Atrápales si puedes

La corrupción sigue siendo en el último barómetro del CIS una de las tres mayores preocupaciones de la ciudadanía en España. El desempleo es el primero de sus desvelos. La clase política somos la segunda de sus inquietudes. Los comicios electorales celebrados en Andalucía el pasado fin de semana ponen de relieve el peso específico de estas tres cuestiones. Esta cita ha visualizado cómo reacciona el electorado ante los partidos políticos en el gobierno que no dan respuestas satisfactorias a sus necesidades y ante aquellos que no acaban de confiar en que las den. Castigo y desmovilización. 

Estas elecciones nos han hecho ver, con suma crudeza, los peligros que asumimos como sociedad democrática cuando ambas conductas del electorado juegan a un tiempo: la presencia de Vox en las instituciones públicas. Una fuerza de extrema derecha, xenófoba, machista, contraria a la Constitución y a la democracia misma, contra la que Europa mediante distintas voces -le Monde, el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls y el grupo liberal europeo- llama al orden a Ciudadanos y a Partido popular para que no blanqueen la imagen ni normalicen su discurso ultra.

Se impone la autocrítica de todos los partidos políticos, sin excepción, y la huida de la melancolía y del peregrinaje por la cadena de las eternas culpas. La pluralidad y la diversidad han llegado para quedarse. La ciudadanía necesita respuestas y propuestas reales y urgentes con las que se blinde su bienestar. No quiere los típicos y tópicos cambalaches de los partidos para ganar terreno electoral. No quiere, lo dicen los votos, involuciones a un pasado que dejamos muy atrás.

Tras casi 40 años de gobierno, el reinado del Partido Socialista andaluz sucumbe antes de conocer la sentencia de los ERES y el funcionamiento de las supuestas redes clientelares articuladas durante tantos años de poder político. Andalucía no ha necesitado esperar para esta cita electoral a la justicia. Tampoco lo necesitamos aquí en 2015, cuando arrancamos al Partido popular de las instituciones tras otro largo régimen de 20 años.

Este domingo, 9 de diciembre, conmemoraremos el día internacional contra la corrupción. Una cita a la que la Asamblea General de Naciones Unidas nos convoca cada año para reflexionar, sensibilizar y actuar en pro de la integridad. Los gobiernos son interpelados, pero también lo es la sociedad por las serias consecuencias que la corrupción tiene para su bienestar. 

La presencia de fraude y corrupción en las instituciones nos concierne. Golpea nuestra educación, la sanidad, los servicios sociales, las políticas públicas. Atenta contra la calidad democrática, la confianza en las instituciones y, por extensión, amenaza la concepción de la política como el instrumento capaz de transformar a mejor nuestras vidas. Hablo de la buena política, de la que se ejerce con vocación de servicio público.

De la buena política se alejan notoriamente las que fueron prácticas habituales del reinado del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Esta semana hemos conocido otra nueva imputación por hechos acaecidos durante su régimen. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juez Central de instrucción nº5 de la Audiencia Nacional que cite como imputado a Francisco Camps por presuntos delitos de prevaricación y fraude cometidos como President de la Generalitat en la adjudicación de contratos públicos a Orange Market, empresa propiedad de Francisco Correa. No hay dos sin tres.

Más “especulaciones sin fundamento” pensará el Molt Honorable Francisco Camps desde su atalaya en el Consell Jurídic Consultiu. La X de la financiación irregular del PP en la Comunitat, como lo definen, es como el personaje de la película Atrápame si puedes, repitiéndose “a veces es más fácil vivir en la mentira”. 

La justicia es lenta pero llega. Sigue llamando a las puertas de los populares por las que entraban numerosos e insignes empresarios que, como reconoció Álvaro Pérez “El Bigotes” ante el Juez, no decidían pagarle “por amor a las dos gaviotas”. Unos empresarios que sin plomo en las alas concurren a licitaciones públicas en las que resultan adjudicatarios. Los corruptores son tan importantes como los corruptos, porque sin ellos no hay ilícito, no hay daño profundo a los intereses de la ciudadanía. La ética y la integridad deben calar y atravesar el mundo de la empresa. Me constan los pasos que desde el mundo empresarial se están empezando a dar para visualizarlo.

El Secretario General de Naciones Unidas alentaba recientemente a los gobiernos “a garantizar sistemas judiciales independientes”. La independencia judicial es, sin lugar a dudas, una asignatura pendiente en España, por la que ha sido apercibida. Es uno de los temas a abordar sin falta en el próximo cambio constitucional, del que tanto hablamos esta semana que celebramos su 40 aniversario. 

La justicia es uno de los pilares de nuestra democracia por el que hay que apostar de verdad. Necesitamos juzgados especializados en delincuencia económica y fiscalías anticorrupción dotadas de suficientes recursos humanos y materiales, entre los que figuren los peritos contables. La Ley no puede proteger más a los corruptos que al interés general. No son de recibo las cortas prescripciones de estos delitos ni los plazos de instrucción acortados de imposible cumplimiento para causas que son sumamente complejas, ni los indultos concedidos por la puerta de atrás, ni los aforamientos. Más madera para la nueva Constitución.

La protección de los denunciantes, que también reclama Naciones Unidas, no ya es tarea pendiente en tierra valenciana. Fuimos los primeros en 2016 en ondear esta bandera. Las personas denunciantes no están solas, tienen quién los proteja. Lo hace una entidad independiente, la Agencia Antifraude que depende de les Corts, no del Gobierno, y que vela por la situación de estas personas comprometidas con el servicio público mediante un estatuto jurídico de protección colmado de derechos, gracias al cual como cantaba Chabela “ser valiente no cueste tan caro y ser cobarde no valga la pena”.

Desde 2015 no hemos parado de dar pasos importantes en la Comunitat valenciana en defensa de la transparencia y de la regeneración democrática y ponernos muchas vacunas contra el fraude y a la corrupción. La opacidad ya no reina en las instituciones de gobierno valencianas gracias a un portal de transparencia donde se ve cuánto ganan quienes gobiernan, su agenda y los regalos que reciben. La luz llega a las cuentas públicas, gracias a una ley que permite a ciudadanía acceder a ellas. Las puertas giratorias no te llevan al otro lado con la ley de incompatibilidades. Los grupos de interés (los llamados lobbies) no serán tan libres para hacer contactos con los políticos e influir en las políticas públicas, porque tendrán que inscribirse previa y obligatoriamente en un Registro público. La administración tiene como aliado a SATÁN, un sistema informático de alerta temprana de fraude y corrupción en la contratación pública. Y nos hemos dotado de un Consejo de Transparencia empeñado, no le falta razón, en saberse independiente y en tener más recursos para hacer mejor su labor.  

Pero las vacunas no nos libran siempre de la enfermedad. Actuar contra quienes defraudan, corrompen o son corrompidos es una tarea tan ingente como apasionante, que hay que acometer con voluntad política. La voluntad capaz de derribar todos los muros tras los cuales anidan las malas prácticas, los tratos de favor y se mueven cómodos los poderosos no elegidos. Y para que tenga éxito es imprescindible un fiel aliado, un dique de contención, una sociedad civil organizada, consciente, movilizada, íntegra, capaz de creerse el poder que tiene -porque lo tiene-, de exigir rendición de cuentas a sus gobernantes donde pasarles la factura, y de reivindicar siempre y por encima de todo su derecho a saber. Hoy ya no estamos en la zona cero en la que nos dejó el Partido Popular, hoy estamos como ciudadanía en condiciones de saber quién defiende lo público y a qué precio. Podemos atraparles siempre. Es sólo cuestión de voluntad.

Fabiola Meco es portavoz adjunta y diputada Podem en Les Corts Valencianes