Antifraude cifra en más de un millón el coste de las irregularidades en las prejubilaciones de la EMT

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ratifica las irregularidades encontradas por la actual dirección de la EMT de València referentes al sistema de jubilaciones parciales aprobado por el Partido Popular en 2013. Un fraude que, según la Agencia, habría costado al erario público 1,1 millones de euros al no dedicar fondos públicos presupuestados "a su legítimo fin". La EMT había denunciado al ente dirigido por Joan Llinares que este sistema permitía trabajar 65 jornadas a los empleados prejubilados pese a cobrar el salario de 131 días de trabajo. Ahora, el ente se ha pronunciado dando la razón a la empresa y ha llevado el caso a la Fiscalía.

A raiz de la mencionada denuncia, la Agencia inició una investigación en diciembre de 2017 y ahora concluye que el acuerdo entre la antigua dirección y los empleados es fraudulento porque "se perciben salarios públicos por jornadas de trabajo no realizadas". Según las conclusiones, la EMT suscribía contratos a tiempo parcial con estos trabajadores donde se fijaban las 131 jornadas de trabajo, pero en la práctica se registraban "un número de jornadas notablemente inferior". Incluso se han encontrado dos casos en los que no se ha trabajado ningún día y la EMT ha abonado la remuneración al completo.

Por ello, el organismo ha constatado que en el sí de la empresa se organizó lo que califica de un "sistema de incumplimiento" en torno a las jornadas laborales de estos empleados, cuyo agujero en las arcas públicas ascendería a 1.129.643 millones de euros entre 2014 y mayo de 2018.

Antifraude incide especialmente en el hecho de que se trate de dinero público. Apunta que un empresario particular tendría la posibilidad teórica de abonar salarios por jornadas no trabajadas. Sin embargo, si se hace con dinero de naturaleza pública, "existen fondos públicos que se han desviado de su fin de interés general".

Con todo, los juicios emitidos por la Agencia no hacen referencia a la legalidad o no de reducir la jornada mínima legalmente establecida para la jubilación parcial, -"asunto laboral en el que la Agencia no entra"-, sino al incumplimiento de los contratos, donde se estipulaban las 131 jornadas.

El pacto al que llegaron los sindicatos y la dirección popular de la EMT se alcanzó en 2001, y se ratificó en 2013. La actual cúpula de la empresa, encabezada por el presidente y edil de Movilidad Sostenible de València Giuseppe Grezzi, y por el actual gerente Josep Enric García, llevó a la Agencia estas presuntas irregularidades. Y a raíz de ello se pidió a un tribunal de arbitraje que fallara sobre este asunto. Conocido la pasada semana, el laudo de arbitraje daba la razón a los sindicatos y empleados y daba validez al acuerdo.