VALÈNCIA. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad quiere poner en marcha de una vez por todas la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria. Un órgano para el que la semana pasada el departamento que dirige Arcadi España ya acometió cambios significativos como la rebaja de las incompatibilidades de los futuros consejeros para que esta entidad pudiera, al menos, terminar de constituirse, ya que desde 2018 sigue incompleta por la cantidad de requisitos y obligaciones que deben cumplir sus integrantes.
Ahora, apenas una semana después y con los trámites para su creación reanudados en Les Corts Valencianes, la Conselleria de Política Territorial ha pasado a la siguiente fase y se centra estos días en la búsqueda de una sede que albergue a la citada entidad. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sacó este martes a información pública la modificación del decreto de aprobación del Estatuto de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria que dio vida a la institución.
Una reforma que cambia únicamente el artículo 4, referido al domicilio que tendrá el organismo, para sortear la restricción de que la sede de la Agencia tenga que ubicarse obligatoriamente en València capital. Así, el decreto actual establece que la agencia "tendrá su domicilio, a todos los efectos judiciales, administrativos, laborales y fiscales, en la ciudad de València". La cartera de España propone, sin embargo, con el nuevo redactado que se modifique su redacción para que el domicilio se sitúe "en cualquier localidad de la Comunitat Valenciana que designe el Consejo Rector".
Una decisión que, según distintas fuentes del Gobierno valenciano, se atribuye directamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien pretende así continuar con una de las apuestas especialmente activa en este mandato: la descentralización. En este sentido, todo apunta a una localización que tenga algún tipo de simbolismo con el transporte ferroviario, aunque no se descarta que también cumpla con algún otro criterio de vertebración para el jefe del Consell.
Después de dos años de parálisis, la semana pasada Les Corts reanudaron la búsqueda de los cuatro candidatos restantes que deben terminar de componer la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, cuya ley de creación se aprobó en marzo de 2018. El nombramiento de las personas que integraran el Consejo Rector del organismo se ha retrasado de manera significativa por las incompatibilidades con las que contaban sus cargos y la suma de requisitos que debían reunir.
Una situación que derivó incluso en que en que la Conselleria de Movilidad tuvieran que realizar un contrato por valor de más de 500.000 euros -IVA excluido- el pasado mes de enero para el "asesoramiento técnico en materia de seguridad ferroviaria" para cuatro anualidades. Ante la imposibilidad de fichar a ningún integrante, los grupos parlamentarios del Botànic II modificaron las condiciones que debían reunir los consejeros de la Agencia para reducir las incompatibilidades en la Ley de Acompañamiento de este año.
Aún así, solo dos personas han sido nombradas después de dos años y medio; las designadas por el Consell. La Conselleria de Movilidad nombró a Pilar Calvo Holgado y Ricardo Insa Franco; la primera, directora de Investigación y Proyectos en Factores Humanos y Seguridad Operacional en ESM con experiencia de más de 26 años; el segundo, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de València (UPV) y profesor en la Unidad de Transportes y Ferrocarriles de la UPV que también ha sido "responsable técnico y económico de la construcción de más de 500 kilómetros de vías férreas de alta velocidad y altas prestaciones y de diversos proyectos ferroviarios", entre ellos, la línea Madrid-Barcelona y del Corredor Mediterráneo. También ha sido responsable de la renovación de vías en la estación de Burg de la línea Magdeburgo-Berlín y coordinador general del proyecto de ferrocarril entre Manila y Clark, (Filipinas).
No obstante, el Parlamento debía haber nombrado a cuatro candidatos -tres consejeros y un suplente- antes del 15 de mayo. La crisis del coronavirus, sin embargo, ha sido otro tropiezo en la puesta en marcha de este organismo y aplazó esta búsqueda aún más. Este miércoles, después de 30 meses de espera, el Parlamento valenciano terminará de constituir la Agencia que, ahora, inicia su andadura para hallar una sede.
