Vicente Betoret. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Crear una ley de seguridad ferroviaria para que nunca más volviera a repetirse una tragedia como la que tuvo lugar el 3 de julio de 2006 era una de las principales reivindicaciones de los familiares de las víctimas del accidente de metro de València que dejó 43 muertos y 47 heridos hace ya once años. Una norma en la que el Consell se puso a trabajar tras finalizar la comisión de investigación en junio de 2016.
A la espera todavía de ser incluida en la comisión de Infraestructuras y Transporte, el proyecto de Ley de Seguridad Ferroviaria llegó a Les Corts el pasado mes de octubre y desde entonces los grupos parlamentarios han trabajado enmiendas al proyecto normativo.
Sin embargo, el Partido Popular, que en la comisión de investigación del accidente de la línea 1 de metro emitió un voto particular porque estaban en contra de que se hubiera realizado mientras se llevaba a cabo una instrucción judicial paralela, defenderá este miércoles una enmienda a la totalidad para que la ley vuelva al Consell.
Los populares se muestran contrarios a la norma, según su enmienda, "pese a estar de acuerdo con el objeto" de la ley. El diputado y expresidente del PP provincial Vicente Betoret, firmante de la enmienda, expresa en el texto que aunque se establecen "normas y procedimientos de carácter preventivo y correctivo destinados a promover la seguridad ferroviaria en el ámbito de competencias de la Comunitat Valenciana", se "adolece de [falta de] medidas concretas de seguridad, quedando aspectos de seguridad ferroviaria que no están regulados".
"Cabe añadir que prevé la creación de nuevos organismos, lo que, además supone una duplicidad de órganos administrativos y conllevará un incremento del gasto global en los presupuestos de la Generalitat", critica el texto de la enmienda. Se refiere a la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, autoridad responsable a la que la ley dota de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de "independencia para el cumplimiento de sus fines".
Con su creación, el PP cuestiona el "aumento del gasto accesorio" que supondría para las cuentas del Gobierno valenciano, lo que dada "la necesidad de optimización de los recursos públicos" creen que podría "ir en detrimento de las inversiones concretas necesarias para la mejora real de la seguridad", zanja el texto para justificar el rechazo de los populares.
