Antifraude critica que Grezzi mantenga 'a dedo' el Bús Turístic que dio el PP como "regalo"

VALÈNCIA. Siete años después de que accediera la coalición de izquierdas al gobierno municipal de València, la concejalía de Movilidad Sostenible sigue sin sacar a concurso el servicio del Bus Turístic pese a las promesas del edil del ramo, Giuseppe Grezzi. Era algo ya de sobra conocido, pero ahora ha sido la Agencia Valenciana Antifraude la que ha criticado la manera en que el consistorio tiene en funcionamiento este servicio.

Viajes Transvia explota el servicio bajo la marca Valencia Bus Turístic desde 1999 en virtud de una autorización otorgada sin concurso, "a dedo" según denunció el propio Grezzi en 2016. "Un regalo", en palabras del edil, en cuya gestión entró también la firma sevillana Viajes Privilege desde la última prórroga aprobada por el PP en 2015, que ascendía a cuatro años.

El departamento de Movilidad estudió la rescisión de la autorización antes de 2019 pero esto hubiera supuesto, probablemente, tener que indemnizar a las operadoras. Sin embargo, ya desde 2015, el gobierno municipal sabía que tenía la intención de sacar a concurso el servicio nada más finalizase el contrato en 2019. No obstante, llegó la fecha y los pliegos no estaban preparados pese a estar presuntamente casi finalizados en 2016. De esta manera, dicha autorización, tan criticada por el edil de Compromís, sigue vigente a día de hoy tras haberse ido prorrogando año tras año. La prórroga actual finaliza en agosto de este año.

La Agencia Valenciana Antifraude concluye en su informe de final de investigación emitido el pasado 24 de mayo, que la tramitación de estas autorizaciones no "implica un régimen de concurrencia competitiva previa". Es decir, que el servicio se sigue prestando "a dedo", en palabras del propio edil.

Así, y hasta que no haya concurso público, el consistorio no percibe canon alguno por la autorización del Bus Turístic a las dos empresas. Una diferencia respecto a otras ciudades. En Madrid, por ejemplo, la UTE responsable abona un canon de 3 millones. En Toledo el consistorio ingresa un mínimo de 166.000 euros. Datos, todos ellos, del concejal de Movilidad. En València, Grezzi calculó que este canon podría ascender a 500.000 euros, por lo que la suma total para los años de vigencia de la autorización alcanzaría los 7 millones. Y si se tiene en cuenta el dinero que no se ha recaudado desde que caducó la autorización en 2019 por no haberse licitado el servicio, habría que sumar dos millones de euros más.

Bien es cierto, no obstante, que desde el pasado mandato, el gobierno municipal ha empezado a cobrar a las concesionarias una tasa por ocupación del dominio público, aunque no constituye un canon como tal. En todo caso, la Agencia Valenciana Antifraude considera que no es suficiente: el organismo que dirige Joan Llinares subraya que "la fórmula elegida por el Ayuntamiento de València para prestar el servicio" es la que "menos ingresos reporta a las arcas municipales".

En ese sentido, Antifraude insta al Ayuntamiento a que la "prestación del servicio se realice en régimen de concurrencia competitiva". Y para ello, subraya la Agencia, "el régimen de concesión del servicio [...] es el que garantiza de manera efectiva la concurrencia competitiva real" y en consecuencia "mayores ingresos públicos para las arcas municipales".

Incluso la Agencia ha detectado una irregularidad en una de las prórrogas concedidas a Viajes Privilege. La compañía pidió la prórroga quince días antes de que finalizara la que ya tenía, pero estaba estipulado que lo tenía que hacer al menos con un mes de antelación. Sin embargo, dice Antifraude, se autorizó igualmente "de forma irregular" pese a haberse pasado el plazo de la solicitud para la empresa. "Pese a la extemporaneidad de la solicitud, se resolvió conceder la prórroga", señala la Agencia.

Cinco anuncios en cinco años

No han sido pocas las veces que la concejalía de Movilidad, a preguntas de este y otros medios de comunicación, ha dicho que los pliegos para el nuevo concurso estaban en su última horneada y también ha admitido el constante retraso por la falta de personal. En 2016, explicaba que la concejalía había sufrido "cierto atasco" por ese motivo. No obstante, ya en mayo de 2017, un año después de que los pliegos se estuvieran "ultimando", en una entrevista a la Cadena Ser, insistía en que se estaban acabando los estudios económicos, pero tres meses antes, tal y como recogía este diario, el edil había asegurado que los pliegos ya estaban listos.

Tres anuncios que no fueron los únicos en todo este tiempo. Tampoco 2018 fue el año para sacar la licitación. En otra entrevista, en este caso a Valencia Plaza, Grezzi admitió haberse retrasado más de lo que hubiera deseado y repetía que la concejalía estaba "completando los pliegos" y que ese otoño esperaba sacar el concurso público. Hace ya cuatro años de aquellas palabras. En 2019, el concejal de Movilidad se reafirmó y señaló que el concurso todavía no estaba listo pero que se pretendía hacer antes de las elecciones municipales de mayo de ese año. Como es constatable por la existencia de esta propia noticia, la licitación tampoco tuvo suerte.

Pasó el tiempo, pasaron los comicios municipales y Compromís y PSPV reeditaron gobierno municipal. La dirección de la concejalía de Movilidad fue continuista y fue ese año cuando, sin estar los pliegos preparados para sacar la licitación, el departamento tuvo que aprobar su primera prórroga de la 'era Grezzi'. Entonces explicó que había "habido voluntad" pero "no ha habido la misma agilidad administrativa" para concluir "el siguiente proyecto para el bus turístico". El verano de 2020 aprobó la segunda prórroga, y un año después se hizo lo propio por tercera vez. 

El edil aspiraba a tener listos los pliegos en septiembre de 2021 para trasladarlos a la concejalía de Contratación, dependiente de su compañera Luisa Notario, desde donde se tiene que lanzar el concurso público. Por el momento, el concurso no se ha convocado y en enero se aprobó una cuarta prórroga hasta agosto.

"La elevada carga de trabajo del servicio de movilidad ha impedido su tramitación. Cuando los servicios no cuentan con el personal técnico necesario, como consecuencia de padecer durante años los efectos de la ley Montoro y su tasa de reposición cero, bajas médicas de duración prolongada o a jubilaciones cuyas plazas todavía no cubiertas, no es posible determinarlos plazos en los que pueden realizarse determinados trabajos", respondieron desde la concejalía a preguntas de Ciudadanos el pasado mes de enero.