VALÈNCIA. (EP). El pleno de las Corts ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto el PP que se ha abstenido, la Ley de Seguridad Ferroviaria que establece las normas y procedimientos de carácter preventivo y correctivo, destinados a promover la seguridad ferroviaria en la Comunitat para evitar o minimizar accidentes como el acaecido en la línea 1 de Metrovalencia el 3 de julio de 2006 en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
Para ello, crea la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios y adscrita a la Conselleria de Obras Públicas, que será la autoridad responsable de la seguridad del sistema ferroviario, y velará por el mantenimiento general de la seguridad en la circulación, mediante la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores.
Además, contemplará multas de hasta 380.000 euros para las infracciones consideradas como 'muy graves'. Asimismo, penalizará con hasta 38.000 euros las 'graves' y con hasta 7.500 las 'leves'.
Al debate parlamentario han asistido miembros de la Asociación de Víctimas de Metro 3 de Julio (AVM3J), quienes han recibido las felicitaciones de la mayoría de grupos parlamentarios por la reapertura del caso sobre el siniestro.
La parlamentaria de Cs María José García, quien ha mostrado su apoyo a los familiares de las víctimas y ha destacado su "entereza y tenacidad para aclarar la verdad", ha admitido que aunque no existe el control absoluto, los accidentes tienen causas naturales y explicables y, por tanto, "es posible actuar para evitarlos o mitigar sus consecuencias".
A su juicio, "posiblemente con un mayor control de la seguridad del tren y mantenimiento de las infraestructuras se podía evitar o minimizar los efectos del siniestro de 2006". Por ello, ha reivindicado que esta norma era "un paso necesario para aumentar la seguridad del sector ferroviario", aunque ha lamentado que hay reivindicaciones del sector que se han quedado fuera del texto
Igualmente, Antonio Montiel de Podemos ha puesto en valor la "tenacidad" de la AVM3J en la "búsqueda de la verdad" y ha felicitado a los familiares por la reapertura del caso. Respecto a la norma, ha lamentado "la falta de diálogo y consenso" por las "prisas".
A su juicio, las tres principales carencias del texto son la falta de un contrato programa que regule los servicios, un libro blanco de seguridad ferroviaria y una auditoria de FGV para que deje de ser "un pozo sin cabeza".
Sin embargo, ha considerado que durante el trabajo parlamentario se ha mejorado "sensiblemente" el documento, especialmente en lo que se refiere a los trabajadores y el factor humano que ha dejado de ser contemplado como "un recurso y una pieza de maquinaria".
Asimismo, la diputada de Compromís Cristina Rodríguez ha valorado que con la norma "se da respuesta" a una reivindicación para evitar sucesos como el de 2006. "Hoy es un día para mirar hacia el futuro y felicitarnos por la reapertura del caso. Gracias a la asociación por perseverar y no rendirse", ha señalado para destacar que el texto ha recogido "numerosos acuerdos" y exigencias sindicales
Así, ha manifestado que espera que la norma sirva para que la seguridad en el transporte "no se vea nunca más como un exceso de gasto público y los políticos no miremos nunca más para otro lado en este asunto. El transporte público debe ser seguro para las personas que trabajan en él y para los usuarios", ha defendido.
Para Ana Barceló, del PSPV, se trata de una "buena ley, fruto del compromiso político" y que recoge aportaciones de expertos, sindicatos y profesionales. "Tras el accidente nos hicimos muchas preguntas. Ninguna de ellas fue contestada por la administración que tenía la responsabilidad de velar por la seguridad en el transporte. Los silencios no resuelven los problemas y había que pasar a la acción y evitar accidentes o minimizar la posibilidad en el futuro", ha remarcado.
De este modo, ha insistido en que la norma tiene como finalidad la "protección" de las personas que usan este medio y también de los trabajadores y que "rompe con el modelo del PP basado en la verdad inalterable que nos impuso durante años, la opacidad, el adoctrinamiento y el ocultamiento de información".
No obstante, para Vicente Betoret del PP es una "ley nominal que de lo único que habla es de nóminas" porque crea una nueva agencia para cubrir puestos de trabajo. Ha criticado que "poco habla de seguridad", solo uno de cada cuatro artículos aborda esta cuestión, según ha reprobado, y que "nace de modo apresurado, sin consenso y con falta de diálogo".
A su juicio, "se ha perdido la oportunidad" de hacer una ley del sector que sea "integral" como tienen otras comunidades autónomas, pese a que ha admitido que durante el trámite parlamentario se ha contemplado "mucho el texto de las carencias que tenía, pero no lo suficientes para calificarla como una buena ley", ha apostillado.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, ha mostrado su satisfacción tras aprobarse en las Corts la ley de seguridad ferroviaria porque "era imprescindible" y confía en que contribuya para "hacer en lo posible más difícil que un accidente tan brutal como el ocurrido el 3 de julio de 2006 no vuelva a suceder". En el siniestro fallecieron 43 personas y 47 resultaron heridas.
Así se ha pronunciado Garrote en declaraciones a los medios tras asistir como público al pleno en el que se ha aprobado la citada ley, con el voto a favor de todos los grupos menos el PP, que se ha abstenido. La presidenta de la asociación ha elogiado que no haya habido ningún voto en contra porque "se entiende que cada partido, cada persona puede tener una idea, pero el mensaje a transmitir era que es importante aprobar la ley".
Una vez sentados los puntos, ha dicho, "se puede ir trabajando para seguir mejorando" la norma a través de su desarrollo con las aportaciones "de las personas entendidas en seguridad", destacando que existe "el compromiso político de que va a ser consensuado con sindicatos, trabajadores y personas y entidades que entiendan en la materia", para hacer que en el día a día "la circulación ferroviaria sea más segura".
"Estamos satisfechos, legislar la seguridad era imprescindible, estamos contentos", ha recalcado, para agregar que la principal reivindicación de la AVM3J ha sido, además de poner en marcha una investigación sobre lo ocurrido en el accidente, "evitar en lo posible que pudiera volver a suceder y regular la seguridad es un paso imprescindible para evitar ese posible accidente".
Así, ha destacado "la satisfacción de que estos 12 años de denuncia, de reivindicar este punto, por fin han llegado a su fin y ha terminado tan positivamente en la creación de esta ley de seguridad".
"En 2015 se dio el reconocimiento político e institucional, el social había sido alcanzado anteriormente, y ahora nos queda la investigación judicial", ha admitido Garrote, que señala que en este ámbito la actuación de la asociación "está más acotada" porque ni pueden ni pretenden influir en decisiones judiciales".
Al respecto, ha asegurado que en este momento están "muy satisfechos con que la Audiencia Provincial haya ordenado a la juez seguir la investigación ya con la finalidad de ir a juicio y muy contentos con que en este juicio se sienten en el banquillo los directivos de FGV y no solo se condene al conductor".
"Pensamos que los responsables de la gestión, evidentemente, son los directivos, las personas que toman las decisiones y se tienen que sentar en el banquillo para dar explicaciones de esas decisiones", ha concluido.