Ramiro Rivera, en el centro, tras ser elegido presidente del Consejo de Divalterra.El máximo responsable de la empresa pública trata de suspender la elección del tribunal pese a que ya se cerró. La afectada recibe la comunicación solo dos días después de incorporarse al puesto.
VALÈNCIA. Los capítulos sobre polémicas parece que no tienen fin en la empresa pública Divalterra. Y el último ya provoca incredulidad entre muchos de los 'habitantes' de la Diputación de Valencia. El presidente del Consejo de Administración de la firma, el diputado socialista Ramiro Rivera, ha tratado de revocar el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos después de que hubiera finalizado y ella ya estuviera contratada. El motivo, poco convincente para algunos representantes en el órgano, es que otro aspirante impugnó la decisión.
Todo comenzó el pasado julio, cuando el Boletín Oficial de la Provincia publicó el anuncio de convocatoria de un proceso de selección para la cobertura del puesto de jefe de Recursos Humanos mediante contrato indefinido y una retribución de 54.263,85 euros brutos anuales. El tribunal estaría conformado por varios jefes de servicio de la corporación provincial y las bases, así como las puntuaciones en la valoración de méritos y en la entrevista personal de los candidatos, se exponían en la web de Divalterra. Una vez el tribunal, tras cada una de las fases, eligiera a una persona, elevaría la propuesta al director gerente de la empresa pública, quien la aprobaría mediante la firma del acuerdo de contratación. Asimismo, las alegaciones o reclamaciones se dirigirían al órgano de evaluación.
Y así se cumplió todo. En total, se presentaron 16 aspirantes, de los cuales 5 fueron admitidos. El 15 de diciembre se conocieron los resultados oficiales: tal como consta en el acta emitida ese día, resultaba vencedora Eugenia Fernández –con una amplia trayectoria en RRHH del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)–, quien obtuvo una puntuación de 88,21. Quedaba en segundo lugar José Fambuena, quien estuvo al frente de Recursos Humanos del Hospital General de Valencia, con una puntuación de 81,36.
El tribunal trasladó entonces la propuesta de Fernández al gerente de Divalterra para su contratación. Ya el 18 de enero, la nueva jefa de RRHH se incorporó a su puesto con normalidad. Pero la sorpresa llegó solo dos días después, cuando, de acuerdo con fuentes de la Diputación, se le comunicó que el presidente del Consejo de Administración suspendía el proceso de selección cerrado poco más de un mes antes. La causa era que el candidato que había quedado en segundo lugar impugnó el resultado.
El movimiento ha causado extrañeza dentro del propio Consejo, conformado por miembros de los grupos políticos con mayor representación en la corporación (PSOE, PP, Compromís y Ciudadanos), además de otros cargos. De hecho, la presidenta del comité de empresa, Ruth López (perteneciente al sindicato CSIF), emitió el pasado 21 de enero un escrito en el que expresaba de forma contundente su malestar con lo sucedido. La comunicación estaba dirigida al presidente del Consejo de Administración de Divalterra, Ramiro Rivera, al propio órgano al completo y a otros responsables de la empresa pública.
"No entendemos ni compartimos que a un trabajador/a contratado, y después de un proceso de selección, se le 'suspenda cautelarmente'. Desde esta sección sindical consideramos que esa figura solo la puede decidir un juez y en ningún caso se puede utilizar fuera del ámbito judicial, ya que en la legislación laboral no existe dicha situación", expresaba. En caso de que un candidato quiera impugnar un procedimiento de selección, destacaba, tiene una vía: la judicial. Esta es precisamente una de las cuestiones que más destacan las fuentes consultadas por este periódico. Y es que, a diferencia de otros procesos en los que se puede recurrir en vía administrativa antes de acudir a la judicial, este no es el caso, de modo que únicamente queda la segunda opción.
"Durante el proceso de selección, los candidatos/as tienen, como no puede ser de otra manera, plazos y tiempos para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Y el tribunal ha de resolverlas en tiempo y forma. Una vez resueltas, si el candidato/a no está de acuerdo con las mismas, debe remitirse a la misma vía anteriormente mencionada, la judicial", proseguía la representante de los trabajadores en el escrito. A lo que añadía que, una vez concluido el procedimiento, y según establecen sus bases, el tribunal eleva al gerente sus conclusiones. "Y solo él es el que debe realizar la contratación del candidato/a seleccionado. En ningún caso es el presidente del Consejo de Administración el que decide o no la contratación de un trabajador/a", indicaba.
Finalmente, advertía de que el intento de suspensión "lesiona gravemente los derechos de, en este caso, la candidata, y pone en tela de juicio todos los procesos selectivos, pasados, presentes y futuros, así como el procedimiento de selección de personal de Divalterra". "Esta sección sindical considera muy grave esta situación y nos retrotrae a otras épocas que pensábamos ya superadas. Los trabajadores/as de Divalterra no nos merecemos pasar por situaciones que comprometan la honorabilidad de nuestra empresa, nuestro trabajo y, lo más importante, nuestros puestos de trabajo", lamentaba.
Por todo ello, solicitaba la entrega inmediata de todas las actas, reclamaciones y documentación relativa al procedimiento, así como las explicaciones pertinentes por parte de todos los implicados.
Por el momento, no consta respuesta de los responsables políticos, mientras la polémica ya se extiende en la empresa pública. Desde el PP, según comentan, estudian el asunto y prevén impulsar alguna iniciativa para averiguar las razones reales de lo ocurrido. Las cuales se unirían a las otras llevadas a cabo por otras polémicas recientes, como las indemnizaciones excesivas a los exdirectivos de Divalterra investigados en el caso Alquería, que también afecta a la firma.
