Antifraude insta a los nuevos concejales a ejercer la transparencia "no cosmética"

VALÈNCIA. La transparencia ha sido una de las banderas con las que la izquierda alcanzó el gobierno de la Generalitat Valenciana y numerosos ejecutivos municipales. También ha sido uno de los ejes de campaña de Ciudadanos. En estos cuatro años, en el ámbito autonómico se creó la Agencia Valenciana Antifraude. Y el organismo que dirige Joan Llineares, ahora, tras los comicios municipales del 26M y a tan sólo cinco días de que se constituyan los hemiciclos consistoriales, ha optado por prevenir antes que tener que curar más tarde y ha emitido unas recomendaciones a los concejales recién electos para "fomentar la cultura de la prevención" y no traspasar "la fina línea gris hacia el fraude y la corrupción". Hablando en plata, para que no confundan intereses generales y públicos con interesas particulares y privados.

Con este propósito, insta a los nuevos ediles a ejercer una transparencia "no cosmética". "Sirvan ustedes de ejemplo", aconseja, publicando sus agendas, las conclusiones de los debates relevantes y el catálogo de procedimientos y servicios prestados, pero sin caer en "la tentación de apuntar las dianas hacia los mediáticos puntos débiles de su institución".

Uno de los valores institucionales que puede estar en peligro es la credibilidad, por lo que la Agencia apela a la objetividad y a la imparcialidad propia de los funcionarios para destacar su figura como apoyo de los gestores políticos. En ese sentido, aconseja a los segundos hacer valer los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo municipal para garantizar "servidores públicos sin injerencias externas". La aplicación de estas máximas es algo que se está cuestionando desde algunos sectores, por ejemplo, en la elección del director del Centro Mundial de la Alimentación Sostenible de València, con dos recursos a las espaldas.

Pide en esta línea que resulte "ejemplar" el fomento de una "contratación íntegra", huyendo de incompatibilidades o absteniéndose en caso de formar parte de una mesa de contratación en la que se presenten personas relacionadas o familiares. "Y lo mismo sucede cuando estemos ante la decisión de conceder subvenciones públicas", añade.

Para detectar posibles corruptelas, la Agencia de Llinares recomienda a los ediles, tanto del gobierno como de la oposición, prestar atención a los informes sobre el coste de los servicios públicos que prestan entidades locales y empresas del sector público. "Recuerden -prosigue- la prohibición de crear consorcios, sociedades o entidades instrumentales teniendo su entidad vigente un plan de ajuste".

Derecho a la información de los concejales

Los concejales electos, por el hecho de serlo, tienen derecho a la información de expedientes, documentos, actas y otros documentos. Un acceso "privilegiado", resalta Antifraude, que implica actuar con "sigilo" y respetando la información "sin darle publicidad ni en redes sociales, ni en prensa". Asimismo, apunta que la "legitimidad activa" para impugnar un acto se gana cuando se vota en contra. Si un edil se abstiene, o vota a favor, perdería esta legitimidad.

Una de las tareas de los miembros de la corporación es depurar responsabilidades, añade, cuando se den infracciones, "y aunque pueda ser dura, es muy necesaria para su componente disuasivo y ejemplarizante". El objetivo último: proteger los intereses públicos.

A los antiguos ediles: no aten asuntos antes de irse y den toda la información

Mientras que se produce el traspaso de poderes entre los antiguos miembros de la corporación y los nuevos, la Agencia Antifraude les recuerda la conveniencia de no aprovechar este período para comprometer las decisiones importantes que "pasarán a manos de los miembros entrantes". Es más, pide que en este impás, se prepare toda la documentación relativa a los asuntos más importantes. "No deben pensar en ocultar información sino en cooperar", les insta; "es un buen ejemplo de integridad pública y refuerza la imagen y reputación de la institución".

Además, les envía otro mensaje: aquellos que abandonen una concejalía están sujetos a la limitación de dos años al ejercicio de actividades privadas que prevé la legislación. Y a los que entran: deben presentar sus respectivas declaraciones de intereses, posibles incompatibilidades, y bienes patrimoniales y de participación en sociedades, etcétera. Estas declaraciones, subraya, "son mucho más que una mera formalidad: suponen un instrumento clave de detección de situaciones de conflicto de interés".