivo se dictamina así "sin perjuicio de acordar la reapertura" en el caso de que se aporten "nuevos hechos o documentos que así lo aconsejen".
El consistorio abrió el acceso de estas dos plazas a funcionarios de otras administraciones y las tramitó como comisión de servicios. Tras sendos nombramientos, la concejalía de Personal que dirigía Sergi Campillo intentó una segunda prórroga, una intención que frenó la Intervención consistorial al haberse cumplido los dos años que la normativa fija como plazo máximo para la comisión de servicios. Así pues, se convocó un concurso de méritos en los que ganaron los mismos funcionarios y cuyas bases, según el denunciante, "contienen elementos específicos que encajan con las características" de ambos empleados.
El presunto trato de favor se encontraría según la denuncia en la "afinidad" entre ambos funcionarios y la coalición política que representan Fuset y Campillo, Compromís. Algo que el denunciante acreditaba "mediante capturas de pantalla de imágenes obtenidas en internet, y en aplicaciones de redes sociales como Facebook o Twitter, que mostrarían a dichas personas en compañía de conocidos altos cargos en activo del partido político".
"No se aporta ni se ha podido obtener en las diligencias practicadas por esta Agencia evidencia que pueda constituir prueba de cargo de la intencionalidad de las personas físicas concretas de emplear mecanismos legales de forma torticera para conseguir fines alejados del interés general, más allá de los indicios" que señalaba la denuncia, aseguran las conclusiones de Antifraude, quien continúa incidiendo en que "los actos citados han sido adoptados o informados por distinto personal, órganos colegiados y/o autoridades, sin que obre prueba alguna de que alguno de ellos hubiera ejercido presión o influencia en los otros".
Así pues, el organismo que dirige Llinares señala que no se han hallado "irregularidades administrativas más allá de la indebida segunda prórroga de las comisiones de servicio fiscalizadas de disconformidad por la Intervención Municipal y que no se llevaron a efecto". Y sobre las bases del concurso de méritos apunta que fueron "debidamente negociadas en mesa y los procedimientos han respetado los principios de mérito y capacidad, con las reservas que procede hacer al respecto de la inclusión de especificidades que pudieran eventualmente haber supuesto una restricción a la libre concurrencia".