Antifraude pide responsabilidades por 900.000 euros en pagos sin contrato en el Ayuntamiento

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha vuelto a dar un nuevo toque de atención al Ayuntamiento de València en la gestión de sus contratos y en los pagos realizados sin sostén contractual. En este caso, el organismo que dirige Joan Llinares ha detectado irregularidades en pagos sin contrato con la Fundación Amigó desde el área de Cooperación del consistorio, que ahora dirige Maite Ibáñez, si bien hasta 2019 era responsabilidad de la edil Neus Fábregas.

"Sin cobertura jurídica contractual, recurriendo al procedimiento de enriquecimiento injusto, se han estado realizando pagos a la Fundación Amigó por los diferentes conceptos [...] un total de 912.352,96 euros correspondientes" a los años entre 2018 y 2021, recalca la Agencia entre las "conductas irregulares detectadas" en la investigación practicada sobre este caso.

Sobre ello, el organismo de control autonómico trae a colación los diferentes informes elaborados por la intervención municipal en cada pago en los que señalaba que el encargo realizado a la fundación se había hecho "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" y se formalizó "con omisión de la preceptiva fiscalización previa del gasto".

Por todo ello, la Agencia Antifraude insta al Ayuntamiento de València a valorar "posibles responsabilidad internas" con "la apertura de expedientes internos para analizar la procedencia" de estas 'sanciones' al personal municipal. En esa línea, Antifraude reconoce que los informes municipales indican que "no sería pertinente la revisión" de los pagos, pero "no se exime de la exigencia de responsabilidades que en su caso hubiera lugar".

Todo se remonta a 2016, cuando el Ayuntamiento firmó un contrato para la gestión de 20 plazas de viviendas semituteladas para inmigrantes con la Fundación Amigó. Su finalización en 2020 sin haber formalizado un nuevo contrato supuso que la fundación continuara prestando el servicio fuera de contrato, algo no tan extraño en servicios que se consideran irrenunciables.

Por otro lado, en 2018, el departamento municipal planteó otorgar una subvención a la mencionada fundación por la atención integral a familias de protección internacional, pero los servicios jurídicos lo paralizaron al considerar que esto debía hacer mediante un contrato y no con una subvención. Desde entonces, "pese a no existir ni contrato ni convenio se procedió al pago de las facturas presentadas" por la organización.

En 2019 la concejalía admitió estar "preparando el contrato de servicios para su tramitación" pero se continuó prestando el servicio sin contrato porque no hacerlo suponía un "grave perjuicio" y porque hasta el momento se había acreditado que el servicio se había prestado "correctamente a pesar de no haberse formalizado el correspondiente contrato".

Así, Antifraude cifra en más de 900.000 euros el dinero que el Ayuntamiento de València desembolsó a la mencionada fundación por los servicios prestados amparados sólo en facturas y no en un contrato como fija la normativa.