Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tendrá que revisar los pagos injustificados al servicio de la grúa municipal fuera de contrato desde el año 2017 y que han costado a las arcas públicas más de 600.000 euros que nunca debieron haber salido. Lo tendrá que hacer si quiere cumplir con las recomendaciones que ha hecho la Agencia Valenciana Antifraude tras estudiar minuciosamente el expediente relativo a esta contrata municipal al hallar diferentes deficiencias e irregularidades.
Concretamente, una de las instancias que hace la Agencia en el informe de investigación definitivo -tras considerar las alegaciones del Ayuntamiento- es que el consistorio del Cap i Casal debe valorar "el inicio de la revisión de oficio de los acuerdos aprobatorios de las indemnizaciones abonadas" porque considera "acreditado" que la compañía que gestiona la grúa municipal "ha obtenido unos beneficios" extracontractuales de más de 614.000 euros desde 2017.
Para comprender el caso hay que remontarse a sus orígenes. El servicio se adjudicó en 2014 tras una licitación pública a la unión de empresas Pavapark-Auplasa. Pero las previsiones económicas no se cumplieron: se preveían 6.000 retiradas de coches mensuales, pero a la postre no llegaban a las 3.000. Por ello, la UTE alegó falta de rentabilidad y pidió el cambio de las condiciones del contrato. El consistorio se negó, ya con la edil Sandra Gómez al frente de la concejalía de Seguridad, lo que llevó a la empresa a reclamar la resolución del contrato.
El conflicto acabó en los tribunales y el Ayuntamiento ganó, si bien las compañías recurrieron. Pero se llegó a un acuerdo que supuso la retirada del recurso: el Ayuntamiento resolvió el contrato con una indemnización para la empresa de 2,5 millones de euros y debía sacar un nuevo concurso en el plazo de un año, pero hasta que se adjudicara de nuevo, el servicio continuaba prestándolo la UTE fuera de contrato y percibiendo un abono mensual de 360.000 euros.
El problema es que todavía no se ha adjudicado el servicio, que se mantiene en dicha situación desde que se rescindiera el contrato, en octubre de 2017: se hacen pagos sin cobertura contractual más o menos regulares en la cuantía pero sin tener en cuenta el número de servicios que presta la grúa sino que el montante de 360.000 euros se paga "de manera absolutamente discrecional" y sin una justificación suficiente por parte de la concejalía de Seguridad Ciudadana, en palabras de la Agencia que dirige Joan Llinares.
Es en este punto donde el organismo fiscalizador halla una de las deficiencias más grandes: el servicio pasó de una situación desfavorable para la empresa, que asumía el riesgo, a otra situación totalmente diferente, desfavorable para el Ayuntamiento y en la que las compañías no tienen ningún riesgo, "teniendo garantizados los ingresos mensuales".
Como publicó Valencia Plaza, si el contrato se hubiese mantenido en las mismas condiciones -la justicia avaló la postura del Ayuntamiento-, se habrían ahorrado 8,4 millones de euros de dinero público, según los cálculos de la Agencia, que calificó el sobrecoste como "un incremento considerable". Es, al fin y al cabo, dinero que se ha pagado de más a la contratista al aplicar el método "discrecional" aprobado por el Ayuntamiento. Pero la Agencia indica que la diferencia entre los pagos que se han hecho y los que esperaba la empresa es menor, de 614.501,85 euros. Y es ese sobrecoste el que considera que hay que revisar.
Pero es que la Agencia va más allá al instar también al Ayuntamiento a revisar "las condiciones económicas" del servicio. Es decir, no sólo lo que ya se ha pagado de más, sino las condiciones para los próximos meses en que se mantiene esta situación extracontractual.
Antifraude pide modificarlas, en primer lugar, por los pagos sin justificación acreditados, y en segundo lugar porque además la UTE ha reducido sus costes directos. Y en ese sentido, el organismo señala que hay que revisar el precio mensual cada seis meses hasta que haya nuevo contrato, y que este debe ajustarse a "los costes reales del servicio, beneficio empresarial y necesidades reales de la prestación".
Otro de los aspectos que el consistorio deberá modificar -si quiere hacer caso a la Agencia- es el aval depositado por la empresa cuando se rescindió el contrato, ya que se calculó en base a 12 meses, el tiempo en teoría se iba a sacar un nuevo concurso pero que se ha incumplido claramente: a fecha de la emisión del informe ya se cuentan 48 meses en situación fuera de contrato. Por ello se considera "adecuado" proceder al "reajuste de la garantía", que presumiblemente supondrá un aumento de la misma.
Y como no podía ser de otra manera, la Agencia insiste en que la concejalía de Seguridad Ciudadana, que ahora dirige Aarón Cano, debe adoptar "las medidas necesarias para regularizar la situación jurídica del servicio", que no es otra cosa que convocar el concurso público y adjudicar el contrato para acabar con "la actual situación de prestación del servicio sin cobertura contractual".
Ciertamente, como ha estado relatando este diario a lo largo de 2021, el consistorio inició el proceso para licitar el contrato en mayo de 2019, casi dos años después de que se rescindiera, y para más inri acabó declarándose desierto al no presentarse ninguna empresa para gestionar la grúa. Por ello, el proceso se ha demorado todavía más: el Ayuntamiento, tras valorar incluso la municipalización del servicio, decidió modificar las condiciones de los pliegos, aumentar el presupuesto, y volver a sacar el concurso. Una decisión que ha aprobado el gobierno municipal recientemente.
Así pues, el servicio sale ahora a concurso por valor 4,7 millones anuales para dos años, a los que después se podrán sumar tres prórrogas de un año cada una. Un presupuesto sensiblemente mayor al del concurso que quedó desierto, y que ofrecía 3,4 millones anuales para cinco años. Así, además de aumentar el dinero, disminuye la atadura temporal entre la futura adjudicataria y la administración municipal tras los problemas que ha habido en los últimos años.
