Aprobada la nueva ley que no permite la existencia de más de una VTC por cada 30 autorizaciones de taxi

VALÈNCIA. (EP) Les Corts Valencianes han aprobado este jueves la Ley del Taxi de la Comunitat Valenciana --con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y de los diputados No Adscritos y en contra del PP y Cs-- que, entre otras cosas, señala que no podrá existir más de una autorización para arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) por cada 30 autorizaciones de transporte público de viajeros en vehículos de turismo (taxi) en la Comunitat.

Concretamente, la norma específica que los órganos competentes para otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) denegarán las solicitudes cuando la relación entre el número de existentes en la Comunitat y el de las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo (taxi) domiciliadas en este territorio sea superior a una de aquellas por cada 30 de estas.

Asimismo, el texto permite a las personas físicas titulares de varias autorizaciones de taxi continuar en posesión de las mismas si en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la Ley, adscriben vehículo adaptado para personas con movilidad reducida.

También, específica, que el servicio de taxi se realizará previa autorización administrativa expedida por la conselleria o por los ayuntamientos cuyos municipios no se hayan integrado en un ámbito territorial superior para la prestación del servicio. Las autorizaciones se otorgarán en favor de personas físicas que solo podrán ser titulares de una única autorización y para un vehículo. En ningún supuesto podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes.

Además, apunta que a las nuevas autorizaciones se les adscribirá un vehículo de hasta dos años de antigüedad y no podrán concederse cuando la relación entre el número de taxis y millares de habitantes en un municipio exceda la unidad. Y si no excediera la ratio solo podrán otorgarse autorizaciones en casos "debidamente justificados por razones de demanda".

Asimismo, permite a las personas físicas titulares de varias autorizaciones de taxi continuar en posesión de las autorizaciones si en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la Ley, adscriben vehículo adaptado para personas con movilidad reducida.

La Ley también recoge, entre otras novedades, que en régimen general se autorizarán vehículos de 5 plazas y de 7 para vehículos adaptados, pero en casos excepcionales, como en municipios o áreas de prestación conjunta, situados en zonas rurales del interior, se autorizarán vehículos de nueve plazas, siempre que concurran razones de interés público para ello.
La antigüedad de los vehículos que prestan servicio de taxi no excederá de 12 años y la norma contempla la creación de la figura de los Centros de Distribución de los Servicios del Taxi, donde se ofrece la posibilidad a los taxistas de agruparse en una sociedad o cooperativa para poder concentrar la oferta de sus servicios y mejorar la comercialización.

"No convence"

Durante la fijación de posiciones la diputada de Cs María José García ha insistido en que esta norma no obedece a las necesidades y problemas del sector y ha lamentado que el texto debería de estar "más consensuado" y que "no convence a ninguno", por lo que ha suspendido esta ley.
Para César Jiménez de Podemos, aunque la norma es quizás "mejorable", y ha admitido que hay descontento en el sector pero ha subrayado que los taxistas de diferentes asociaciones les han trasladado su satisfacción" por la aprobación de algunas enmiendas para mejorar el texto.

Ha defendido la necesidad de restablecer el espíritu de un modelo de taxi que "nunca debería de haber dejado de responder a la naturaleza de una concesión administrativa a una persona física de manera individual". "Los posibles traumas de hoy son responsabilidad de los que van causar en el pasado", ha indicado.

Desde Compromís, el diputado Juan Ponce ha incidido en que durante la tramitación de la norma se han celebrado reuniones con el sector en el que había opiniones diversas que "se han intentado recoger" en el texto y, en este sentido, ha admitido que aunque la ley "no contenta plenamente y cien por cien a todo el sector, soluciona los problemas heredados del pasado".

Por su parte, la diputada del PSPV, Sandra Martín, ha destacado que la ley es "buena, necesaria y un signo más de las leyes que salen del gobierno del Botànic y que van en la línea de regular lo que antes era una selva". Ha defendido que busca proteger al sector "frente a las liberaciones encubiertas que se estaban produciendo" y apuesta por erradicar la explotación laboral" para avanzar hacia "un modelo de taxi autónomo", ha defendido para subrayar que era "más necesario que nunca que el sector del taxi tuviera una ley propia que reconozca su carácter público".

Por su parte, el diputado 'popular', Alfredo Castelló ha calificado la norma como una "patata" y un "bodrio de ley" con la que se quieren "cargar al sector" y que, además, "no contenta a nadie". Castelló ha advertido de que hay cuestiones que incluye el texto que pueden ser recurridas y cree que los recursos "llegarán por todos lados" y "los ganarán".