VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha elaborado dos informes periciales sobre los contratos bajo sospecha dentro del caso Erial, que mantiene al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana imputado por, supuestamente, blanquear más de once millones de euros procedentes del amaño de dos contratos. Antifraude ha estudiado los concursos del Plan Eólico y de las ITV, las dos adjudicaciones bajo sospecha. A la vista de las conclusiones de los informes, se confirma lo que sospechaban los investigadores: estaban amañados.
El informe relata cómo se inició el proceso de aprobación del Plan Eólico en julio de 2001, se seleccionaron las empresa a principios de 2002 y, aunque Zaplana dimitió el 10 de julio de ese año al ser nombrado ministro de Trabajo por José María Aznar, se adjudicó en febrero de 2003, bajo la presidencia de José Luis Olivas, a las empresas preseleccionadas. Un proceso que se configuró como un Plan de Acción Territorial, a diferencia del resto de Comunidades Autónomas.
Según el informe sobre el plan eólico, "la convocatoria pública para la adjudicación de unas zonas que han sido delimitadas y predeterminadas para la construcción de parque eólicos, es de dudoso encaje legal en la normativa vigente". Un concurso que se hizo sin un solo informe de los servicios jurídicos, y cuyos criterios para la selección de empresas permitieron que saliera elegida la que ellos quisieron.
Ahondando en esta línea, el informe se remite a una sentencia del TSJ de 2019 que dice que, "cabría preguntarse si esa adjudicación impedía que otras empresas privadas solicitasen autorización a la Generalitat para generar energía eléctrica (...), la Generalitat no estaba autorizada en el ámbito de su competencia a reservar zonas a una determinada empresa".
De hecho, el organismo que dirige Joan Llinares concluye que el concurso se hizo de forma que pudieran salir elegidas determinadas empresas. Entre las peculiaridades del proceso destaca que la Comisión de Selección de las propuestas estaba formada enteramente por cargos políticos: dos consellers, un subsecretario y tres directores generales. Ni un técnico. La presidía el entonces conseller de Industria, Fernando Castelló.
Tanto es así, que explica que los elementos que debían regular el desarrollo de la adjudicación "relegaba a la última instancia (informe técnico) la fijación y establecimiento de los criterios de valoración, hecho gravísimo". Insiste el informe en que la cuestión "reviste especial gravedad" al estudiar que los criterios fueron establecidos "tras conocer el contenido de las propuestas, extremo todo punto contrario a los principios generales de publicidad, concurrencia, objetividad e imparcialidad", puesto que eso permitía a quienes debían hacer la selección de las propuestas "establecer unos criterios ad hoc para priorizar la preferencia de unos u otros proyectos", lo que generaba indefensión en los que se quedaban fuera y, además, posibilitaba "la toma de decisiones de forma arbitraria".
Además, uno de los informes de valoración de las ofertas contiene correcciones y tachaduras respecto a las cifras de uno de los proyectos finalmente seleccionados, Proyectos Eólicos Valencianos, en la que participaba la familia Cotino a través de Sedesa. Los Cotino -el exvicepresidente Juan Cotino y sus sobrinos José y Vicente- están imputados en el caso Erial por, presuntamente, haber pagado comisiones a Zaplana.
Por si esto fuera poco, la Conselleria se sacó de la manga unas "condiciones límite" que no eran conocidas por las empresas y que permitieron excluir determinadas ofertas en algunos lotes. La principal perjudicada fue Renomar. y la principal beneficiaria, Proyectos Eólicos Valencianos, la firma participada por los Cotino.
A juicio de Antifraude, "esta actuación administrativa choca con la legalidad vigente y los usos habituales, de una forma frontal y radical, en los procedimientos administrativos de libre concurrencia". En el caso del Plan Eólico de 2001, al no haberse establecido previamente los criterios de selección, "los promotores no pudieron conocer qué aspectos de sus proyectos iban a ser mejor considerados por el órgano que iba a resolver, no pudiendo presentar sus proposiciones de forma ajustada a lo que la administración iba a considerar como mejores proyectos". Lo que provocó que "se obviaran las garantías más elementales del procedimiento administrativo".
Expone el informe que los criterios empleados en la selección de proyectos "no han sido justificados adecuadamente, otros son aplicados de forma incoherente incluso en el seno del propio informe, y otros han alterado de forma radical la solución de preselección mediante la exclusión de facto de algunos solicitantes". Y añade que alterar los trámites de subsanación y mejora de las solicitudes, y de información pública, "comporta una restricción grave del derecho de defensa de los interesados".
Y ello es así porque el Gobierno de Zaplana concibió esa parte "únicamente para los preseleccionados (con criterios ad hoc)", de forma que se pudieran "ajustar sus solicitudes a lo que el informe sobre la propuesta de selección consideró como lo que era mejor para la administración, hecho que se les negó al resto de solicitantes".
Además, dicen desde la Agencia Valenciana Antifraude que, "el trámite de información pública fue eliminado, realizándose conjuntamente con la publicación de la resolución". Todo este encaje prefabricado llevó a la construcción de un procedimiento administrativo "absolutamente opaco, que no permitió la intervención y la defensa del resto de interesados".
Zaplana pasó ocho meses en prisión tras ser detenido el 22 de mayo de 2018 como presunto cabecilla de una trama que, supuestamente, cobró cerca de 11 millones de euros en dinero B de varios contratos con la administración mientras él estuvo al frente de la Generalitat (1995-2002).
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrearon el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.