Fachada de la Diputación de Valencia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Divalterra vuelve a ser, para pesar de muchos cargos en la Diputación de Valencia, centro de polémica. La Agencia Antifraude investiga, según ha podido saber Valencia Plaza, el intento de revocar el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos de la empresa pública tras la presentación de un recurso por el aspirante que quedó en segundo lugar.
La entidad ha abierto un expediente después de una denuncia procedente del propio tribunal del proceso –es posible que no sea la única interpuesta– y ha otorgado el estatuto de protección del denunciante a la persona que acudió a detallar posibles irregularidades.
Además, ha trasladado la documentación a los encargados del caso Alquería con la decisión de la protección del denunciante, también testigo en esta causa que acaba de darse por finalizada. El juez dictó el pasado miércoles auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de Valencia y otros 14 cargos por una contratación "simulada" de un total de nueve directivos en Divalterra entre noviembre de 2015 y febrero de 2018. Algo que conllevó, de acuerdo con el magistrado, un posible desvío de 1,12 millones de euros de fondos públicos "en favor de unos particulares" y "por puros intereses de índole partidista" en el reparto de cargos entre las dos formaciones en el poder: PSPV y Compromís.
Lo ocurrido ahora en la empresa pública, y a la espera de saber en lo que puede estar relacionado con el caso Alquería, fue desvelado por este periódico la semana pasada. El presidente del Consejo de Administración de la firma, el diputado socialista Ramiro Rivera, ordenó a mediados de enero suspender el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos –cerrado el 15 de diciembre–.
El movimiento generó un importante revuelo en la Diputación y muchas voces no lo consideran justificado. Algunas creen que existen intereses en desbancar a la candidata ganadora, Eugenia Fernández –con una amplia trayectoria en RRHH del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)–, que ya fue contratada y entró a trabajar el 18 de enero.
Aparte de estas suposiciones, la mayor discrepancia en los diversos criterios que existen ahora mismo se encuentra en si el aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena –quien estuvo al frente de Recursos Humanos del Hospital General de Valencia–, tenía derecho o no a presentar un recurso con el proceso cerrado.
Las bases de la convocatoria establecían que, una vez finalizadas todas las fases –en las cuales se pueden presentar alegaciones que han de ser respondidas–, el tribunal tenía que trasladar la propuesta de nombre al gerente de Divalterra para su contratación. Y así se hizo el 15 de diciembre.
El candidato que quedó segundo, sin embargo, presentó un recurso el 12 de enero donde solicitaba la suspensión del proceso. El 15 de ese mes, el presidente de la empresa pública trasladó al gerente su intención de paralizarlo, al tiempo que pidió un informe al jefe jurídico, José Luis Vera. Documento del que se sirvió para volver a pedir la suspensión el día 19 con la nueva jefa de Recursos Humanos recién incorporada.
Vera, que el 28 de diciembre fue nombrado en un consejo extraordinario director de los Servicios Jurídicos, Prevención de Riesgos Penales y Transparencia, emitió un informe el 17 de enero en el mismo sentido de lo que anticipó el presidente. Esto es, que se tomara la medida cautelar de suspender el proceso.
En él destacaba la complejidad del asunto porque el gerente de la empresa pública no obedeció la orden de paralizarlo por parte de Ramiro Rivera y contrató a la trabajadora. Además, daba un plazo para presentar alegaciones a todos los finalistas –tres en total– hasta este jueves 4 de febrero.
Según su relato, el candidato José Fambuena pidió a la empresa el expediente para poder presentar su recurso sin que ésta le respondiera ni frenara el nombramiento de la ganadora. Motivos, todos ellos, por los que aboga por la mencionada suspensión cautelar por un principio de prudencia y para evitar perjuicios a todas las partes.
Nada de esto resulta válido, sin embargo, para otros cargos de la empresa, que recuerdan que, pese a ser pública, se rige por el derecho privado, tal como reflejan sus propios estatutos. Esto significa que los procedimientos habituales en la administración en el caso de un concurso para selección de personal no tienen aquí la misma aplicación, de manera que los aspirantes no podrían presentar recurso.
Debido a que las bases establecen que el tribunal eleva al gerente la propuesta –tras recibir alegaciones y responderlas– y él procede a la contratación directa de la persona, la única vía para reclamar sería la judicial.
Al margen de esta disparidad de criterios en unos hechos que, por ahora, se investigan en la Agencia Antifraude, la tensión política se incrementa en la Diputación. Tanto PP como Ciudadanos solicitaron el acceso al expediente de todo este proceso. A ambos se les dio cita un día determinado, según diversas fuentes, pero llegados al momento de la consulta, se les ha negado por orden del presidente de Divalterra, que justifica la decisión en que ha de autorizarlo Vera.
