El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. C'est fini. La Agencia Valenciana Antifraude ha cerrado el expediente de investigación sobre los fichajes de dos subdirectores de la Fundación de empleo València Activa. Aunque la Agencia exigía al Ayuntamiento que los altos directivos debían superar un proceso público y de concurrencia para ser contratados, como el resto de empleados, el Ayuntamiento sostiene el criterio contrario. De esta manera, y sin mayor debate, se cerrará el caso que para la Agencia revela varias irregularidades.
En su último informe de investigación, adelantado por Valencia Plaza, Antifraude reconocía que la fundación municipal nombró en 2017 y 2018 a la subdirectora Mar Marín y al subdirector de Emprendimiento Javier Mateo -ahora concejal socialista- sin sostén jurídico y "sin respetar la aplicación de los principios" de mérito, igualdad, capacidad, publicidad y concurrencia de la normativa del empleado público. Hechos que, producidos durante la presidencia de la concejala Sandra Gómez, son para el organismo que dirige Joan Llinares "susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción".
Unas consideraciones que no comparten a nivel jurídico ni el secretario municipal ni el PSPV, que dirige la mencionada fundación vinculada al Ayuntamiento. El habilitado rechaza que la contratación de directivos de la fundación deba regirse por las mismas reglas que cualquier empleado público -mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia- porque las fundaciones son entes de derecho privado.
Aun así, para Antifraude estas conclusiones "no pueden compartirse" y se apoya en las auditorías del Ayuntamiento para insistir en que la aplicación de los principios mencionados es "indiscutible". Un debate jurídico que, por el momento, no ha tenido desenlace, y el Ayuntamiento ha decidido desatender la exigencia de la Agencia para que el fichaje de altos directivos de la Fundación tuvieran que regirse por los criterios de publicidad y concurrencia.
Ello, insiste la Agencia, "supone un incumplimiento" de las recomendaciones realizadas desde el organismo, puesto que a su juicio es "esencial" que la Fundación tenga instrumentos para que la selección de su personal se base siempre "en los principios generales de aplicación al personal empleado público".
Con todo, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento -con el aval del secretario- sólo quedará en un reproche por escrito: como ha ocurrido en otras ocasiones, la Agencia sólo hará constar este incumplimiento en su memoria anual de 2022. Y de esta manera queda zanjado el asunto.
Hay que recordar, en este sentido, que el Partido Popular pidió a la Agencia Valenciana Antifraude que remitiera el caso a la Fiscalía. Concretamente, su portavoz adjunta, María José Ferrer San Segundo, recordó a Antifraude que pese a haber hallado esos indicios, el organismo sólo efectuó "unas recomendaciones de mejora a futuro". E insistía en la misiva en que la ley por la que se rige el organismo le obliga a trasladar a la Fiscalía "de forma inmediata" los casos en los que haya "indicios" de "conductas o hechos presumiblemente constitutivos de delito".
Así, los populares recuerdan que la Agencia sí remitió a fiscalía el caso de las prejubilaciones irregulares en la EMT de València, acordadas durante la época del PP. "Sin embargo, en el presente expediente de investigación no consta notificada al Ayuntamiento ni a la Fundación Valencia Activa, ninguna resolución por la que se acuerde su remisión al Ministerio Fiscal tras afirmarse que los hechos denunciados son susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción", reza la misiva, para concluir pidiendo a la Agencia que cumpla con esta obligación o que informe sobre si ya lo ha hecho. Algo que, por el momento, se desconoce si se ha producido.
