Arturo Torró interpone una denuncia al gobierno de Gandia por la liquidación de IPG

GANDIA. Arturo Torró, alcalde de Gandia entre 2011 y 2015, ha denunciado en los juzgados a los responsables de la liquidación de Iniciativas Públiques de Gandia (IPG) por un presunto delito de prevaricación y malversación durante el proceso que se llevó a cabo para liquidar la ya extinta empresa pública de Gandia.

La denuncia, que fue presentada el 16 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, está dirigida a quienes realizaron la liquidación de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia y al gobierno de la ciudad en 2015 por presuntas irregularidades en la realización de la liquidación de IPG. Según el propio Torró, en la documentación que ha recogido para presentar la denuncia, "se puede ver cómo se llevó a cabo la liquidación sin aprobar ni presentar cuentas generales, ocultando los activos de la empresa y realizando ingresos y pagos sin guardar la prelación y requisitos procedimentales que establece la LSA". 

Concretamente, la denuncia está dirigida contra Diana Morant, actual alcaldesa de Gandia, para esclarecer los hechos denunciados; Jorge García, interventor general del Ayuntamiento de Gandia; los miembros del consejo de administración de IPG; los miembros de la Junta de Gobierno que formaban parte del mismo a fecha de 21 de octubre de 2015; los liquidadores de IPG, y Luis Uribe Bañó, que era el auditor de las cuentas anuales de IPG aquellos años.  

Los hechos denunciados por Torró se remontan a 2014, cuando el gobierno presidido por Diana Morant comienza el proceso de liquidación de IPG. Antes, el propio Torró ha recordado que en 2011, el por entonces gobierno popular presidido por él, comenzó el proceso de liquidación de la empresa aunando "aquel entramado de empresas del gobierno socialista había creado en IPG". Sin embargo, apunta, no fue hasta 2017 cuando en Junta General se procede a su disolución y sin haber aprobado las cuentas de 2014, 2015 y 2016. "¿Qué se liquida si no saben la situación que tenía la empresa en aquellos años?", se pregunta el exalcalde. Según apunta, las cuentas de 2014 fueron aprobadas el 9 de febrero de 2017. 

Al respecto, Arturo Torró señaló este miércoles en rueda de prensa que, según la recopilación de documentación —lleva trabajando dos años en ella—, el gobierno presidido por Diana Morant "ha pagado de forma caprichosa a unos y no a otros, dejando en el cajón facturas". Además, según consta en la denuncia, se realizaron transferencias desde el Ayuntamiento a la empresa de IPG cuando esta estaba en el proceso de liquidación y adeudaba una cantidad cercana a los 15 millones de euros. "Nosotros hicimos las cosas bien, no como el actual gobierno, que han pagado a quien han querido y como se ha querido", criticó. 

Presuntas irregularidades en un solar

Según el exalcalde del PP la liquidación de IPG "está mal en todos sus términos y por ello "le hemos propuesto al juez que investigue los hechos". Torró asegura que el actual gobierno "ha cometido presuntas irregularidades en la empresa pública, liquidando sin aprobar ni presentar cuentas generales y ocultando los activos de la empresa".

Sin querer desvelar más información de la necesaria, Torró apuntó a una operación que a su entender es "curiosa" y que también se recoge en la denuncia que ha presentado ante los tribunales. Se trata de la venta del solar en el polígono Benieto a la sociedad Carney SL para la implantación de Decathlon . Según se refleja en la querella, el Ayuntamiento habría transferido el suelo del solar a IPG para que, posteriormente, se revierta la situación para vender el suelo a dicha empresa. "No solo eso, el Ayuntamiento vende el solar a un precio más bajo y la empresa se compromete a crear puestos de trabajo, una gasolinera low cost y un restaurante de comida rápida que no ha hecho", criticó Torró. En su opinión, esto habría supuesto "perjuicios a las arcas públicas y a los ciudadanos". 

Por todo ello, el ahora empresario, considera que estos hechos podrían constituir presuntamente un delito de prevaricación y de malversación al haber dispuesto de fondos de titularidad pública del ayuntamiento de Gandia. Asimismo, en su denuncia solicita al Ayuntamiento de Gandia la información relativa a los pagos efectuados por IPG desde el 2 de julio de 2015 hasta su extinción, con indicación de los destinatarios de dichos pagos, entidad bancaria desde la que se realizaron e importes. 

Denuncia a la desperada

Desde el gobierno socialista, han comentado que esta denuncia es solo "un intento a la esperada para desviar la atención", puesto que "Arturo Torró se enfrenta a causas judiciales que le podrían llevar a la prisión". Palabras que hacen alusión al caso de Tele 7 o la responsabilidad civil por la gestión de IPG.