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ocho ediles con dedicación parcial cobraron un extra que les igualaba el sueldo al resto

Antifraude investiga el pago de complementos a concejales de València la legislatura pasada

Foto: KIKE TABERNER
15/06/2020 - 

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación sobre la legalidad de los complementos salariales que recibieron ocho concejales del Ayuntamiento de València en la pasada legislatura (2015-2019), unos complementos que en la práctica burlaban las limitaciones impuestas por el Gobierno a los sueldos públicos durante la crisis.

Como publicó Valencia Plaza en julio de 2019, ocho concejales del Consistorio que tenían dedicación parcial percibieron durante los cuatro años de la legislatura pasada un complemento que igualaba su sueldo a los ediles con dedicación completa. Este sobresueldo, aprobado en julio de 2015 y al que la Intervención General dio su conformidad, vulneraba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que fijaba unos límites a los sueldos de los ayuntamientos.

La conocida como 'ley Montoro', que se aprobó para limitar los gastos de las entidades locales, establece que una parte de los concejales debe tener obligatoriamente dedicación parcial. En el caso de València son ocho de los 33 ediles los que no pueden tener dedicación exclusiva. Al inicio de la legislatura se eligieron los ocho nombres que tendrían una dedicación parcial del 75%, todos pertenecientes al equipo de gobierno.

Parte de los concejales que cobraron el complemento. Foto: MARGA FERRER

Los ocho elegidos eran los tenientes de alcalde Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello –todos ellos de Compromís–, Sandra Gómez, Vicent Sarrià –ambos del PSPV– y María Oliver, de Podemos.

Su sueldo debía ser el 75% del que les correspondería si trabajasen con dedicación exclusiva, pero el Consistorio aprobó que, "teniendo en consideración las responsabilidades en la acción de gobierno que deriva del desempeño de las tenencias de alcaldía", cobrasen "un complemento de especial responsabilidad" hasta alcanzar el 100%.

En euros, esto supuso que los ocho ediles percibieron cada año entre junio de 2015 y junio de 2019 un salario bruto de 74.341,18 euros, del cual el 25%, 18.585,30 euros, correspondía al complemento presuntamente irregular. Esto hace un total a lo largo de la legislatura de 74.341,2 euros por concejal y 594.730 euros de gasto indebido para el Ayuntamiento, que no ahorro un solo euro para los valencianos en contra de lo que preveía la ley.

Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude. Foto: KIKE TABERNER

Según ha podido saber Valencia Plaza, la investigación de la Agencia Antifraude no es de oficio sino a partir de una denuncia. El organismo que dirige Joan Llinares ha solicitado al Consistorio un informe sobre dichos sobresueldos, que deberá redactar el Servicio de Personal.

Estos complementos dejaron de cobrarse al acabar la pasada legislatura, en junio de 2019, porque al inicio de la actual los servicios jurídicos municipales informaron que no se podía hacer porque suponía un fraude de ley. La Intervención había validado en 2015 estos complementos no mediante un informe pero sí dando su conformidad a los sueldos que se iba a aprobar al principio de la legislatura. 

Tras los reparos de los servicios jurídicos en 2019, el gobierno municipal que preside Joan Ribó decidió que fueran ocho concejales de la oposición los que no tuvieran dedicación completa. Son cuatro del Partido Popular: Juan Giner, Santiago Ballester, Julia Climent y Carlos Mundina; tres de Ciudadanos: el portavoz, Fernando Giner, Rafa Pardo y Javier Copovi, y uno de Vox, el portavoz, Pepe Gosálbez.

Joan Ribó con el secretario del Ayuntamiento hasta 2019, Pedro García Rabasa. Foto: MARGA FERRER

Aún así, no está claro que se esté cumpliendo del todo la ley, porque los ediles con una dedicación parcial del 75% están cobrando el 93% del sueldo que les correspondería por dedicación completa, lo que, como publicó este periódico, vulnera la interpretación de la ley que hizo el propio Cristóbal Montoro, así como el Consell Jurídic Consultiu, en el sentido de que el porcentaje de sueldo a cobrar debe ser el equivalente al porcentaje de tiempo de dedicación al trabajo.

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