Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. Son cerca de 1,4 millones de euros que no tendrían que haber salido de las arcas municipales del Ayuntamiento de València, según la Agencia Valenciana Antifraude. Del total, más de 600.000 euros corresponden a sobrecostes en el servicio de la grúa durante el período en que estuvo sin contrato; y los otros casi 800.000 euros, a los sobresueldos alegales que aprobó el consistorio para ocho ediles el pasado mandato. Todos ellos son "recuperables" para la administración a juicio de la Agencia que dirige Joan Llinares.
El organismo recoge en su última memoria anual todas las actuaciones de investigación y resoluciones emitidas el pasado ejercicio. Sumando todas las irregularidades constatadas en los múltiples casos de toda la Comunitat, Antifraude cree que se podrían recuperar 23 millones de euros, de los cuales 21 son de un PAI en Burriana y 1,4 millones pertenecen a los mencionados casos del Ayuntamiento de València.
Sobre la grúa municipal, la Agencia Valenciana Antifraude concluyó que desde 2017, cuando el Ayuntamiento decidió rescindir el contrato alegando incumplimientos, la compañía estuvo operando fuera de contrato y cobrando unas cuantías mensuales fijas independientemente de los enganches que realizaba en la ciudad. Concretamente, se abonaba cada mes 360.000 euros "de manera absolutamente discrecional" y la compañía en cuestión tenía "garantizados los ingresos mensuales" sin asumir ningún riesgo.
Esta situación se ha prolongado hasta el pasado mes de febrero, cuando el consistorio adjudicó el nuevo contrato a una nueva empresa -tras un concurso fallido el año pasado-. Así, hasta hace dos meses, debido al retraso de la administración, Antifraude considera que se pagaron servicios de más al no estar vinculada la facturación a la actividad real, y que la compañía tuvo unos "beneficios" extracontractuales de más de 614.000 euros.
La Agencia califica en su memoria anual este dinero como "recuperable", es decir, que es susceptible de ser recuperado por la administración municipal de alguna forma. De hecho, entre las recomendaciones que hacía la Agencia al consistorio en su informe sobre esta investigación, se encontraba la de revisar de oficio todos los pagos fuera de contrato, donde se dieron estos sobrecostes. Se desconoce todavía la respuesta del Ayuntamiento y si acatará la recomendación.
Los otros 772.000 euros corresponden a los complementos salariales -sobresueldos- aprobados de manera alegal en 2015. La Ley Montoro obliga a que ocho ediles del Ayuntamiento tengan una dedicación parcial, con un sueldo sensiblemente menor. Así pues, al acceder la izquierda al gobierno municipal, acordó con la oposición que las dedicaciones parciales quedarían en el equipo de gobierno, asegurando así que los ediles de la oposición cobrarían el 100% al tener dedicación completa.
Sin embargo, para ello el ejecutivo local que dirige Joan Ribó aprobó unos complementos no previstos en la ley a los ocho concejales de gobierno que se habían quedado con las dedicaciones parciales, hasta cobrar el 100%. Así pues, en la práctica, todos los concejales de la corporación cobraban el total del sueldo, eludiendo los principios legales, como constató la propia Agencia e incluso confirmó el propio Ribó en un pleno municipal.
En este caso, la Agencia no reclamaba el importe abonado a los concejales en cuestión de manera irregular, aunque sin embargo ahora, en la memoria anual, sí incluye estos pagos como dinero "recuperable". El gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV, ya ha anunciado que no va a devolver el dinero, mientras la oposición mantiene en los últimos meses un perfil bajo sin descartar nuevas acciones.
La portavoz de Grupo Municipal Popular, María José Catalá, señaló al respecto que la memoria anual de la Agencia Valenciana Antifraude "pone en evidencia la gestión del Gobierno de Ribó y PSOE, que es nula, y como dato el nivel inversor que cada año es menor, pero que también es irregular como concluye este informe anual". "Ni recuperan el dinero ni cumplen con las recomendaciones de la Agencia, demostrando una vez la opacidad de un gobierno de los menos transparentes de la Comunitat", sentenció la portavoz del PP.
Así pues, el PP también recordó que de las investigaciones realizadas por Antifraude el año pasado, el 16% afectaron al Ayuntamiento de Valencia, que también es la administración valenciana que lideró en 2021 el ranking con un total de 12 expedientes "concluidos con recomendaciones al detectar graves irregularidades del Gobierno de Ribó".
