Sede del Colegio de Médicos de Alicante, en una imagen de archivo. Foto: COMAALICANTE. Un entramado que implicaba a dos empresas pantalla, dos empleados, sus esposas y un testaferro. Un circuito que desviaba parte de la devolución de la prima del seguro colegial a una empresa y luego a otra con facturas estrambóticas de miles de euros, y pagos a las esposas de los supuestos cerebros de la operación por conceptos igual de llamativos. Así se urdió el entramado para desfalcar (presuntamente) cientos de miles de euros de la póliza de seguros de los médicos alicantinos, detectado en 2018 a raíz de una auditoría en el Colegio de Médicos de Alicante (COMA).
La junta directiva del Colegio detectó hace cuatro años, recién llegada al cargo, una serie de movimientos extraños en las cuentas, tras la auditoría que encargó para conocer a fondo la situación económica de la institución. Inicialmente, denunciaron el desfalco de 500.000 euros y acusaron al exgerente del COMA, oportunamente jubilado tras encargarse la auditoría, y a una empresa sin actividad, Trustrisk Ibérica Agencia de Suscripción SL, así como a su representante legal. Sin embargo, al tirar del hilo, el presunto fraude se elevó a 760.000 euros (que se pueda demostrar) y los presuntos implicados se elevaron a siete: cinco personas y dos empresas, todas ellas relacionadas con el Colegio.
El procedimiento era el siguiente: Segurcaixa devolvía al COMA una parte de la prima anual por la póliza que cubre la responsabilidad civil de gran parte de los médicos de la provincia (el 80% de los colegiados están adscritos), mediante un mecanismo que se conoce como 'participación en beneficios'. Es decir, aquellos asegurados que son muy rentables por su baja siniestralidad pueden recibir al final del ejercicio la devolución de una parte de la cantidad anual abonada. Pero ese dinero no volvía a las cuentas del colegio, sino que Trustrisk se quedaba aproximadamente una tercera parte de la prima en concepto de mediación. Y podían ser más de 100.000 euros, según el año.
Luego esta misma empresa ordenaba transferencias a una segunda sociedad, OYS, cuyo objeto social no tiene nada que ver con las finanzas, sino con la informática. OYS, domiciliada en Santa Pola, está a nombre de la esposa de un exempleado del Colegio, y recibió al menos dos transferencias por valor de 100.000 euros en total, ordenadas por Trustrisk. La justificación a estos pagos (aportada durante la instrucción a requerimiento del juez) era también muy llamativa y sin relación con la actividad de la empresa: la elaboración de estudios de mercado sobre el sector de los seguros. Uno de ellos, de dos folios grapados.
Y el dinero volvía a saltar aún una tercera vez: de las cuentas de OYS a las de la esposa del exgerente del Colegio, que era quien había autorizado la primera salida de dinero de las arcas de la institución, cerrando así el círculo. En la causa constan acreditadas dos transferencias, de 30.000 y de 7.500 euros, ambas en 2017. Como en el caso de los pagos de Trustrisk a OYS, las facturas aportadas para justificar dichas cantidades tampoco se sostienen. No lo dice la acusación particular ejercida por el COMA, sino la propia instructora de la causa.
Como adelantó este jueves Alicante Plaza, la titular del juzgado de Instrucción 7 de Alicante ha dictado el auto de conversión en procedimiento abreviado de la querella del Colegio, y propone sentar en el banquillo al exgerente, el exempleado, sus esposas, el testaferro y las dos sociedades empleadas en la trama. Ahora se abre el plazo para que acusación particular, Fiscalía y defensas aporten sus escritos de calificación provisional, y la vista podría señalarse para aproximadamente dentro de un año, a tenor del calendario judicial. Eso si la instancia superior, es decir, la Audiencia Provincial, no estima el recurso a que tienen derecho las defensas y archiva el caso.
Los dos acusados originales sostuvieron en sus declaraciones ante la juez en la fase de instrucción (en las que solo contestaron a las preguntas de la magistrada y de sus respectivas defensas) que se limitaron a ejecutar las órdenes recibidas de las juntas directivas para las que trabajaron, y que la intermediación de Trustrisk fue sugerida por Segurcaixa (donde, tras el escándalo, hubo 'limpia'). Cuestiones ambas desmentidas por el resto de testigos, incluidos los expresidentes del Colegio que tuvieron al principal acusado como gerente, y que lo señalaron como el responsable de tomar todas las decisiones económicas en el día a día de la institución
El presidente del COMA, Hermann Schwarz, y el abogado de la institución, Guillermo Llago, avanzaron este jueves que, además de la responsabilidad civil (la devolución de los 760.000 euros distraídos supuestamente entre 2014 y 2018, más los intereses correspondientes), pedirán penas de prisión para los acusados que oscilarían entre los 6 y los 12 años. La cantidad distraída, con todo, podría ser superior, pero no es posible acceder a las cuentas anteriores a 2014 porque entonces el seguro se contrataba a través de una empresa con sede en Londres, y no se ha autorizado la comisión rogatoria para ver sus cuentas.
